A pocos días de la renuncia del (ex) ministro Martín Guzmán, ya se lo empieza a extrañar. Y ello poco tiene que ver con comparaciones personales sino más bien con el hecho de que todos ahora saben -sin lugar a duda, tras un fin de semana aciago- que no solo se carece de un programa que enfrente el desorden (algo que todos ya intuían) sino que tampoco hay equipo en el Poder Ejecutivo y en buena parte del Congreso que pueda siquiera armar un programa consistente que nos aleje del precipicio.
Se puede dar el caso -notable, por cierto- que la Argentina enfrente un colapso que empieza por la economía y puede avanzar a otros ámbitos de la sociedad, con el Fondo Monetario observando plácidamente el desenlace desde adentro.
Más allá de las interpretaciones futbolísticas, irse ahora a la D implicaría ingresar en un nuevo escenario de default, como está implícito en el precio de la deuda argentina en dólares y en pesos. Y ello determinaría una calificación de jure –ya no solo una situación de facto como cuando hoy nadie nos presta, nadie invierte, nadie quiere siquiera migrar- de aislamiento de la Argentina del mundo (o del mundo que valora la democracia política y el cumplimiento de las normas internacionales, al menos).
Irse ahora a la D implicaría ingresar en un nuevo escenario de default, como está implícito en el precio de la deuda
Las propuestas que, ante la profundización de la crisis, promueven legisladores oficiales y funcionarios, parecen perseguir un único objetivo: maximizar el desorden y desacreditar el funcionamiento institucional, algo consistente por cierto con la segunda ley de la termodinámica en física, pero en este caso referido a la desorganización de instituciones económicas, jurídicas, políticas y sociales.
El desorden o entropía de un sistema aumenta con la pérdida de reputación de las instituciones, ya sea porque las mismas están mal diseñadas (se contradicen y paralizan, o conducen a un deterioro económico y social) o porque la capacidad de hacer cumplir la ley es baja. Ello lleva inevitablemente a la percepción de que se puede dejar de lado la ley. El ejemplo cunde: así como la vicepresidenta rechaza la justicia, el Presidente se alza contra sus propias leyes. La pérdida de calidad institucional y el incumplimiento se retroalimentan en una carrera hacia equilibrios sociales cada vez más bajos: es una carrera hacia el fondo del abismo (a race to the bottom).
Para la coalición gobernante, la alternativa es implementar un programa y constituir un equipo de gobierno -más allá del Ministerio de Economía y el Banco Central- que interrumpan el escenario de desorden creciente que la propia coalición ha instalado. Ello no solo implicaría evitar una nueva crisis, sino establecer un puente para acercarse con menores sobresaltos al final del mandato. No parece mucho pedir.
Tras una primera semana de evaluación, la reacción de la ministra Batakis fue seguir su intuición y diseñar una estrategia -difícilmente puede llamarse programa- que frene la inercia que nos lleva al precipicio. Para no saltar al vacío, la propuesta es frenar el gasto con restricciones de caja (“pagar a medida que haya caja”), lo que transitoriamente reducirá las necesidades de emisión. No sabemos si ello frenará también el gasto devengado: si no lo hace y los distintos organismos y niveles de gobierno siguen ordenando un gasto creciente (por razones políticas o porque los contratos están indexados), la deuda se acumulará hasta que sobrevenga el colapso por explosión monetaria o por default. No basta con frenar la caja para ordenar las cuentas: después de Erman Gonzalez en 1990 vino la Convertibilidad en 1991.
La reacción de la ministra Batakis fue seguir su intuición y diseñar una estrategia -difícilmente puede llamarse programa- que frene la inercia que nos lleva al precipicio
El freno con la caja es lo primero que tuvo a mano la nueva conducción para evitar un colapso inmediato, pero se necesita algo más para convencer a los agentes económicos de que hay alguna chance de éxito. Un programa de estabilización que se espera dure al menos 18 meses requiere medidas fiscales, monetarias y de consistencia microeconómica.
Bajar el gasto en el cortísimo plazo requiere avanzar rápidamente no solo en la corrección de tarifas sino en frenar la apreciación del peso por el salto de la inflación a un piso mensual de 6% (hasta ahora era de 5%) y por la depreciación de todas las monedas contra el dólar.
El Banco Central no ayuda en crear confianza cuando su presidente -Miguel Pesce- hace declaraciones bucólicas sobre el peso que contradicen sus propias estadísticas: con base 100 en diciembre de 2020 el tipo de cambio real multilateral se desplomó 17,3% en un año y otro 9,7% hasta comienzos de julio. O sea acumuló más de 25% de apreciación en año y medio, y seguimos firmes en esa senda mientras el resto va para el otro lado.
¿Se puede mantener un programa basado en postergar los pagos, ya que no alcanza con reprimir precios y cantidades? Es posible por algún tiempo (más bien corto), pero en ese caso es necesario dar certidumbre de que al mismo tiempo que el gasto de caja cae el gasto devengado, y que además se avanza en decisiones de mediano plazo que anticipen una búsqueda del equilibrio, corrigiendo precios relativos y estableciendo reglas estrictas que limiten el aumento del gasto. Es más, la certidumbre solo puede surgir de un gabinete de ministros unificado bajo un mismo objetivo con la conducción del Presidente.
¿Se puede mantener un programa basado en postergar los pagos, ya que no alcanza con reprimir precios y cantidades?
Otra vez, ¿no será mucho pedir? Sin conducción y apoyo político la agenda económica, política y social seguirá los vaivenes de los reclamos de la “calle de los piqueteros”, es decir el reclamo de los grupos políticos más organizados, que no es más que la agenda de la disgregación.
La primera parte de esta nota se publicó en Indicadores de Coyuntura de FIEL 643, julio 2022
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