Cuando el terrorismo se propone amenazar la libertad de expresión en Argentina

Días atrás, mientras la ciudadanía se anoticiaba sobre la presencia del avión iraní de carga, bajo la cobertura de una empresa como Emtrasur, filial de la estatal del régimen venezolano Conviasa, en una operación dual, comercial y militar y de inteligencia -con un probablemente legítimo cargamento de piezas de automotores -aunque posiblemente para usos militares en programa de drones que se desarrollan conjuntamente con CAVIM-, y una sospechosa comitiva de oficiales de inteligencia chavistas y de la pasdaran, que incluso para sumar interrogantes a la amenaza, declararon un iraní menos de los que ingresó al país-, se activaron diferentes mecanismos para salvaguardar la vida ante la amenaza real y verosímil sobre el periodista y especialista en terrorismo y Medio Oriente, George Chaya, un destacado especialista argentino libanés, reconocido en todo el mundo. Inmediatamente, quien fuera asesor de la ex ministra Patricia Bullrich, recibió la solidaridad de diferentes puntos del planeta.

Pese a relativizar la situación y circunstancias de la presencia del avión iraní (erróneamente calificado como venezolano), el Gobierno teme y desde hace días tiene prácticamente cercado, limitando su libertad individual, al especialista en terrorismo George Chaya, que es de los pocos con probada experiencia, investigaciones sensibles y probada capacidad crítica y de divulgación en el mundo de habla hispana, Europa, Estados Unidos y el propio Líbano, de donde debió irse y no puede regresar.

La situación enciende amenazas a nivel nacional e internacional, que no deben pasarse por alto y muchos menos banalizarse. Se intimida un pilar fundamental del Estado de Derecho Democrático, tan es así, que la Libertad de Expresión se reconoce como un derecho humano, expresado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), artículo 19, establece que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras; ya sea oralmente, por escrito o impreso, en forma de arte, o por cualquier otro medio de su elección”.

Este es un nuevo episodio autoritario, proveniente desde los mismos que consumaron los más letales atentados en América Latina, como el Atentado a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994, en Buenos Aires, Alas Chiricanas en Panamá, aun sin lograrse la verdad por la falta de colaboración para desarrollar el juicio que la legislación argentina impide en ausencia (contumacia) pero con elementos para considerar su participación junto a Hezbollah en la muerte del fiscal Nisman, que con Venezuela como cabecera, tienen un impune avasallamiento de la normativa en nuestra región y país, en el que se valen de la regencia entre el crimen organizado transnacional con el terrorismo en confluencia de narrativas políticas en boga por las fuerzas populistas y reaccionarias que se auto perciben progresistas, por más que representen todo lo contrario al progreso, por ser antiliberales, contestes a la libertad y la democracia, como a la afirmación de la república de ciudadanos y el Estado de Derecho.

En el Medio Oriente, esta campaña de odio que pretende instalar con esta incursión, coincidente con el evento del avión iraní, ha aparejado como consecuencia, la muerte de periodistas, suicidios, despidos o acoso laboral, estigmatización de los señalados, cierre de sus cuentas en redes sociales, cancelación, imposibilidad de apertura de cuentas bancarias, ataques verbales o físicos en la vía publica por fanáticos que confluyen en la narrativa del régimen teocrático iraní antiimperialista con el relato kirchnerista, en razón del Memorándum y otro ras intentos de revitalizar la antiética relación formal que desplieguen por la diplomacia personal.

Se cataloga como un atentado a la libertad de expresión no sólo contra George Chaya, sino contra el periodismo argentino, en el intento de silenciar y restringir opiniones, como una dimensión más en la estrategia desplegada por el gobierno nacional a través de sus voceros (ministros) que hablaron de homólogos, instructores de vuelo, que no fueron avisados ni alertados, que estaba toda la situación en regla sin impedimentos de ningún tipo, pese a las alertas emitidas por mecanismos antiterroristas del Mercosur como el FET -Foro Especializado en Terrorismo-, por Paraguay, Uruguay y agencias de seguridad internacionales que interactúan con las argentinas.

Se busca infundir miedo a aquellos que se atrevan a denunciar el terrorismo que actúa con una mirada complaciente e ideológicamente afín desde el gobierno nacional, deshonrando las mejores tradiciones de las políticas públicas que argentina concretó en este campo de DDHH, por lo que siempre fue una voz aguda, clara y autorizada en la materia.

La intención es callar a críticos, ya que con malicia e ignorancia, pero con la pericia de haber logrado éxitos en embarrar la cancha tras la muerte de Nisman, de la qué hay elementos para advertir el magnicidio, por los mismos actores, que esta vez, tienen a una activa sociedad que oficia de contrapoder, incluso marcando agenda cívica a la oposición, que a diferencia de entonces, no solo no está atomizada, sino que busca coordinar estudios sobre el temas para limitar y evitar consecuencias irreparables.

Argentina no debe relativizar este hecho, que es una alerta que puede contrarrestarse con el mismo vigor por el que se creó el REPET y condenó a Hezbollah, manteniendo ante las equivocaciones ideologizadas que vulneran el camino estratégico nacional, en una activa reserva ciudadana de ética para no ceder ante los que buscan relativizar con prepotencia y violencia los logros que han hecho pujante a nuestra sociedad, de la mano de la libertad, la República Democrática, la defensa de la dignidad humana y la vida, como el imprescindible Estado de derecho, por el que debe desandarse el proceso judicial para esclarecer la situación de los que por medio de estos vuelos, apoyan y contribuyen a la facilitación de actividades terroristas como tipifica el artículo 306 de nuestro código penal.

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