Lamentablemente, las profecías autocumplidas no nos enorgullecen; desde esta columna venimos advirtiendo acerca de la necesaria incorporación de la política penitenciaria en materia de seguridad pública.
Una completa revisión de sus protocolos actuariales en materia de seguridad Penitenciaria y sobre todo, aplicada al enclave que por estas horas, se ha transformado en un escenario dinámico donde todas sus partes están en continuo movimiento, con gravísimos episodios de disputa territorial extendida desde el interior de las cárceles hacia el exterior, incorporando nuevas metodologías todas ellas con un común denominador, la violencia, que en ocasiones antecede a la muerte de personas que, cinco minutos antes podrían haberse evitado.
Cinco minutos que son un símbolo, que aplican perfectamente en casos como el sucedido en la tarde del último domingo en inmediaciones de la Unidad carcelaria Número 16 del Servicio Penitenciario de Santa Fe.
Osvaldo Maximiliano Zalazar (a) “Popito”, preso por una causa de homicidio y declarado enemigo de la banda “los monos”, era reintegrado a la cárcel de Perez, luego de culminar con una visita domiciliaria que habría sido concedida por la autoridad judicial a cuya disposición se halla el interno de referencia. Cinco minutos hubieran bastado para darse cuenta que este tipo de visitas a internos que directa o colateralmente se encuentran vinculados a estructuras complejas del crimen organizado, no deberían haber sido autorizadas.
No, al menos en las condiciones operativas en que se efectúan este tipo de salidas. Argumentos para sostener lo dicho sobran.
POPITO ZALAZAR Y EL CLAN BASSI
Maximiliano “Popito” Zalazar tiene 31 años y cumple una condena a 12 años de cárcel por el asesinato de Aldo Acosta, un hombre al que mató a tiros en diciembre de 2014.
Aldo Acosta, era el padre de Norma Acosta, una vecina de Villa Gobernador Galvez que había denunciado públicamente a Luis “el pollo” Bassi de haber ordenado el incendio en la alcaidía de la Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Fe. Los Acosta, estaban identificados, aunque colateralmente con la banda liderada por los Cantero.
Este hecho por el que aún está detenido, más la relación que lo une a Luis Bassi (fue un estrecho colaborador en la estructura que Bassi lideraba en libertad) lo ha colocado a él y a su familia, en el radar de potenciales sicariatos; no es en vano el temor, en el mes de marzo del año 2019, uno de sus hermanos, Lucas Zalazar fue acribillado a balazos a unas quince cuadras de su domicilio por hombres encapuchados a bordo de una Chevrolet meriva. Fuentes informales señalaron oportunamente a los monos como los autores intelectuales del asesinato.
Maximiliano “Popito” Zalazar, sin embargo, no es la primera vez que atraviesa una situación semejante a la que le toco vivir el día de ayer.
El 21 de marzo del año 2017, mientras se hallaba en pleno desarrollo el juicio oral por el homicidio del líder de la banda “Los Monos”, en un traslado en el que era conducido “Popito” hacia la cárcel de coronda, el móvil en que lo trasladaban fue violentamente atacado por un grupo de personas que se desplazaban al menos en un Volkswagen bora con el auxilio de una camioneta, disparando desde ambos vehículos con armas de grueso calibre; el ataque derivó en el violento despiste del móvil de traslados y heridas graves sufridas por unos de los internos y dos agentes penitenciarios.
En aquella oportunidad los móviles carecían de blindaje y el traslado de estos internos era de carácter ordinario. Lo sucedido en la tarde de ayer, repite cinco años después, las mismas desaprensiones en materia de seguridad. ¿Negligencia u error operativo?
FALTA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
De nada han servido las altisonantes declaraciones de los funcionarios que han ocupado distintos cargos en el Ministerio de Seguridad Provincial, proponiendo soluciones de tipo edilicio y humano como si el problema fuera solamente la sobrepoblación penal y la carencia de agentes penitenciarios.
Quizá sean medidas necesarias, aunque no alcanza con adoptarlas ex post de acontecido un hecho y mucho menos cuando esos hechos son fácilmente predecibles a través de la implementación de herramientas actuariales como la seguridad dinámica y la inteligencia penitenciaria.
Claro está que estas acciones solo son posibles en el marco de una elaborada, estudiada y coordinada planificación estratégica con la que evidentemente, la provincia de Santa Fe no cuenta.
A riesgo de ser redundantes hemos advertido que la falta de clasificación inicial por riesgos de los internos y la consecuente categorización para su posterior alojamiento, más la carencia de la gestión de datos sensibles que, integrados, analizados y diseminados con responsabilidad, permiten la obturación a tiempo de eventos disruptores en materia de seguridad, constituyen vacíos actuariales que se transforman en oportunidades de poder para este tipo de organizaciones complejas del crimen organizado.
Las cárceles de la Provincia de Santa Fe, han adoptado como contramedidas ante la avalancha de ingresos que han experimentado en los últimos años, en particular de internos vinculados a delitos contra las personas, en muchos casos por homicidios en la modalidad de sicariato, el traslado a otras Unidades Penitenciarias, pero del sistema federal, entendiendo que tal medida contendría el accionar tanto interno como externo a las prisiones, por parte de estos grupos criminales.
