El país necesita más libertades, menos regulaciones

Los funcionarios proceden sin reconocer que cada nueva norma, acto oficial, altera los incentivos y los derechos de propiedad del conjunto. Con miradas sesgadas, valoran a las partes en el conflicto, según devociones grupales. Suministrar la luz y el gas tiene costos. El gobierno los subsidia emitiendo pesos. Que ninguno pague lo suyo acaba en que cada uno sufra el abultado consumo ajeno con inflación.

El Gobierno impone cepos a las importaciones, dañando la coordinación de las actividades, los mecanismos aprendidos y el funcionamiento de los mercados. Emite dinero sin pautas, reparte subsidios y gravámenes singulares, remunera generosamente a simpatizantes y amigos. Decisiones de funcionarios con poderes mágicos y miradas cambiantes, sin presupuestos ni orden conocido. El gobierno del “vamos a” promete el gasoducto a Vaca Muerta, que expandiría la oferta de hidrocarburos, pero no estará funcionando cuando concluya su mandato. En tanto, se lamenta de la “crisis energética mundial”, en verdad focalizada en Europa, por la política rusa de recortar el flujo de petróleo y gas por conductos a esa región.

En Argentina, la explotación de hidrocarburos, desarrolladas por empresas privadas e YPF, podría abastecer abundantemente a todo el país si no fuera por la ineptitud estatal. Mejor que prometer es hacer y empresas privadas podrían concretar lo que los funcionarios no consiguen, muchos de ellos tan expuestos a la corrupción.

Falta de divisas

Aunque faltan dólares se mantienen trabas a las exportaciones agropecuarias y otras muy solicitadas. Escasean los empleos, pero ahoga a las empresas a fuerza de impuestos, regulaciones novedosas y de subsidiar a quienes no trabajan productivamente. Se conceden ingresos a quienes extorsionan al Estado, con amenazas a suspender servicios y ocupar espacios públicos.

Esta incertidumbre resta incentivos a emprender e invertir en activos locales. En efecto, para atender gastos estatales, los funcionarios restringen los préstamos de instituciones crediticias a las empresas productivas. El Estado emite deudas por montos incalculables al vencimiento, pues están indexados por la inflación y tipo de cambio oficial, según prefiera el acreedor.

Abrumados por las volatilidades, los funcionarios obligan al Estado por montos arriesgadísimos, tanto que los potenciales sucesores no sabrían cómo afrontarlos. El oxímoron persistente de gobernanzas sin responsables.

El desorden no es buena compañía, confirman las mediciones de inflación en alza, cercana al 100% anual, y de riesgo país superior a 2.400 puntos básicos, lejísimos de todos los registros de América, excepto Venezuela.

Algunos gobernantes aprovechan la ignorancia popular y ocultan los datos, en lugar de promover la competencia libre, que permite descubrir y promocionar las habilidades particulares de cada uno.

Ciertos legisladores descansan todo el control del gobierno en el Poder Judicial, que no es control más oportuno, pues existen otros retenes en el sistema. El texto constitucional pone lupa en la contabilidad pública y el Ministerio Público.

El rol de la oposición

La oposición política tiene sus raíces en la Grecia clásica, cuna de la Democracia. Su labor, con su imprescindible vocación de gobernar, es la de inspeccionar de cerca al gobierno de turno, controlar sus procesos, ser un contrapeso, alternativa, una escuela de entrenamiento y denuncias a las instancias judiciales y a la opinión pública.

La buena oposición no es la que pone palos en la rueda, sino la que intenta sumar transparencia, proponer alternativas edificantes, aportar críticas constructivas. De ese modo, la legalidad está asegurada.

Se debiera tener en cuenta que no son los jueces ni los fiscales los que están día a día en la misma planta que los equipos de gobierno, sino la oposición, una permanente presencia representando a una población interesada en la cosa pública, que gana la oportunidad de garantizar la diligencia. Es mucho más eficiente una negociación política, en el Congreso, que un largo y costoso procedimiento procesal. No por ello podemos caer en aquello de la “desjudicialización de la política”; cada uno tiene delimitada su parcela de responsabilidades.

La buena oposición es una escuela de viabilidad, donde se van conformando programas que luego pueden defenderse llegados a un gobierno, pues han madurado al otro lado de la tribuna.

Es un avance fundamental canalizar los disensos populares hacia opciones legales, empezando en la oposición y no en movimientos situados fuera de la legalidad.

Conocemos bien los momentos críticos, las debacles económicas y políticas de 1989, de 2001, y otras circunstancias en la cual la crisis empujaría a anular el debate y evaporarse detrás de la decisión del poder de turno. Lo grave es que no se haya comprendido que la democracia exige anticipar protocolos para tiempos de emergencia. Compromisos para un fin común; nunca unanimidad. La democracia se fortalece transparentando tanto el consenso como el disenso. La dirigencia política argentina pareciera no conocer bien sus funciones.

La exigencia de la rendición de cuentas supone un juego de frenos y contrapesos entre instituciones del Estado, gobierno y oposición. La emergencia no puede borrar esta necesaria tarea que le corresponde a quienes viven de la profesión política.

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