El Presidente Boric anunció que, de ganar el rechazo en el plebiscito del 4 de setiembre sobre el proyecto de Constitución, se convocará a elecciones para constituir una nueva Convención Constituyente eliminando la posibilidad de reformar el texto. La definición tuvo la intención de señalar su preferencia por elecciones directas en vez de recurrir a formas indirectas, como sería la elaboración y sanción por diputados y senadores reunidos en Asamblea Legislativa. Estas declaraciones constituyeron una sorpresa porque reconoce la posibilidad de un resultado adverso negado hasta hoy por sectores afines al gobierno.
Pero también fue una respuesta a las campañas de sectores de centro que propugnan el rechazo o apruebo con reformas. El Presidente Lagos fue quien expresó con claridad esa posición a través de una misiva y entrevistas donde mostró su preocupación por la falta de consenso y señaló la necesidad de pensar en el día después del plebiscito. Ricardo Lagos sostuvo que “el desafío político relevante es encontrar la manera de abordar la continuidad del debate… que permita poner término a los vestigios del Estado subsidiario que permanece en la Carta actual y consagrar el Estado social democrático de derechos” del proyecto actual.
En las entrevistas, Lagos fue crítico de la derecha a la cual acusó de bloquear, escudándose en los quórums mínimos de aprobación, los intentos de ampliar los derechos a pesar de su éxito en reformar la Constitución de 1980 conocida ahora con su nombre. Lagos desafió a esa derecha a fijar una posición previa al plebiscito para mostrar su compromiso con el proceso de cambio. Pero al tiempo que rescataba la enumeración de derechos sociales también desnudó su descontento con la propuesta de modificaciones del sistema político. Lagos explicó que Chile está inmerso en la globalización y que su desarrollo depende de brindar confianza y seguridad jurídica.
El Presidente Lagos sostiene que la reforma del parlamento dejando una sola Cámara con la posibilidad de aprobar leyes por simple mayoría y las reformas al Poder Judicial no favorecen el equilibrio entre las diferentes instituciones para garantizar estabilidad y consenso de las políticas de gobierno creando expectativas desfavorables para el desarrollo del país. Esta visión de considerar el marco global sacando la discusión de la perspectiva local responde a la proyección que Ricardo Lagos ha tratado de imprimirle a su trayectoria después de alejarse de la presidencia la que suele estar ausente en los políticos inmersos en la inmediatez de las campañas electorales.
La conducción del PS interpretó la posición de Lagos como un apoyo al rechazo y la búsqueda de un compromiso con la derecha. El Secretario General consideró que el 4 de setiembre se enfrentan dos opciones no compatibles; el Convencional del Frente Amplio Daniel Stingo descalificó en duros términos la opinión de Lagos retomando las críticas a la Concertación como continuidad del neoliberalismo pinochetista.
Las reflexiones de Ricardo Lagos tuvieron quizás el objetivo de desdramatizar el plebiscito del 4 de setiembre enmarcándolo en una perspectiva de largo plazo. Sin embargo, es improbable que puedan tener efecto por el origen del proceso constituyente. Los convencionales surgidos de las elecciones de mayo 2021 han buscado un cambio radical desechando las experiencias del pasado y los progresos de los últimos treinta años. Como si la sola enumeración de derechos fuera suficiente para convertirlos en realidad; incluso el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios difícilmente produzca cambios sustantivos si al mismo tiempo no se moviliza la estructura social y cultural que aún permanece anclada en el pasado.
Las próximas semanas serán decisivas. En la medida en que no haya predisposición para establecer un diálogo, los sectores extremistas aprovecharán la división para acentuar el enfrentamiento haciendo más difícil que la nueva Constitución se convierta en el instrumento que le permita a Chile retomar el progreso que lo situó a la cabeza de América Latina.
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