La obscenidad que explica, casi por sí misma, la crisis que atraviesa la Argentina

Mauricio Macri tiene un gran amigo en la Patagonia. Es un magnate de origen británico llamado Joe Lewis, que ha comprado extensas tierras alrededor de Lago Escondido y ha estado en el centro de una polémica acerca de la extranjerización de esa zona tan rica y particular de la Argentina. A cientos de kilómetros de esa propiedad, la multimillonaria familia Benneton compró 900 mil hectáreas. Cerca de allí funciona el exclusivo y hermoso Hotel Llao Llao, donde hace pocos meses se alojaron los hombres más ricos de la Argentina. Y un poco más al Sur, están los exclusivos hoteles de la familia Kirchner.

Más allá de su pertenencia común a una elite económica, todos los mencionados comparten un beneficio inverosímil. Cada vez que tienen frío, el Estado argentino les regala gran parte de la energía que consumen. Pero entre ellos hay una diferencia. Benetton, Macri o Lewis son beneficiarios de ese sistema. Cristina y Máximo Kirchner son, además, sus creadores. Sus propiedades son subsidiadas desde hace años por un sistema que favorece también a habitantes de toda la Patagonia, de La Pampa, del sur de la provincia de Buenos Aires, sean de la clase social que sean.

Esta historia merece contarse con mucho detalle no solo por su evidente obscenidad sino porque además se ubica en el centro de la crisis política y económica que atraviesa la Argentina. Hace muchos años que la política tarifaria implementada por el kirchnerismo genera perplejidad por sus rasgos injustos y, sobre todo, por el enorme daño macroeconómico que causa al país. Las últimas víctimas de esta historia fueron Matías Kulfas y Martín Guzmán. En su carta de despedida, el ex ministro de Desarrollo Productivo, sostuvo que como peronista lo avergonzaba “cada día que pasa en el que el Estado argentino subsidia la energía de hogares acomodados”. En el largo camino hacia su despedida, Guzmán denunció varias veces la existencia de subsidios “prorricos”. Cada vez que intentó meter mano ahí fue desautorizado de manera muy agresiva por el sector cristinista del Gobierno.

No solo Kulfas y Guzmán salieron magullados de esa pelea. En el año 2003, las tarifas estaban congeladas. El entonces vicepresidente Daniel Scioli se atrevió a decir que eso era un problema para el país. Nestor Kirchner, entonces, despidió a todos los funcionarios que aún respondían a Scioli en el estado nacional. En 2005, se fue del Gobierno Roberto Lavagna, uno de los dos ministros de Economía que pilotearon la tremenda crisis del 2001/2002. Una de las razones de su caída fue que disentía con la política de subsidios a la energía.

Por esos años, el periodista Marcelo Zlotogwiazda, casi en soledad, se quejaba por los subsidios a los ricos con un argumento convincente: “Me da vergüenza que toda la sociedad financie el gas para calentar el agua de la pileta de mi jardín”. No era un tema personal: era un buen economista y estaba advirtiendo sobre los peligros de una bola de subsidios que no paraba de crecer. En 2012, apenas el gobierno habilitó la posibilidad de que se pudieran rechazar los subsidios, Zloto fue de los pocos que se inscribieron. Todavía hoy, tantos años después, parte del IVA que se les cobra a los más pobres se dirige a iluminar las canchas de tenis de Nordelta.

Todo esto demuestra que la discusión sobre la obscenidad de los subsidios a la energía no parte a la sociedad entre kirchneristas y antikirchneristas, izquierdistas y derechistas, liberales y populistas, peronistas y gorilas. Aquí hay un clivaje muy distinto. Scioli, Lavagna, Kulfas, Guzmán, Zlotogwiazda, por mencionar solo algunos ejemplos, forman parte de un grupo enorme de personas y dirigentes que no son ni de derecha, ni ortodoxos, pero que igual se escandalizan ante lo obvio: se subsidia a Joe Lewis mientras las provincias pobres del norte no tienen gas en red y el país pierde miles de millones de dólares. Gran parte del peronismo piensa de la misma manera.

Los informes al respecto de Emamnuel Alvarez Agis y de Nicolas Arceo -dos piezas clave de la gestión de Axel Kicillof cuando Cristina Kirchner era presidenta- son angustiantes. Desde 2003 hasta el 2021 se dilapidó una fortuna. En subsidios, fueron USD 130 mil millones; en importaciones energéticas, USD 79 mil millones. Sin ese derroche es imposible de explicar por qué, después del 2008, regresaron la inercia inflacionaria, la restricción externa, los déficit gemelos, los cortes de luz masivos. Y tampoco podrían entenderse gran parte de los desequilibrios -la inflación, la escasez de divisas- que afectan hoy la vida de todos los argentinos especialmente la de los más pobres.

