El silencio de los inocentes

Esta semana tuvimos un nuevo ejemplo que explica por qué es necesario el proyecto de ley que impulsamos con Cristian Ritondo, jefe de nuestro bloque legislativo, para declarar a la educación servicio estratégico esencial. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) llamó a un paro nacional. Lamentablemente, todos sabemos que esto no es nuevo. El laboratorio estadístico del Sindicato de Educadores Argentinos, SEducA, calculó que, con la de este miércoles 10 de agosto, son 1.097 las jornadas de clase perdidas entre todas las provincias del país por huelgas docentes desde la recuperación de la democracia en 1983. Aun con impactos en jurisdicciones con cantidades de alumnos muy diferentes, el número impresiona. Brinda una cabal escala de lo poco que se ha respetado el derecho a aprender consagrado en nuestra Constitución. Los días perdidos equivalen a más de seis ciclos lectivos enteros. En estos tiempos, cuando lo que divide a los países pobres de los desarrollados es la creación y el acceso al conocimiento, la Argentina dio más de 6 años de ventaja en esa carrera a sus competidores.

Además de este daño, los motivos expuestos por Ctera a la hora de la convocatoria arrojan otras dimensiones de análisis. El primero de ellos es el repudio al “vergonzoso fallo de la jueza de Chubut María Tolomei, que condenó a nuestro compañero Santiago Goodman”, según dice el comunicado de la organización sindical. Goodman, ex secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (Atech), sindicato de base de Ctera en la provincia patagónica, fue declarado culpable por Tolomei por el “incendio gravoso” producido en la Legislatura local durante una manifestación el 17 de septiembre del 2019. Ctera dice ver detrás de esta condena un paso a favor de la criminalización y la judicialización de la protesta social. No hay tal cosa; no faltaron reclamos masivos ni medidas de fuerza en la provincia gobernada por Mariano Arcioni. Para demostrarlo solo hace falta recordar que Chubut es, junto con Santa Cruz, una de las jurisdicciones con mayor número de paros docentes. Los chicos terminarán su etapa escolar primaria o secundaria sin haber vivido un solo año de normalidad. Legisladores del PRO produjeron una estadística consistente: entre 2018 y 2020, sobre los 540 días de clases alcanzables en un escenario ideal, los alumnos tuvieron solo 180.

Con este llamado a resistir una sentencia de la Justicia, algo que empieza a ponerse de moda dentro del oficialismo, escaso favor parece hacer Ctera a la construcción de ciudadanía, uno de los principales objetivos planteados por la Ley Nacional de Educación. Del mismo modo que los camioneros de Moyano, que bloquearon la ciudad de San Nicolás exigiendo la liberación de dos dirigentes detenidos por extorsión y coacción a una empresa, la organización de Roberto Baradel pone su aparato sindical para condicionar al Poder Judicial y eludir una sentencia por un delito común.

Ctera esgrime un argumento adicional: reclama la apertura de las paritarias provinciales, un aumento de emergencia a los jubilados docentes nacionales y la resolución de los conflictos de Santa Fe, San Luis, Corrientes y Mendoza. Por supuesto, nada dice de la situación de sus afiliados en la provincia de Buenos Aires ya que la confederación sindical conduce el ministerio de educación local. El bonaerense es un distrito con una cantidad inédita de horas en las cuales los cursos no tienen un docente al frente. Esto sucede por varias razones, pero fundamentalmente porque el grado de abandono pedagógico y administrativo más la presión política han vuelto intolerable la tarea.

El carácter político-partidario de las medidas anunciadas se demuestra claramente en otro aspecto. Ctera, que ya no puede explicar su extraña relación con el ejecutivo nacional antes del supuesto despegue kirchnerista de las políticas de gobierno, protagoniza ahora una medida de fuerza luego de aceptar una paritaria con cero incremento salarial y más de dos años firmando otras con acuerdos a la baja.

De una cosa podemos estar seguros, en algo los argentinos no tenemos grieta: de todo esto los chicos son absolutamente inocentes. Sin embargo, serán largamente los más perjudicados. Como señalé en innumerables oportunidades, a raíz de estos apagones educativos tendrán a lo largo de toda su vida impactos irreversibles. A nivel económico, se verá afectada seriamente su empleabilidad y tendrán menores ingresos. En cuanto a lo social, nunca podrán desplegar todos sus talentos ni alcanzar un desarrollo pleno. Es tal el perjuicio que ocasiona la interrupción de la escolaridad que numerosos estudios, entre ellos el del Centro para la Recuperación Argentina dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, midió el impacto a nivel colectivo y lo expresó en PBI caídos a lo largo del siglo 21.

Buena parte de la decadencia argentina, de la pobreza creciente, del grado intolerable de desintegración social, del imposible acceso al mundo del trabajo y de la distancia inalcanzable a la que queda la educación superior se explican por la descomposición educativa de los últimos 20 años. En esa triste etapa, Ctera no solo ofició de sindicato, sino que fue el brazo gestor del kirchnerismo en el sistema. Inclinó la cancha para terminar con la escuela-motor de la promoción social para convertirla en centros de adoctrinamiento multiplicadores de la dependencia y la ignorancia.

Por todas estas cosas necesitamos declarar a la educación servicio estratégico esencial. Como en otras instancias cruciales de la vida, como la salud, las escuelas deben mantener abiertas sus puertas durante todo el ciclo lectivo. Aún con medidas de fuerza, el proyecto que presentamos propone guardias mínimas que no cercenan el derecho a huelga, sino que aseguran que la escuela esté abierta y que, efectivamente, dentro de ella el aprendizaje no se detenga. Si alguna razón de fuerza mayor, como una circunstancia climática severa o una dificultad en infraestructuras edilicias, entre otros ejemplos, impidiera el normal dictado de clases, estas deberán recuperarse durante el receso invernal o en el mes de diciembre de cada año.

A partir de la semana que viene, con Cristian Ritondo comenzaremos una campaña en territorio para compartir con los vecinos aspectos centrales del proyecto que impulsamos y sumar adhesiones que ayuden a convertirlo en ley. Si la educación es importante a la hora de pedir, también debe serlo a la hora de dar. Los chicos deben estar en las aulas siempre. Solo así tendremos la posibilidad de construir el país en el que deseamos vivir.

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