Millones de santafesinos se están acostumbrando a la amarga experiencia de no saber en qué momento la violencia criminal puede transformar sus vidas de forma brutal.
Cada discurso político que se intenta resulta tan cruel como ridículo ante esa incertidumbre que corroe, a veces, hasta las ganas de vivir.
Rosario, desgraciadamente, se ha convertido en el paradigma de ese quiebre fatal en la vida de los argentinos, pero no es el único conglomerado urbano donde se vive en ese infierno cotidiano.
Hemos llegado al punto en que el crimen organizado controla la vida social en amplias zonas urbanas. Hemos llegado a la humillación de aceptar que los ciudadanos honrados deben limitar sus salidas a la calle por miedo a que la violencia criminal los hiera o los mate.
Entre 2015 y 2019 intentamos restaurar el pleno Imperio de la Ley, porque creemos que esa es la única garantía de respeto de los derechos de los ciudadanos.
Desafortunadamente, en los últimos 30 meses, nos están llevando a los argentinos a desandar ese camino.
La nefasta combinación de un gobierno nacional inepto, cuando no, cómplice con una Justicia corrompida por los criminales o por las falacias ideológicas del garantismo, nos está entregando a los argentinos inermes a las manos del crimen organizado.
Este renacimiento del poder social y político de los delincuentes implica una fase superior en el desarrollo de ese cáncer social. Ahora tratan de someter por la corrupción o por el miedo a los bolsones de resistencia ciudadana que quedan en la Justicia y en las Fuerzas de Seguridad, mientras buscan instalar la certeza social de que la lucha por restaurar el poder del Imperio de la Ley está perdida.
La realidad santafesina de estos días nos devuelve la imagen de las bandas criminales atacando a ciudadanos comunes solamente para establecer su propio poder en las calles. Hasta la primera semana de mayo hubo casi 150 homicidios en 125 días. Hay fiscales y jueces amenazados y un desborde generalizado en toda la trama urbana con una fuerza policial que está prácticamente ausente.
Todo esto no es casual. La ausencia de un liderazgo político decidido a demostrar en la vida diaria que “el que las hace las paga”, dejó paso a funcionarios cómplices de los delincuentes que, por soberbia (por error o por omisión, o por la suma de todos esos factores), permitieron el retorno de los demonios criminales a la vida cotidiana de los santafesinos.
Contra lo que nos quieren hacer creer, esta guerra no está perdida.
Solo hace falta un fuerte liderazgo político decidido a ganar esta guerra sostenido por un gobierno nacional que piense más en defender a las víctimas que a los victimarios.
Es necesario instalar en la provincia de Santa Fe, otra vez, un comando unificado de las fuerzas federales que sea capaz de aplicar un plan inteligente de intervención para derrotar el crimen organizado en todos los niveles.
Y es imprescindible ir a fondo para cortar todos los vínculos que aún mantiene el crimen organizado con los políticos, con la fracción corrupta de la Justicia y con las estructuras policiales que hasta ahora controlan los delincuentes.
No es sencillo pero es posible. Con un sistema que combine en un plan articulado una inteligencia criminal proactiva, unas fuerzas de seguridad eficaces y limpias de corrupción, y unas autoridades judiciales comprometidas con el objetivo de mejorar realmente la vida de los ciudadanos.
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