Creo en el equilibrio fiscal

Se suele mencionar al Tratado de Maastricht, que en su apartado económico sentó las bases de la unión económica y monetaria europea. En ese acuerdo se introdujo una serie de metas macro exigentes a los efectos de alcanzar cierta confluencia de las realidades macroeconómicas de los países de Europa. Se incluyeron objetivos de déficit fiscal (3% del PBI), cambiarios (banda de flotación), de endeudamiento (60% del PBI), de tasa de interés (hasta 2 puntos porcentuales de la media de los tres Estados que tengan la tasa más baja) y, no llamativamente, de inflación (menos del 1,5% de la media los Estados con menor tasa).

Era imposible unificar una política monetaria, entre otras cosas, sin antes desterrar definitivamente el fantasma de la inflación que muchos de los países sufrieron con creces. Detrás de este Tratado y de la determinación de metas muy claras para el mediano y largo plazo hubo acuerdos políticos, sociales y transversales en cada uno de los Estados firmantes.

Israel

Vale resaltar el caso israelí. En los años ‘80, Israel sufría de una economía desestabilizada, con fuerte déficit fiscal, alto endeudamiento y una inflación galopante (374% anual en 1984). Hubo políticas cambiarias (devaluación y fijación) y de austeridad (congelamiento de precios y salarios, ajuste fiscal) aisladas las que permitieron escapar de la hiperinflación.

Pero por sobre todas las cosas se implementó un plan que incluía un paquete legislativo y la creación de un contexto institucional del que hasta ese momento el país carecía, que impulsaba la independencia del Banco Central y restringía la autonomía para la autorización de gastos. Estas políticas fueron fruto del consenso de los diferentes actores políticos, incluyendo a la Histadrut, central de trabajadores con mucho poder en el entramado económico social israelí de aquellos años.

Más allá de los contenidos de las políticas macroeconómicas que de hecho fueron mutando con fuerza a lo largo del tiempo, el rasgo más saliente de este caso es la persistencia en el largo plazo de la institucionalidad creada. La estructura normativa y de instituciones a grandes rasgos se mantiene hasta la actualidad, aun siendo Israel un país con una democracia parlamentaria volátil, que sufre de cambios en su liderazgo o al menos de votos de desconfianza de sus representantes de forma más que habitual.

Perú es otro caso singular

La inflación anual en 1990 era disparatada (7.481% según indica el World Economic Outlook Database del Fondo Monetario Internacional). El gobierno implementó una serie de medidas de política económica que estaban enfocadas en la estabilización de la macroeconomía. Entre otras cuestiones, algunas de carácter operativo y otras del orden institucional, la política monetaria ganó independencia, desconectándose de las necesidades fiscales, limitando el financiamiento al sector público e implementando una flotación cambiaria sucia.

Dos cuestiones aparecen como relevantes. En primera instancia el éxito de esas políticas, que lograron estabilizar de forma casi permanente la macroeconomía. Luego, el hecho de que estas políticas y estructuras lograron sostenerse hasta estos días en un país que en los últimos seis años tuvo seis presidentes, y que buena parte de sus últimos primeros dignatarios estuvieron presos o prófugos de la justicia. Evidentemente, las instituciones que sostienen la estabilidad macroeconómica están suficientemente arraigadas como para capear las fuertísimas crisis políticas.

Es un hecho que la Argentina no es sujeto de crédito, representa un mercado cada vez menos interesante, y no está en los mapas de inversión de los grandes jugadores internacionales. El declive es sostenido. Si uno aprecia los indicadores económicos y sociales en una serie de tiempo larga aprecia que la Argentina parece no haber salido aún de la crisis del 2001. Su participación en el producto bruto mundial fue en 2021 del orden del 0,5%, la mitad que el promedio de la década del ‘90. Y, lamentablemente, es una de las campeonas mundiales en inestabilidad macroeconómica.

En oportunidades, para entenderse mejor hay que alejarse, hacer un zoom out y verse a la distancia, analizarse como si uno fuera un simple observador, sin el condicionamiento de la emoción, de la subjetividad y del ego.

Como ejercicio, quizás es muy revelador lo que dice el Country Power Index 2002 del inversionista estadounidense Ray Diallo: “Según los últimos análisis de los indicadores clave, la Argentina no es una potencia global significativa (se ubica en el tercio inferior tercero de los países) y está en declive gradual. Las principales debilidades de Argentina que la ponen en esta posición son su desfavorable posición económico-financiera, su relativa poca importancia como centro financiero global, su débil posición relativa en educación, sus malos indicadores en innovación y tecnología, su ejército relativamente débil, su economía relativamente pequeña, su relativa poca importancia para el comercio, su corrupción y estado de derecho inconsistente, su pobre infraestructura y baja inversión, y su relativamente mala asignación de mano de obra y capital. Las ocho principales medidas de poder son algo débiles hoy y están, en conjunto, cayendo lentamente”.

Uno puede no estar de acuerdo en mucho o en todo, pero tampoco es posible soslayar que es la opinión (generada automáticamente por una computadora a partir de la lectura de datos estadísticos concretos) de un fondo de inversión global de referencia.

El ajuste necesario

La Argentina tiene por delante un camino de ajuste en sus precios relativos (tipos de cambio, servicios regulados, salarios, jubilaciones, etc.) en el marco de potentes restricciones y con una dispersión notable de precios como consecuencia de una inflación sin tregua. Ese ajuste, más o menos ordenado, por elección o impuesto por la realidad, terminará sucediendo y no será sencillo. Puede ser rápido o más lento. Incluso, si predomina la procrastinación, puede tomar la forma de un proceso moderado pero persistente de degradación, abandono y deterioro.

La Argentina de hoy necesita un espacio de oportunidad con un proyecto consensuado para solucionar sus problemas crónicos y salir de la intrascendencia en la que se encuentra en el contexto económico global. Un plan efectivo tiene que ser necesariamente creíble. Y la credibilidad sólo es alcanzable si los actores relevantes generan un compromiso, un acuerdo político que indique que, aunque existan cambios de liderazgo, determinadas políticas y engranajes institucionales no cambiarán.

En línea con lo que hicieron la Unión Europea, Israel y Perú, tan solo por citar discrecionalmente algunos ejemplos, que lograron estabilidad y homogeneidad macroeconómica con políticas e instituciones que trascendieron las diferencias. Hasta ahora el acuerdo político es sólo discursivo. Ahora queda por declarar desde la sana ambición y ejecutar un plan de acción que impulse a la Argentina a generar cambios y así resultados.

¿Qué sucede con los actores políticos locales que no logran ejecutar un acuerdo transversal para afrontar los costos y solucionar los problemas centrales de la economía argentina? ¿Será que las buenas intenciones en ocasiones se tiñen de cierto egoísmo e irresponsabilidad? ¿Qué pasaría si los líderes dejaran de procurar trasladar el costo político al otro y de relegar la prosperidad de la sociedad argentina?

Se trata de tomar en serio la reciente frase de la flamante ministra de economía Silvina Batakis: “creo en el equilibrio fiscal” y, junto con otras aseveraciones fuertes, tallarla en piedra, trabajar alrededor de ella, establecer metas y concertar acuerdos que trasciendan la oportunidad, la coyuntura y los colores políticos. Este es el camino que nos posibilitará posicionarnos como una gran nación, merecida y reconocida por todos.

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