Por qué el gobierno porteño rechaza el control de la fuerza policial por parte de la ciudadanía

El lanzamiento del Mapa de la Policía de la Ciudad, una iniciativa liderada por la legisladora del Frente de Todos Ofelia Fernández -con el apoyo de un conjunto de colectivos comprometidos históricamente con la prevención, denuncia y asistencia a víctimas y familiares de violencias cometidas por instituciones estatales- generó rechazos del oficialismo porteño. El ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro, dijo que “lo que pretenden es una persecución a la Policía. Meterle ideología a la seguridad y a la Policía”.

Revisemos los argumentos a la luz de los acontecimientos. El ministro no es la Policía; es su conductor político bajo delegación del Jefe de Gobierno. Su obligación es que los y las policías prevengan y/o repriman hechos configurados como delitos, respetando la legalidad vigente, esto es el debido proceso o, dicho de otro modo, los derechos de la ciudadanía. El ministro, además, tiene la obligación de responder a los pedidos de información pública que le presentan los y las ciudadanas, las organizaciones de la sociedad civil y las y los legisladores, algo que, según todos los que lo han intentado, D’Alessandro no cumple. Es decir, le da la bienvenida a una transparencia que sistemáticamente no practica.

Debido a las funciones del cargo que ocupa, es su obligación cuidar de los y las policías que conduce. Cuidarlos significa velar por los múltiples aspectos que hacen al bienestar del personal y de sus familiares, a las condiciones de trabajo, a la vivienda, a las licencias pagas por enfermedad, al descanso, a las jornadas de trabajo adecuadas, entre muchos otros factores que redundan, sin duda, en una prestación del servicio más profesional. Es decir, ajustada a derecho.

En este sentido, esa ley moderna a la que refiere D’Alessandro, aprobada con el aval y legitimidad de las fuerzas políticas representadas en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en verdad no ha sido implementada en su totalidad. La Ley 5.688 sancionada en noviembre de 2016 crea el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires. Entre sus innovadores aspectos, el título IX introduce la Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad, órgano desconcentrado dependiente del ministro de Justicia y Seguridad, cuya misión es la defensa, protección y promoción integral de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos del personal de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tutelados en la Constitución Nacional, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en las leyes y en las reglamentaciones, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración.

Si al cabo de seis años de vigencia, el Gobierno de la Ciudad no ha implementado ese organismo, significa que durante ese lapso ha estado desposeyendo de derechos al personal por los que debe velar. Son las autoridades que ejercen la conducción política de la fuerza las que no garantizan los derechos de sus integrantes, entre los cuales la posibilidad de peticionar por su bienestar ante esa Defensoría Policial resultaría verdaderamente innovador, por ser única en nuestro país.

Por ende, referir a una supuesta “persecución” revela una vez más la costumbre entre esos funcionarios neoliberales a recurrir a la infamia de imputar a otros “hacer con la policía” lo que en verdad ellos, como conductores responsables de su cuidado, le desposeen y niegan.

Hemos visto el mismo recurso perverso con la exposición pública de Luis Chocobar como ejemplo de “el verdadero policía que lucha contra la delincuencia”, para negar su responsabilidad ante un hecho presuntamente criminal, al tiempo que imputaban de “desproteger a la policía” a quienes acusaban a Chocobar de no haber actuado en legítima defensa. Los sucesivos acontecimientos demostraron que sí cometió un delito, por el cual fue condenado judicialmente. La desprotección política hacia el joven policía de la Provincia de Buenos Aires y la perversidad del discurso de Bullrich y compañía, se constataron una vez más, máxima exposición y luego le soltaron la mano. La narrativa de protección policial del gobierno de Macri no se tradujo en mejora de salarios, de condiciones de trabajo, ni en una mejora del equipamiento personal.

