Un cuento del periodista y escritor Hernán Casciari fue virtualmente censurado en la provincia de San Juan en junio por incluir las palabras “teta”, “culo” y “poronga”. Y el profesor que se ‘atrevió’ a leerlo a sus estudiantes, en el espacio de contención y seguridad que supone un aula de Secundaria a la hora de abordar la sexualidad como parte de nuestra formación integral, fue sometido a un escarnio mediático y a una condena social, a partir de la reacción de un grupo de padres.
Hasta una jueza de menores intervino de oficio cuando todo este episodio cobró estado público por una versión tergiversada de los hechos ya que el relato compartido por el docente era una versión reducida del original y ninguna de esas palabras se mencionaron. No obstante, fue tal el entusiasmo que despertó en la clase que algunos de los chicos y las chicas buscaron en internet el texto completo y eso llegó a ojos de sus padres. Lo demás es puro cuento.
Por supuesto que “atreverse” no es el verbo indicado para graficar la decisión de un profesor cuando se trata de plantear un ejercicio a tono con los lineamientos que la ley de educación sexual integral promueve. Así y todo, la ausencia de un aval explícito al docente por parte de las autoridades de la institución y la provincia invierte el significado y el fin último de la actividad planteada, lo reviste de una carga negativa, como si de un crimen se tratara. Lo expone a una penalidad. En palabras más simples: leer un cuento que habla de sexualidad en pleno siglo XXI en un aula de Secundario de la Argentina está mal, a la luz de los acontecimientos. Un absurdo.
En lugar de ello, es el conjunto de las acciones y actitudes desencadenadas a partir de la clase lo que debiera ser motivo de desaprobación colectiva. La censura de este tipo de contenidos va en contra de una ley nacional por la cual todos los establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario de la Argentina deben brindar formación y conocimientos en materia de educación sexual integral. Sin embargo, tan extraño como pueda sonar a esta altura de los tiempos, no resulta llamativo que ocurran estos episodios porque en nuestro país se incumple con esa ley.
No son hechos aislados cuando se piensan en perspectiva y a la luz del avance de los discursos anti-derechos en todas partes. Solo unas semanas después de aquel episodio, el 7 de julio, el oficialismo jujeño ingresó un proyecto de ley de “Uso Correcto del Idioma Español en las Escuelas” públicas y privadas de nivel inicial, medio y superior de la provincia. No solo suprimía el lenguaje inclusivo, sino que marginaba también las lenguas indígenas. Fue tal el repudio por parte de diferentes colectivos feministas y de la comunidad LGBTIQ+, al que nos plegamos activamente, que no tuvieron más opción que dar marcha atrás.
En la provincia de Chaco, en mayo, advertimos también que el derecho a la educación sexual integral estaba en peligro luego de que la provincia apoyara la realización de un congreso de formación docente con contenido discriminatorio, contrario a lo que dicta esta norma nacional, y a los compromisos de derechos humanos asumidos por Argentina en materia de derechos humanos en la materia.
Le dirigimos una carta directamente al ministro de Educación de esa provincia, Aldo Fabián Lineras, ya que no era la primera oportunidad en la que advertíamos una ofensiva de esta naturaleza. El año pasado, sin ir más lejos, un grupo de legisladores de la oposición había planteado prohibir el uso del lenguaje inclusivo en los documentos oficiales.
En el medio, surge el afán por no perder caudal electoral ni sacrificar ambiciones personales por parte de los representantes políticos. Incluso quienes apelaban a retóricas moderadas, hasta no hace tanto tiempo atrás, terminan arrastrados por la vorágine de consignas huecas más propias del universo de las redes sociales que de un debate democrático. El prohibicionismo crece de la mano de expresiones políticas que invocan una presunta moral glorificada para dirimir con su vara lo que es educación y lo que es perversión.
Basta con ver lo que se vivió hace poco tiempo en la Ciudad de Buenos Aires, declarada por la gestión del propio Horacio Rodríguez Larreta, “…capital LGBT de la región…”, pero donde las autoridades locales resolvieron vetar el lenguaje inclusivo de las aulas de manera intempestiva y amenazaron con medidas disciplinarias a quienes incumplieran esta orden.
