El Gobierno proyecta una reforma del sistema de salud

Si se aclaran algunos puntos, podría ser una buena noticia. Sin embargo, solo recibimos la información de los medios de comunicación. Más aún, algunas señales y mensajes más políticos que técnicos muestran fuertes diferencias: unos provenientes de la Provincia de Buenos Aires, que indican una línea estatista y una relación conflictiva con las asociaciones profesionales y algunos Colegios Médicos. Otras informaciones surgen aparentemente del Gobierno Nacional, que le habría solicitado al ex ministro de salud Ginés González García la confección de un plan de reformas del sistema de salud. Tal vez en la actualidad no sería el más indicado, pero por los antecedentes como sanitarista del ex funcionario se enfocaría en una reforma de integración y articulación de los subsectores de la salud. Sería muy útil que convocara entonces a una discusión en la que además de las oposiciones políticas pudieran participar las asociaciones profesionales, académicas y gremiales para lograr una política de Estado.

Esto implica consensos, articulación, fortalecimiento de las obras sociales a través de la integración, reformas profundas del PAMI, cobertura universal de salud en el desarrollo del sector público para aquellos que no tengan seguro de salud mediante retención del salario y no perjudicar el desarrollo del sector privado.

En estas actualizaciones se deberá incluir la competencia que promueve la libre elección, modificaciones en el modelo de atención que facilite la accesibilidad, equidad y calidad, una superintendencia de servicios de salud con la capacidad de auditar y controlar a todos los subsectores y la imprescindible Agencia de Evaluación Tecnológica, que interviene en calidad, costo/beneficio, eficiencia y evaluación de tecnología, procedimientos y medicamentos.

Una de las causas por la cual se discute poco sobre la salud en la sociedad es que la población advierte las dificultades cuando aparecen las enfermedades y tiene la necesidad de utilizar los recursos públicos y/o privados. Cuando las familias no tienen instalado un problema de salud, desaparece el reclamo o disminuye su importancia.

Por el contrario, temas como la inseguridad, el trabajo, la inflación, la educación y la pobreza, entre otros, tienen impacto diario y desplazan la discusión sobre las dificultades en equidad, accesibilidad y financiamiento de la salud. Los medios generalmente toman los temas de salud cuando aparece un hecho de excepción o anormalidad, por una epidemia, por mala praxis o hechos de delincuencia o corrupción, o bien aparecen situaciones que conmueven a la sociedad. Los artículos que se ocupan de la ciencia y el avance del conocimiento en salud no tienen un consumo masivo.

Es entonces responsabilidad de la política, las asociaciones profesionales, académicas y gremiales, plantear la discusión e instalar el debate en la sociedad para establecer las reformas necesarias del sistema sanitario de los argentinos.

Las estrategias de Cobertura Universal de Salud Pública Federal y Jurisdiccional, por ejemplo la Ley de Cobertura Porteña de Salud que se aplica en la Ciudad de Buenos Aires, el impacto y diseño del modelo de atención de la salud y prevención, las enfermedades y las patologías predominantes que producen la mayor mortalidad, no deben delegarse solo en autoridades sanitarias ni grupos en los cuales predomina una ideología sobre los conceptos técnicos-científicos, en los que se observa claramente que se intenta adaptar la atención sanitaria y su financiamiento a una caja única Estatal, que generalmente termina en organizaciones burocráticas con alto grado de corrupción, con disminución de la calidad de atención. Daña tanto la excesiva fragmentación y segmentación de un sistema sanitario como la excesiva centralización en el financiamiento y la toma de decisiones.

La organización de las obras sociales fue sin duda un avance para los trabajadores. Sin embargo, el empoderamiento de los sindicatos sobre el manejo financiero hizo que perdieran efectividad y calidad, y también quedó resentida la equidad y accesibilidad de quienes tienen un seguro provisto por las obras sociales. El sistema de obras sociales es un logro para los trabajadores, los dirigentes sindicales tienen que colaborar para que esas coberturas sean realmente autónomas, sin intervención de los sindicatos ni desvío de recursos. Lamentablemente, no puede ser solo un llamado a la colaboración; una Ley que se logre como política de Estado es un instrumento imprescindible en este punto.

Los trabajadores que financian las obras sociales con la retención de su salario tienen diferencias muy evidentes en su accesibilidad y calidad de prestación, no solo por los niveles de salarios, influye el número de beneficiarios que aportan a cada una y el lugar geográfico donde viven, todos factores que provocan inequidades y dificultades en la cobertura sanitaria

Aproximadamente 15 millones de personas no cuentan con cobertura por retención del salario y acuden a los hospitales públicos. En este subsistema público también existen inequidades y dificultad de accesibilidad, con marcadas diferencias geográficas y de desarrollo según las jurisdicciones.

Las experiencias en nuestro país y las internacionales muestran que no es posible instalar reformas y obtener resultados en un solo período de gobierno y por lo tanto, si no se logran como políticas de Estado, aseguradas por normas del Ejecutivo a través de ordenanzas, resoluciones, decretos y principalmente por leyes, muchas iniciativas quedan incompletas y sin continuidad.

Si bien el sistema de salud fragmentado resulta complejo para su administración y el logro de las virtudes expresadas, también debemos comprender que si no existiera un fuerte sector privado sanitario el sistema de salud entraría en un colapso, porque el sector público no podría cubrir toda la demanda.

Las administraciones sanitarias deben ser pragmáticas para establecer los objetivos del cuidado de la salud, colocando como centro al paciente y rompiendo viejos dogmas que establecen barreras entre el sector público y el privado. Es necesaria una innovación permanente de la gestión. La tecnología y especialmente la informática son instrumentos que mejoran la eficiencia administrativa y asistencial.

Una sociedad que logre que sus ciudadanos y residentes tengan garantizados el cuidado de la salud y la atención de la enfermedad así como la educación, con equidad y sin discriminaciones, genera las bases de la justicia social y el desarrollo armónico.

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