Thurgood Marshall, el primer juez afroamericano en integrar la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en un discurso sobre el bicentenario de la Constitución de 1787, hizo una reflexión crítica sobre cómo evolucionaron los derechos constitucionales:
“El gobierno que idearon fue defectuoso desde el principio, requiriendo varias enmiendas, una guerra civil y una transformación social trascendental para lograr el sistema de gobierno constitucional, y su respeto por las libertades individuales y los derechos humanos, que consideramos fundamental hoy. Cuando los estadounidenses contemporáneos citan ‘La Constitución’, invocan un concepto que es muy diferente de lo que los fundadores apenas comenzaron a construir hace dos siglos”.
La referencia del Juez Marshall tiene un sentido histórico, pero también práctico. El derecho se perfecciona con el tiempo, los sistemas de gobierno regulados por normas jurídicas cambian cuando las sociedades así lo indican. No es una regla general, ni perfecta.
La historia nos muestra avances y retrocesos sobre los derechos de los ciudadanos en muchos estados, en todas las épocas. Sin embargo, sabemos que las libertades civiles y el Estado Constitucional de Derecho son la marca de nuestro tiempo. Si el siglo XIX marcó el camino hacia la formalización de los sistemas constitucionales, y el siglo XX demostró la vulnerabilidad de estos sistemas ante la guerra y la destrucción de la modernidad técnica, el Siglo XXI debería cohesionar las fortalezas y minimizar las debilidades de los estados constitucionales hacia los desafíos del nuevo siglo.
La multipolaridad entre naciones poderosas, la amenaza permanente de la crisis climática, nuevas guerras y una pandemia global sin precedentes marcan un desafío sin igual ante los estados en la actualidad. Nuestras sociedades debaten el alcance y la protección de los derechos frente a nuevas e inéditas amenazas.
En un contexto tan complejo como el descrito, la participación ciudadana en los procesos electorales resulta fundamental. Para el caso de nuestro país hermano, Chile, del total de los ciudadanos llamados a votar, menos de la mitad fue la que concurrió, un 47,6%. Cabe mencionar que el sufragio en Chile es voluntario.
En una de las democracias más grandes del mundo, la participación ciudadana en los procesos electorales suele ser de –aproximadamente- la mitad de los habilitados a votar. Para el caso del 2012 participó un 53,6% de los votantes en edad de sufragar en Estados Unidos, otro caso de voto voluntario.
En nuestro país, con un sistema de sufragio obligatorio, por citar sólo los resultados de las últimas elecciones en la Provincia de Buenos Aires, según datos de la Cámara Nacional Electoral (CNE), se tuvo una participación del 72,96%. Los problemas históricos que arrastra nuestra provincia demuestran que una mayor participación no se traduce en mejor conducción política.
En Argentina, la Constitución establece que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Los mecanismos de representación popular son la principal herramienta para la toma de decisiones colectivas y el cambio de rumbo en una sociedad democrática y libre.
El encendido debate por la Boleta Única en el Congreso Nacional es un buen ejemplo de lo dificultoso que resulta la transición a nuevos métodos y el abandono de las antiguas formas. La clave debe estar, sea cual sea el sistema que se adopte, en la practicidad del método para sufragar, pero también su fiabilidad y transparencia.
El ejemplo del sufragio es solo una de las aristas que podemos mencionar sobre la participación ciudadana en las decisiones de gobierno. La Constitución Nacional permite también la iniciativa como la consulta popular, esta última puede ser vinculante y no vinculante. Las formas existen, sin embargo, es el mecanismo final de aplicación en donde el instrumento demuestra su verdadero potencial cívico.
Las repúblicas no tienen un sistema perfecto de participación ciudadana. La pregunta que cabe hacerse es cómo hacer una mejor participación y que, además, el ciudadano se sienta llamado a tomar parte en las decisiones de gobierno. No hay soluciones mágicas. Los procesos son perfectibles, siempre pueden cambiar y mejorar.
En un mundo en donde las restricciones a las libertades ambulatorias y el rol de la salud pública fueron temas casi omnipresentes durante, al menos, un año y medio, ¿Cuáles son los próximos desafíos de las repúblicas constitucionales para mejorar los sistemas de salud? ¿Cuáles son los límites a las libertades civiles ante la seguridad y sanidad colectivas?
Las nuevas elecciones pospandemia serán un reflejo para entender mucho de lo que falta para las democracias constitucionales en el Siglo XXI.
La participación solo es un dato aislado sino se la compara con el acceso a los derechos.
No hay respuestas sencillas a cuestiones complejas. El futuro nos demanda soluciones a problemáticas sin antecedentes, pero con la memoria histórica y colectiva de que los instrumentos del derecho están diseñados para innovar, romper cadenas y crear nuevas formas de mejorar los estados.
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