Así es coherente que el Gobierno de la Ciudad quede atrás de las iniciativas que hoy están llevando a cabo las autoridades provinciales de diversos signos políticos de algunas provincias patagónicas. Éstas se encuentran aplicando el modelo del Consejo de Bienestar, también implementado desde diciembre de 2020 por el gobierno nacional, durante nuestra gestión. Su política solo cree e invierte en tecnología. Mientras descarta otros dispositivos innovadores que colocan a la Persona del policía en valor. Justamente, el hecho que, en los dos primeros años de existencia de la Policía de CABA, dos mil de los dieciocho mil Policías Federales traspasados en 2016 hayan pedido la baja, muestra la falta de consideración humana hacia “sus” policías del régimen macrista.

¿De qué trata la Plataforma que tanto les irrita? Es un sitio de Internet interactivo donde es posible radicar denuncias de forma anónima sobre hechos de abuso de la fuerza y que deja claro que no poseen estatus judicial. También allí se ofrecen recomendaciones para enfrentar distintos tipos de acciones susceptibles de configurar violencia institucional.

Como se puede ver, no se trata en absoluto de poner al conjunto de la Policía de la Ciudad en cuestión, sino, en todo caso, de llamar la atención de las autoridades políticas, responsables en última instancia, de cierto modus operandi que salpica las acciones policiales con negligencias, connivencias, hostigamientos focalizados en poblaciones segregadas (migrantes, personas en situación de calle, personas con consumos problemáticos, jóvenes estigmatizados, entre muchos otros), que pueden culminar en homicidios como el perpetrado el último 17 de noviembre contra Lucas González.

La pregunta es por qué el gobierno de la Ciudad rechaza el control ciudadano, si ha sido el activismo -dentro o fuera- de organizaciones comprometidas con las garantías constitucionales la que mantuvo a raya los niveles de violencia institucional en Argentina, aún en contextos de inequidad socio económica, en comparación con otros países de América Latina. ¿Por qué el gobierno de la Ciudad se niega a contar con un mecanismo que permita salir del inefectivo método de la saturación y el hostigamiento preventivo al supuesto delincuente callejero? De hecho, si lo hicieran, podrían por un lado, redirigir los esfuerzos policiales hacia los estratos superiores de las redes que manejan los mercados ilícitos de mercancías varias: drogas legales e ilegales, celulares, bicicletas, autopartes, etc., y, por el otro, fortalecer los métodos de investigación criminal para un mejor auxilio de fiscales y jueces.

En verdad, el modelo de saturación policial está en proceso evidente de agotamiento, ya no consigue mitigar el delito. Consigue un efecto social. Sí, alivia. Pero por poco tiempo, mientras corre la actividad delictiva de zona y genera daños que pueden ser severos al incrementar la violencia policial. Quizás esa ineficacia explique por qué la Ciudad no asume el policiamiento del Barrio Padre Ricciardelli que desde 2011 está a cargo íntegramente de la Gendarmería –Fuerza de Seguridad del Estado Nacional-. Porque, aun teniendo la tasa más alta de policías cada 100 mil habitantes por distrito de toda la Argentina (por arriba de 700 policías, contra 250 de las Fuerzas Federales), las autoridades del gobierno de CABA repiten “no nos alcanza”.

Es altamente probable que la saturación sin control del uso de la fuerza por el poder político genera hostigamiento y, por ende, una fricción que derrama en hechos más o menos graves de violencia institucional. El gobierno porteño suele atenuar sus efectos con un amplísimo y aceitado mecanismo conocido en el ambiente político como “blindaje mediático”. Puede que crean que, aun así, en la 1-11-14 la sábana terminaría siendo corta.

Tal vez, entonces, el rechazo al control ciudadano mediante la plataforma se deba a que la misma podría dejar al desnudo ese dispositivo que oculta tanto la falta de transparencia del gobierno de la Ciudad, así como alerte sobre los derechos que viene expropiando a sus policías, por ejemplo, al no implementar la Defensoría del Policía, ese organismo necesario aprobado por ley en 2016.

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