Paradojas del populismo: políticas de estabilización en la transición

Tras el rebote de 2021, la economía presentaba al primer trimestre de 2022 una dinámica de recuperación impulsada por la inversión que a su vez favorecía la recaudación y reducía la necesidad de programas sociales. Así en marzo el aumento interanual de los ingresos públicos superó a las erogaciones primarias; el déficit primario y financiero aumentaron por debajo de la inflación y hubo sobrecumplimiento de las metas fiscales del programa acordado con el FMI. El riesgo país se redujo (levemente) y la brecha cambiaria se achicó favorecida por el acuerdo y por la suba del precio internacional de las materias primas agrícolas (agravada tras la invasión de Rusia a Ucrania).

Convalidando el fracaso de los controles de precios (y tal vez a causa de ellos -el anticipo de los controles acelera la inflación), el IPC de marzo alcanzó un pico mensual de 6,7%, contribuyendo como en 2021 a la erosión del gasto público en sueldos y jubilaciones medido en términos reales. El escenario macroeconómico se comenzó a complicar desde el inicio del segundo trimestre de 2022; se proyecta un aumento porcentual del gasto público por encima del aumento de los ingresos fiscales debido a más planes sociales, de trabajo y de seguridad social y de mayores subsidios.

A su vez, la acumulación de reservas en el BCRA incumplirá ampliamente la meta trimestral con el FMI. Si bien la mejora de los precios agropecuarios hizo subir el valor de las exportaciones, el ritmo de aumento de importaciones fue mayor. El aumento del déficit comercial energético previsto para el invierno reducirá el superávit de la balanza comercial, pero será absorbido con el déficit comercial de servicios y la cuenta primaria de intereses y utilidades netas pagadas al exterior.

A mitad de camino

La estrategia de convergencia fiscal depende críticamente de la evolución de los subsidios. Si bien los últimos ajustes tarifarios para el 90% de la población reducen la magnitud de los subsidios (aproximadamente USD 2.000 millones), la continua inflación y no indexación de las tarifas implica que ese efecto será neutralizado por la inflación en lo que resta de 2022. El impacto estimado de la segmentación para el 10% de la población con mayores ingresos tendrá una incidencia relativamente baja sobre las finanzas públicas, en particular en un año en que el costo de la energía importada demandará este invierno unos USD 6.000 millones adicionales a los del año anterior.

La consistencia del programa macroeconómico requiere a su vez el mantenimiento o mejora del tipo de cambio real y la retribución del ahorro en pesos con tasas de interés por encima o al menos cercanas a la de inflación.

Bajo el cepo cambiario, el tipo de cambio real multilateral se ha apreciado un 20% respecto a diciembre de 2019; en 2022 se ha atrasado un 6%, con el consecuente efecto sobre una brecha cambiaria elevada con desincentivos a la exportación, incentivos a las importaciones y mayores expectativas de devaluación.

Asimismo, la política de mantener la tasa de interés muy por debajo de la inflación esperada -aproximadamente unos 30 puntos porcentuales- aumenta el riesgo de aceleración del proceso de huida del peso y por ende de la inflación. Y si bien el stock de deuda pública no es tan elevado, la concentración de vencimientos aumenta el riesgo y el costo de refinanciación y ello a su vez tiende a aumentar el déficit fiscal financiero.

Un plan de estabilización creíble es por lo general menos recesivo que sin confianza de los agentes económicos. Las divisiones internas de la coalición oficial limitan al gobierno en su capacidad de gestión presupuestaria, en la coordinación de políticas y en la armonización de expectativas de ingresos de sindicatos, empresas y demás poderes fácticos (movimientos populares, cajas previsionales, obras sociales, etc.). El desorden e incertidumbre que ello implica reduce la credibilidad del gobierno y desincentiva la inversión, a la vez que alimenta el proceso inflacionario perjudicando al sector asalariado.

El deterioro relativo de los salarios no deja de ser un incentivo para las empresas y en particular la inversión -el motor de la demanda agregada en 2021. Al menos en el corto plazo, la actividad privada está contribuyendo a mejorar el empleo formal y reducir la tasa de desempleo. Como consecuencia de ello también la presión salarial, ahora convalidada por paritarias menos restrictivas, se podría estar recuperando.

Pero en un contexto de desorden macroeconómico con huida del dinero (la base monetaria y los depósitos bancarios se están reduciendo en términos reales) la puja salarial termina alimentando un proceso de inflación de costos (se traslada a los precios y no mejora el ingreso real). Y el cepo cambiario, al restringir insumos y bienes importados genera monopolios locales implicando una caída en la oferta doméstica, aumentos de precios y sustitución por insumos de menor calidad; la menor productividad resultante implica también caída de los salarios reales.

Resulta paradójico que en un país donde escasean los dólares, se termina castigando principalmente a los sectores exportadores más dinámicos: el agro y la agroindustria a través del atraso cambiario y las retenciones; la energía a través del cepo y las tarifas congeladas; la tecnología a través de la brecha cambiaria y los altos impuestos que espantan la inversión -justamente en uno de los sectores donde existe mayor movilidad del capital y del recurso humano-.

La Argentina debe recuperar la iniciativa para equilibrar el balance fiscal, restablecer una política de retribución del ahorro con tasas de interés reales positivas, y reducir la brecha cambiaria. Es imperiosa la necesidad de consensos básicos que privilegien el sentido común y la consistencia de programas.

En la transición política hacia el próximo gobierno, hoy se debería intentar zanjar diferencias internas y estrechar alianzas con la oposición intentando converger en las siguientes políticas:

1. Gradual remoción del cepo cambiario que actúa como un impuesto a las exportaciones y a la inversión y un subsidio a las importaciones. Permitiría dinamizar inversiones en los sectores con mayor potencial de generar divisas, reducir el desvío de comercio mediante sub y sobre facturación, mejorar la recaudación, y bajar las expectativas de devaluación;

2. Profundizar la reducción del atraso tarifario mediante una tarifa social más focalizada y migrando hacia una política donde se subsidie la demanda y no la oferta. A la vez crear condiciones especiales para consolidar el proceso de inversión en el sector; y

3. Reducción gradual de retenciones liberando el potencial de los sectores más eficientes y dinámicos de la economía, como ocurrió entre 2015-2019, que contribuyó a compensar la menor recaudación con la baja de subsidios y mejora de los recursos tributarios al desalentar la sub y sobre facturación del comercio exterior.

Las señales de mercado favorables que darían estas medidas podrían atraer inversiones, mejorar la liquidación de divisas, y mejorar la credibilidad al gobierno actual para encarar un programa de estabilización, el cual requiere un universo de reformas más amplio: en el marco laboral, previsional, tributario, comercial, mercados de capitales, defensa de la competencia, desindexación, innovación, educación y salud.

Las reservas de capital y capital humano en el exterior permitirán, ante un cambio positivo de las señales macroeconómicas, un fuerte proceso de inversión con mejora de productividad, de los salarios reales y de la sostenibilidad fiscal y social.

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