Festival de ineficiencias

El problema de rentabilidad tanto del sector primario como de la industrialización de la carne de cerdo no se debe a un supuesto e inexistente festival de importaciones sino a un festival de ineficiencias en las regulaciones e impuestos que ahogan a toda la cadena

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El sector tiene a nivel local más de 2.000 productores, más de 350 fábricas y emplea un total de 36.000 personas (REUTERS/Stringer)
El sector tiene a nivel local más de 2.000 productores, más de 350 fábricas y emplea un total de 36.000 personas (REUTERS/Stringer)

La vicepresidente Cristina Kirchner volvió a insistir con un supuesto “festival de importaciones”. La realidad es que la Argentina es un país cerrado sin comercio relevante con el exterior. Nuestras exportaciones e importaciones representan menos de 30 centavos de dólar de cada 100 dólares que se comercializan internacionalmente.

En la misma línea que la ex presidenta, algunos representantes de parte del sector producto porcino se ha manifestado recientemente.

Tal coincidencia, estimo casual, es errada. El problema de rentabilidad tanto del sector primario como de la industrialización de la carne de cerdo no se debe a un supuesto e inexistente festival de importaciones sino a un festival de ineficiencias en las regulaciones e impuestos que ahogan a toda la cadena.

Es un mecanismo simplista y errado acusar a las importaciones. La cadena porcina debe observarse como un todo. La observación y el foco parcial lejos de ofrecer soluciones produce divisiones innecesarias y gravosas para todos.

Nuestras exportaciones e importaciones representan menos de 30 centavos de dólar de cada 100 dólares que se comercializan internacionalmente

Entre las cadenas de producción de vacas, cerdos, pollos y otras proteínas tenemos que lograr que nuestros consumidores accedan a los 110/120 kilos de proteínas cárnicas anuales.

La reducción de consumo de carne vacuna debe ser suplida, como lo está siendo, con carne de pollo y cerdo. Si no alcanzamos con la carne de cerdo local, el acceso a las importaciones es una alternativa correcta.

El sector necesita amplia apertura de importaciones y exportaciones. Para ello necesitamos costos regulatorios razonables, bajos impuestos y una infraestructura física e institucional adecuada a los parámetros internacionales. Carecemos de todo ello.

La estructura tributaria torna inviable la producción, industrialización y comercialización de proteínas. Desde la cantidad y multiplicidad de impuestos, tributos y tasas injustificadas en todos los niveles jurisdiccionales. Según el IARAF hay 165 impuestos y tasas en todo el país. Cada pyme debe soportar al menos 42 impuestos y tasas que redundan en un vencimiento impositivo por día hábil. Además, la indisponibilidad de saldos técnicos acumulados tanto en IIBB como en tributos nacionales, el despojo que significa la Tasa de Seguridad e Higiene Municipal, las aduanas interiores y los saldos técnicos irrecuperables que sufre la producción por un IVA diferencial mal diseñado.

La reducción de consumo de carne vacuna debe ser suplida, como lo está siendo, con carne de pollo y cerdo

Desde el punto de vista regulatorio, la cadena de producción se ha convertido un “economía del permiso” donde desde el movimiento de una res, hasta la elaboración de un salame debe cumplir requisitos costosos, inútiles y abiertamente ineficientes. Transportar un alimento se ha convertido en una odisea. Más de 20 permisos debe llevar al día un camión de reparto que comercialice alimentos. La orgía de permisos tiene relación directa con burocracia costosa y no con controles de inocuidad adecuados. Sellar papeles no cuida a los ciudadanos.

La cadena en su conjunto sufre, mucho más que las importaciones, una carencia llamativa e incomprensible de infraestructura física. Nuestra producción tiene que salir cada día por caminos rurales en estado lamentable, circular por rutas provinciales literalmente bombardeadas que constituyen un peligro para los vehículos, los animales y sobre todo para la vida humana. Carecemos de asfalto, señalización, dimensiones adecuadas, y hasta gas oil. Sobran impuestos y regulaciones.

En materia institucional, el acceso al crédito es limitado a un puñado de empresas. Sin los contactos adecuados es difícil acceder al escaso y costosísimo crédito bancario. Los trámites de la microeconomía son absolutamente delirantes. Acceder a los permisos de producción de bio energía para un criadero de 2.000 madres que podría proveer de energía a una ciudad de 10.000 habitantes puede llevar años y un costo burocrático inexplicable del 25% del proyecto. La energía producida es reconocida a precio vil y el financiamiento nulo. Por otro lado, todavía hay parques industriales sin suministro de servicios básicos de energía, agua y tratamiento de efluentes.

Desde el punto de vista regulatorio, la cadena de producción se ha convertido un “economía del permiso” donde desde el movimiento de una res, hasta la elaboración de un salame debe cumplir requisitos costosos, inútiles y abiertamente ineficientes

Por tanto, apelar al proteccionismo aduanero para recuperar rentabilidad es no ver la esencia del problema. Implica un ejercicio miope de parte de un sector, pensando sólo en su propio ombligo.

La cadena de valor de la carne porcina tiene un desafío fascinante. Tenemos que producir proteínas cárnicas en formato de cortes y fiambres de cerdo para la Argentina y para el mundo. Para ello, tenemos que ser competitivos, dentro de nuestras tranqueras y dentro de nuestras fábricas. Para lo cual necesitamos una estructura impositiva y regulatoria eficiente, una infraestructura física e institucional adecuada y sobre todo, un escenario competitivo que nos obligue a producir e industrializar cada vez mejor.

La cadena de valor porcina tiene un activo envidiable. Somos una cadena atomizada en todos los eslabones. Más de 2.000 productores, más de 350 fábricas, empleamos un total de 36.000 personas.

Nuestro foco debe estar en liberarnos de las mochilas fiscales y regulatorias que nos aplastan. Apelar al proteccionismo, además de contraproducente para nuestros consumidores, es un error porque perpetúa las ineficiencias públicas.

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