Estas medidas sin la debida coordinación (entre las agencias judiciales, de seguridad y penitenciarias), no han hecho más que esparcir los problemas que, a pesar de la medida, se siguen registrando en la Provincia de Santa Fe, demostrando de manera contundente que sin planificación estratégica no hay forma de encarar seriamente la problemática que asola la provincia en general, pero a la Ciudad de Rosario con mayor virulencia.
Una parte fundamental de esta planificación es la de entender que, una persona privada de la libertad ambulatoria, miembro de una organización criminal compleja, no dejará por propia voluntad de operar por el solo hecho de estar encarcelada, sino que lo hará, cuando el sistema logre disuadirlo.
Para ello las contramedidas deberán orientarse en reducir al mínimo las brechas de vulnerabilidad que estas organizaciones explotan en su beneficio. No contar con segmentaciones en la población penal, vulnera la seguridad, potenciada por la grave reiteración de acontecimientos evitables, de haberlos abordado y resuelto, oportunamente.
MATERIALES Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ACTIVA
Es un hecho que la logística Penitenciaria en general y la Santafesina (que es el objeto de esta nota) en particular, no cuenta con los estándares exigibles para abordar conceptual y operativamente la criminalidad organizada.
Los móviles de traslados de internos son adquiridos en serie, sin contemplar complejidades extras a las de la practica ordinaria, denotando tal carencia que, o no fue contemplada la problemática de la gestión de reclusos de alto riesgo o bien, fue desoída por el decisor político que es quien en última instancia decide sobre qué tipos de tecnología, infraestructura operativa y móviles adquirir.
Lo curioso es que, las agencias policiales y demás fuerzas de seguridad cuentan entre sus equipos de seguridad activa, vehículos con blindajes híper resistentes y adecuados a esta problemática, en los que, en varias ocasiones, han trasladado a internos miembros de grupos criminales nacionales y transnacionales, desde los lugares en que fueron detenidos, hasta las Unidades Penitenciarias donde la justicia ordena alojarlos.
Con posterioridad estos internos han sido trasladado desde las cárceles hasta los estrados judiciales, en móviles penitenciarios que apenas si contaban con los implementos básicos para poder circular, sin ningún tipo de blindaje o contramedidas activas que contribuyeran a neutralizar o mitigar hipotéticas intervenciones externas sobre el mismo, como las ocurridas con el transporte de detenidos del Servicio Penitenciario de Santa Fe el día domingo por la tarde.
Esta realidad no hace más que demostrar los sesgos existentes, relacionados a la falsa creencia de que, cuando un delincuente es detenido, el delito y sus consecuencias cesan por el solo hecho de ser alojado en una cárcel. Nada más alejado de la realidad, incluso en los traslados extramuros como la evidencia crudamente nos demuestra.
En estos términos, Gendarmería Nacional, para la intervención en escenarios complejos y para el traslado de detenidos miembros de organizaciones criminales nacionales o trasnacionales, cuenta con vehículos del tipo Streit Group Spartan, los que se encuadran dentro de la categoría de Vehículo Blindado Liviano (LAV, por sus siglas en inglés), con niveles de protección B6 y B7, suficientes como para resistir el ataque con ametralladoras de calibre .308.
Policía Federal cuenta en este orden con blindados Dongfeng Menshi CSK-131. La carrocería brinda protección a los pasajeros contra fuego de armas de bajo calibre y astillas de artillería. La protección es contra municiones de 7,62x39 mm desde un rango de 100 metros. El CSK131 tiene capacidad para el conductor y 5 pasajeros o alcanzar una capacidad de carga de 2.000.
Este tipo de herramientas en la compleja gestión penitenciaria, son imprescindibles; hechos como el ocurrido el pasado domingo no hacen más que reafirmar la necesidad de adecuar los parámetros funcionales de la política penitenciaria en materia de seguridad pública y dotarla de los atributos legales y operativos para contribuir cabalmente en la lucha frontal contra el crimen organizado, en la lógica de la protección pública.
CRONOLOGIA Y REITERACION DE HECHOS
21 de marzo de 2017, ataque a tiros a un móvil del Servicio Penitenciario de Santa Fe, que trasladaba a la banda del “pollo” Bassi. Un interno gravemente herido y dos agentes penitenciarios con heridas leves. Móvil carente de blindaje.
08 de mayo de 2019, Trece Internos toman el control de un móvil del Servicio Penitenciario de Santa Fe, que los trasladaba hacia Rosario, nueve de ellos lograron fugarse. Hubo disparos y un agente Penitenciario resultó herido. Móvil carente de blindaje.
14 de agosto de 2022, ataque a tiros a un móvil del Servicio Penitenciario de Santa Fe, que trasladaba a un interno de la banda del “pollo” Bassi, como reintegro de visita domiciliaria a la Unidad 16 de Pérez. Un agente Penitenciario y el interno trasladado resultaron heridos de gravedad. Móvil carente de blindaje.
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