Una vez más, por estos días se discutió la política social argentina. Semana tras semana se vuelve un foco de conflicto, lo que es una clara muestra de que el modelo social está agotado. Es tiempo de recoger el guante: bienvenido el debate en torno a esta cuestión.
Son muchas las razones que podemos enumerar para explicar el porqué del agotamiento de la política social, pero creo que hay una principal razón subyacente y es que perdió su capacidad de ayudar a hacer real el aspiracional —con el que todos soñamos y seguimos creyendo a pesar de todo— de poder progresar y estar mejor.
La política social tiene que ser un puente entre el lugar en el que estamos y el lugar en el que queremos estar. Tiene que ayudar a construir un camino posible de desarrollo. Tiene que ser un complemento de la política económica, de la política productiva y la política educativa. El Estado tiene que volver a fijar un rumbo claro y, en función del mismo, poner a disposición de manera coordinada todos los recursos posibles para alcanzar los objetivos propuestos.
Hoy eso no pasa. Falta un rumbo claro, un plan concreto de desarrollo. Sumado a esto, y producto de las sucesivas crisis económicas y las disputas políticas, el gasto social se ha vuelto un gasto mayoritariamente de contención, en vez de invertir en cuestiones que produzcan transformaciones. Tiene espíritu de “parche” constante.
¿Transforma o contiene? ¿Sirven las condicionalidades? ¿Tiene que estar intermediada o ser directa? ¿Focalizada o universal? Después de la intervención, ¿la persona tiene más autonomía y más capacidades? ¿Resuelve dinámicas estructurales de pobreza? Hay miles de preguntas para discutir y en función de eso, rediseñar la política social. Hoy, ya que es el tema de debate por estos días, propongo una reflexión sobre los programas de transferencia directa condicionados, como es el caso de Ciudadanía Porteña en CABA.
En los últimos 20 años en América Latina hubo un avance importante a la hora de implementar políticas de transferencia directa condicionada, con el objetivo de garantizar pisos mínimos para familias que están en situación de pobreza. Las condicionalidades que establecen estos programas, en su mayoría asociadas a la salud y la educación, apuntan a fortalecer las capacidades humanas, generando beneficios más profundos a quienes los reciben.
Ejemplos de estos programas son la AUH en nuestro país. El Programa Bolsa Familia en Brasil y que tiene una cobertura muy amplia (en 2015 alcanzaba a más de 13 millones de familias, aproximadamente el 25% de la población brasileña). El bono Juancito Pinto en Bolivia, que apunta a ser un incentivo a la escolarización de los chicos (comenzó otorgándose a chicos de nivel primario y se fue extendiendo hasta alcanzar también a los del nivel secundario). Y, en Uruguay, las transferencias directas que son uno de los componentes del Plan Equidad. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el ya mencionado Ciudadanía Porteña está destinado a los hogares en situación de pobreza e indigencia. Todos ellos plantean condicionalidades asociadas a la escolaridad y la salud a ser cumplidas por los beneficiarios.
Darle valor a nuestro debate y discusión pública parte de reconocer de dónde partimos y qué queremos: si diseñamos los programas con condicionalidades, porque creemos que tiene beneficio hacerlo así, es ridículo decir que es “estigmatizante” exigir que se cumplan las mismas. Si creemos que no sirven o que hay que mejorarlos, generemos propuestas y consensos para cambiarlos.
Antes de la pandemia, existía en el ámbito académico un debate acerca de la necesidad de las condicionalidades. Hoy, en este contexto post-pandemia que combina crisis social aguda, deserción escolar, “presentismo intermitente”, deterioro de los resultados de las evaluaciones educativas, a lo que se le suma un cambio rotundo de hábitos en el hogar y en la organización del trabajo, creo que las condicionalidades son necesarias.
¿Por qué? Porque tenemos que volver a poner la educación en el centro, para que vuelva a ser el gran igualador de la sociedad. Y para que eso suceda los chicos tienen que estar en el aula.
Cumplir con las condicionalidades que establecen estos programas, atándolas a modificaciones propuestas por el sistema educativo, nos puede ayudar a detectar alertas tempranas, y así poder acompañar e intervenir a tiempo. Ese es el espíritu de lo que buscamos en la Ciudad con las últimas medidas: marcar que la educación es prioritaria y poner a disposición todas las herramientas que tenemos para alcanzar ese objetivo. Acompañar a las familias, para que en un trabajo conjunto, construyamos los marcos necesarios para que los chicos estén en la escuela, y así construyamos un mejor futuro.
Hoy la política social argentina está en el banquillo. Sinceremos el punto de partida, los supuestos que hay en sus diseños y los objetivos que queremos alcanzar, para que vuelva a ser la herramienta de transformación que deseamos y tanto necesitamos. Bienvenido el debate para construirla.
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