Le guste o no, CFK será juzgada por sus causas

Hace unos días, Cristina Fernández de Kirchner editó tras bambalinas un video teatral atacando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras sigue sin explicar los hechos que se le imputan como jefa de una asociación ilícita montada para defraudar al Estado, al pueblo argentino, en miles de millones.

Como la honestidad y la institucionalidad no son parámetros de funcionamiento para ella, que está acusada en varios expedientes por hechos gravísimos de corrupción, trata de impedir que la juzguen como al resto de los ciudadanos. Ha llegado a decir que solo la Historia lo hará y que no es ella quien debe contestar preguntas a los jueces.

Los organismos del Estado que deben ser autónomos e independientes, como la Unidad de Información Financiera (UIF) o la Oficina Anticorrupción (OA), fueron cooptados para contribuir con su impunidad, pero era vital para esa finalidad dominar también a los fiscales y designar un Procurador General que le responda.

El proyecto de ley que casi logran aprobar implicaba poner a los fiscales en “un pelotón de fusilamiento”, como declaró el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal. Si los fiscales no acusan y nadie más lo hace, los jueces no pueden condenar. Además, esa ley cambiaba la mayoría para designar al Procurador General, quien actúa como último fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), y en caso de imprevistos con los fiscales de las instancias anteriores, si el Procurador desiste de los recursos, la CSJN no podría entrar a tratar el asunto. Impunidad asegurada.

Fracasó ese intento y por eso hay que atacar a la Corte. El máximo tribunal del país tiene la última palabra en todos los casos en los que Cristina y su familia pueden ser condenados por los escándalos de corrupción en los que están involucrados.

Las arengas contra el tribunal y sus miembros por su causa particular, con una tergiversación asombrosa de la realidad, vapulea nuestra democracia y degrada los valores republicanos sobre los que debe construirse una nación fuerte, previsible, segura y desarrollada. La concepción del poder que tiene el kirchnerismo, el uso para enriquecimiento propio de los fondos que administran y la necesidad de tener la suma del poder público para conquistar su impunidad están poniendo en jaque nuestro futuro.

Las pruebas acumuladas en varios de los casos abruman y la proscripción que alega en el video para victimizarse, en todo caso, se la autoimponen los líderes que cita y que se corrompen en el poder, como Lula da Silva y Rafael Correa. Daniel Ortega y Nicolás Maduro no fueron sus ejemplos porque en sus países los jueces independientes están presos o en el exilio.

En el caso Vialidad, la sentencia llegará luego del alegato del fiscal Luciani, y Cristina sabe, si le hicieron un diagnóstico jurídico serio, que será acusada y condenada. No hay por ello ninguna conspiración. El rechazo de todos los recursos dilatorios y obstructivos que su defensa articuló ante la CSJN eran previsibles, como cuando se preanuncia lo que hará el fiscal si el análisis es valiente, objetivo y con apego a la ley.

Nada hay escrito ex ante, pero no hay que ser Mandrake para imaginar lo que sucederá si rige el principio de igualdad ante la ley y los jueces la juzgan con los mismos criterios que nos aplican a todos.

Los muertos en el placard son los que tiene Cristina Kirchner, que resucitarán si se hace una ponderación justa de las pruebas que la incriminan, y si los jueces y fiscales se comportan con valentía y despojados de intereses fácticos para devolvernos la confianza en nuestra Justicia y en una Argentina donde todos seremos juzgados con la misma ley, sin privilegios indebidos para los poderosos.

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