Para justificarse, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, aludió al bajo rendimiento estudiantil en las pruebas educativas correspondientes a 2020 y 2021, dos años en los que la educación –como tantos otros aspectos de nuestra sociedad– se vio alterada producto de la pandemia global. Desde Amnistía Internacional realizamos un pedido de acceso a la información a su área para conocer los fundamentos de semejante conclusión. Al momento, no hubo respuesta. Tampoco frente al pedido de detalles sobre cuál sería el proceso administrativo disciplinario que se aplicaría a quienes infringieran esta cancelación desde arriba.
De lo que sí tenemos plena certeza, es que la restricción del uso del @, x, y la e trae aparejada la invisibilización de diversas identidades, las mismas que la ciudad abraza en su capital y que se reconocen y se encuentran nombradas en el uso del lenguaje inclusivo. Pero el problema reside en que esta limitación viola la Ley de identidad de género y del derecho básico e indispensable de cada persona de ser nombrada de acuerdo con la identidad que sienta como propia y no la que le impone la sociedad. Dato curioso: hace no mucho tiempo atrás, la propia comunicación de la Ciudad de Buenos Aires apelaba a estos recursos inclusivos en sus afiches en las calles donde se difundían políticas públicas en esta dirección.
Y si esto no resultara suficiente, los hechos debieran ser evidencia para comprender por qué el lenguaje inclusivo forma parte de un derecho superior que es la Educación Sexual Integral, y cómo el funcionamiento armónico de todos sus elementos, y la difusión de sus contenidos de manera pedagógica, acorde a la maduración de los niños, niñas y adolescentes, puede salvar vidas.
Fíjense sino lo que pasó en una escuela de La Banda, en la provincia de Santiago del Estero, casi en simultáneo con los episodios narrados al inicio. Una clase de Educación Sexual Integral, también en una Secundaria, funcionó como disparador para que una joven pudiera contar el calvario que vivía como víctima de abuso sexual en manos de su abuelo. Así los directivos del establecimiento elevaron la denuncia a la Policía para dar curso a la Justicia. ¿Cuánto meses o años más hubiera sufrido en silencio esa joven hasta poder hablar de no haber sentido la contención de ese espacio?
Recientemente, en una entrevista con Infobae, la actriz y ensayista Zoe Hochbaum ilustró la reacción desmedida por parte de grupos visiblemente irritados ante el uso del lenguaje inclusivo que resisten su aplicación bajo todo tipo de argumentos. “Eso es lo fuerte, estar en contra. En contra de algo que no te afecta, además. Venimos a replantearnos un montón de cosas y a querer cambiar algunas y la gente se enoja mucho. Se molesta. Es como si las cosas estuvieran bien así. Y no, no están bien así en un montón de aspectos. Y es importante verbalizarlo”, sostuvo.
Como dijo Casciari, al tomar conocimiento de la inédita censura a su cuento, no hay que tenerles miedo a las palabras. Durante la semana posterior a trascender el caso del profesor sanjuanino, el autor recibió cientos de mensajes de docentes secundarios de todo el país contándole que no era algo aislado. Y ante la opción de asombrarse o repudiarlo, eligieron un tercer camino: montar “Orsai Educación” un foro en el que ya participan más de 27.5000 personas, dos mil docentes y 1600 instituciones educativas para dialogar sobre estas problemáticas, compartir experiencias y pensar estrategias en conjunto.
Las políticas inclusivas son vitales para que niños, niñas y adolescentes puedan vivir y disfrutar de sus identidades libremente, más aún en el ámbito educativo donde el 13% de las y los directivos del nivel primario y el 36% de los directivos de nivel secundario manifiestan que la escuela ha intervenido en, al menos, una situación de discriminación por orientación sexual, por identidad de género y/o situaciones de violencia hacia las mujeres, conforme surge de las evaluaciones Aprender del Ministerio de Educación de Nación. La Educación Sexual Integral tiene el poder de cambiar vidas y transformar nuestra sociedad para bien. El Estado debe garantizar su aplicación como un derecho humano y el lenguaje inclusivo es inalienable a la formación de las nuevas generaciones de nuestro país. A esas generaciones, todo mi respeto.
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