La pelea alrededor de los subsidios explica, además, gran parte del deterioro de la autoridad del presidente Alberto Fernández porque fue justamente lo que provocó la caída de Guzmán y Kulfas, y puso en evidencia su debilidad incluso a la hora de defender políticas macroeconómicas que son definitorias. Los subsidios prorricos aumentan la inflación porque, al mismo tiempo, obligan a emitir muchos pesos y a gastar muchos dólares, pero también porque provocan caídas de ministros en momentos clave. En ese contexto, sería ingenuo pensar que la cabeza de Guzmán será la última en arder en esa fogata. Su sucesora, la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, aparece ahora en la primera línea de un pelotón que debe dar una batalla donde todos sus antecesores –desde Roberto Lavagna en adelante- cayeron.

Desde que el peronismo volvió al poder en el 2019, la política energética produjo los siguientes efectos:

-Incrementó la cantidad de subsidios al consumo de energía hasta llegar a los USD 15 mil millones.

-Impidió generar nuevos recursos en dólares al demorar de manera interminable la construcción de un gasoducto.

-Produjo una crisis en todo el país por desabastecimiento del gasoil al forzar a las empresas a importar a precios internacionales mientras las obligaba a vender en el mercado minorista a valores varias veces menores. Esa historia, la del desabastecimiento de gasoil es tan increíble que, tarde o temprano, está destinada a ocupar un lugar más importante en el debate público.

-Generó la salida de cuadros técnicos muy valiosos en varias áreas: desde Esteban Kiper en la secretaría de Energía, hasta Sergio Affronti en la conducción de YPF. Y eso si no se cuenta la caída de ministros, o la resistencia de otros cuadros de primer nivel a ingresar al Gobierno justamente por este mismo problema.

-Todo esto, junto o por separado, produjo una situación muy delicada. Gran parte de la caída de reservas se explica por la importación de energía. Eso se podría haber evitado mediante una política tarifaria sensata y la construcción a tiempo de un gasoducto.

Pese a todo eso, la ministra Batakis no pudo tocar a uno solo de los responsables del área energética. Cayó todo el equipo económico, menos ellos. Son intocables. Si el Estado, como dice Batakis, no debe gastar más de lo que le ingresa, tarde o temprano –probablemente muy temprano— ella chocará contra la misma piedra: el sistema energético que defienden los Kirchner, la debilidad del Presidente para interferir en él, la economía que se acerca al precipicio, en una buena medida, por esta dinámica tan innecesaria como patológica.

El destino de Batakis parece depender, entonces, de un milagro y no solo por la cuestión energética. En un contexto de mercados completamente alterados, la nueva ministra está obligada a dar señales de autoridad. Pero esa autoridad es debilitada por la vicepresidenta. Cristina no ha expresado aún su respaldo a Batakis. No fue a su asunción. Desmintió haber apoyado el aumento del impuesto al dólar tarjeta. Los dirigentes cercanos a ella que se manifestaron lo hicieron en contra del plan Batakis, y anunciaron planes de lucha para resistirlo. En la misma semana en que Batakis anunció un plan de austeridad, Kirchner -y Sergio Massa- aumentaron un 69 por ciento los salarios del sector de empleados estatales que ellos conducen. En el centro de la defensa del alocado sistema energético, también está la vicepresidenta.

Batakis ya es tratada, entonces, como una más de los funcionarios y funcionarias que no funcionan. Es una película repetida. A menor autoridad, mayor tensión en el mercado cambiario, más inflación, mayor agresividad contra la ministra, menor autoridad y así hasta el final. Se está incubando un desastre que la nueva mesa chica no parece percibir en toda su dimensión, tan ocupados como están en las rencillas, rencores y desconfianzas que los separan. Si este proceso se profundiza, el día que renuncie Batakis, seguramente los funcionarios cristinistas de energía recibirán a su sucesor.

En sus primeros días de gestión, de todos modos, la ministra logró que el secretario de Energía, Darío Martinez, accediera a difundir el formulario de inscripción para aquellas personas que pretendan ser exceptuados de la eliminación de subsidios al consumo de energía. Pero el ahorro en subsidios que anunció Martinez representa menos del uno por ciento del total. El secretario lo calculó en 15 mil millones de pesos: apenas 110 millones de dólares, un 0.01 por ciento del PBI. Esa nimiedad fue arrancada luego de una pelea desgastante en la que Batakis está dando apenas sus primeros pasos. La inflación vuela, ¿cuánto permitirá esta gente que aumenten las tarifas? ¿Cuánto más crecerán los subsidios debido a eso? ¿Qué nuevo récord superarán?

Mientras tanto, en Alemania, uno de los países más ricos del mundo, la legislatura acaba de aprobar límites muy precisos para ahorrar energía. Ningún hogar, por ejemplo, podrá calefaccionarse a más de 20 grados. Muchos municipios están racionando la iluminación pública, y otros consideran incluso apagar algunos semáforos. Ese clima de restricciones atraviesa a casi todos los países de Europa.

Como se ve, hay maneras diferentes de enfrentar momentos difíciles.

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