Se llamaba Verónica. Tenía 32 años, estaba casada y tenía dos hijos muy chicos. Trabajaba hacía más de una década en la cadena de montaje de la fábrica de camiones Iveco, en Madrid; de las pocas mujeres en una empresa que emplea a unas 2500 personas y en un oficio donde mandan los varones. Decía –lo había dicho en la revista de la compañía– que sus compañeros eran agradables y hacían que sus días fueran más amenos. Pero esos mismos compañeros fueron cómplices de la violación de su intimidad que la angustió hasta la muerte.
Un sábado de mayo de 2019 Verónica se colgó con una sábana en su casa. El día anterior había pedido retirarse antes de la fábrica. Ya no aguantaba la presión ni las burlas de los otros trabajadores tras la difusión de un video en que se la veía teniendo sexo cinco años antes, cuando tenía sólo 27 y aún era soltera. La cara del hombre que estaba con ella no se veía en las imágenes compartidas cientos de veces entre esos compañeros agradables que de un día para el otro se volvieron partícipes de su pesadilla.
La cara de los hombres que intervienen en los videos sexuales casi nunca se ve, porque son ellos los que filman o los que piden las imágenes al calor del sexteo. Verónica, en cambio, tuvo que poner la cara también cuando la señalaban, le decían barbaridades, o la invitaban a salir o hacerles cosas, porque cómo se iba a negar ella si era tan fácil.
Diez días soportó toda clase de comentarios y hasta pidió ayuda al área de Recursos Humanos de la empresa, pero se negó a denunciar, probablemente para no exponerse más. Algunas crónicas dicen incluso que sus jefes le dijeron que no podían ofrecerle más que un cambio de puesto o la baja, porque era un “tema personal y no laboral”. Hubo denuncias posteriores porque nunca se aplicó el protocolo de acoso. Hubo quienes después aseguraron haberla oído decir, desgarrada, “Ya no puedo más”. Lo intentó hasta que su cuñada, que trabajaba con ella, le envió el video a su marido, incriminándola como si ella tuviera alguna culpa, y entonces ya no pudo.
El lunes después de su suicidio, los trabajadores de la empresa hicieron un minuto de silencio por ella. La mayor parte de la planta había recibido y reenviado la filmación, pero sólo entonces se sintieron responsables del escarnio al que la habían sometido. Como en Fuenteovejuna, todos lo habían hecho.
Conocida como el caso Iveco, la historia de Verónica Rubio sacudió a la opinión pública española hace tres años. En tiempos de Whatsapp y otras redes sociales, su calvario no era aislado, sino el drama de miles de mujeres –porque son mujeres en un 80% las víctimas de pornovenganza o revenge porn (la difusión no consentida en redes y servicios de mensajería instantánea de imágenes íntimas tomadas con consentimiento de la víctima) y sextorsión (la amenaza y extorsión a cambio de no difundir las imágenes)– especialmente de las más jóvenes.
La prensa castiza recordó enseguida el caso de la exconcejala de Los Yébenes –un pueblo de 6500 habitantes en Toledo– que en 2012 casi se vio forzada a renunciar por la filtración de un video íntimo suyo. A muchos de los vecinos les parecía razonable que diera un paso al costado; decían, en un juego cruel con su nombre, que ya nadie iba a olvidar lo que había visto.
Olvido Hormigos, de entonces 40 años, convocó a una conferencia de prensa para explicar por qué se negaba a presentar su renuncia, pero cambió de idea sobre la marcha. “Lo he pensado y no voy a dimitir. Hay cosas mucho peores en política y al fin y al cabo, lo que yo he hecho no es ningún delito. ¿En qué he perjudicado yo a nadie? Soy una víctima”, declaró por esos días al diario El País. No sabía aún quién había filtrado la grabación, “sólo que empezó a difundirse por Whatsapp y en dos horas la tenía todo el pueblo y gente de los pueblos de alrededor”.
Aunque finalmente se supo que el responsable de difundir la filmación había sido un futbolista de Toledo con quien Hormigos tuvo una relación –en un claro hecho de pornovenganza–, no hubo Justicia porque la ley penal no preveía en ese momento sanciones por compartir material enviado originalmente por la propia víctima. En algo tenían razón quienes la juzgaban: nueve años más tarde aún es imposible despegar su nombre de aquellas imágenes. Cada vez que se habla de ella, se la asocia con ese video infame y, no sólo terminó por renunciar a su banca nueve meses más tarde –en medio de acusaciones contra el alcalde local, sospechado de colaborar en la filtración–, sino que su carrera política se truncó para siempre.
La serie española más vista en Netflix en la última semana no nombra a Olvido ni a Verónica, pero se sabe que está basada en sus historias, y que a la vez podrían ser las de cualquier otra. La diferencia entre las dos mujeres es sutil, pero también de vida o muerte. Olvido estaba “hecha de otra pasta”, como dice uno de los personajes de Intimidad; Verónica, en cambio, no pudo tolerar la humillación. Y es que todo es cuestión de recursos –emocionales y materiales– cuando no hay Justicia para nadie.
La trama de la miniserie de ocho capítulos se centra en la aparición del video sexual de una política con un futuro prometedor –Malen (Itziar Ituño), una vicealcaldesa en plena campaña para encabezar el gobierno municipal–, que al ser filtrado a la prensa, cruza las vidas privadas y públicas de cuatro mujeres, tras el quiebre de la delgada línea que las separa. Habla de esa intimidad violada y en boca de todos y de la reacción social ante un hecho que parece tan banal como ver cualquiera de las imágenes que llegan diariamente a nuestros teléfonos, pero cuyas consecuencias pueden ser, incluso, fatales.
Lo que mejor muestra la serie creada por Laura Sarmiento y Verónica Fernández es la culpabilización de las víctimas. Por “abrir las piernas”, por infieles, pero fundamentalmente por haber llevado vidas sexuales plenas y activas. Mujeres revictimizadas cada vez a través de un relato siempre centrado en ellas –nunca en quienes filman o piden los videos en un marco de consentimiento que después transgreden–, y juzgadas incluso por su sufrimiento.
La vicealcaldesa teme que la prensa vuelva a preguntar qué sintieron ella y su familia y que le hagan contar de nuevo lo ocurrido (una pregunta que los cronistas policiales sin perspectiva suelen hacerle todavía también a las sobrevivientes de violaciones; porque sí, aunque parezca mentira, los ataques sexuales volvieron a saltar aquí y allá de las páginas de Sociedad a Policiales). Y es aconsejada por su familia y sus asesores para que deje las cosas como están: no tiene sentido, le sugieren, seguir revolviendo el tema, y ella no tiene perfil de víctima (“Tú estás por encima”, le repiten, como si asumir lo que le hicieron fuera a condenarla a ella), así que además de todo, está obligada a callarse.
Ane (Verónica Echegui), una trabajadora que se mata después de la filtración de un video íntimo y cuya hermana pide ayuda a Malen cuando se difunde su caso, fue acosada hasta por las mujeres de la fábrica: ¿Acaso pretende denunciar a sus propios compañeros? Esa traición les parece más grave que la que sufrió ella al confiar en el hombre que la filmó. Y es que detrás de la pornovenganza y la sextorsión hay una cadena de violencias machistas que encontraron nuevos medios en la tecnología, pero siguen igual de naturalizadas. Cuando actuamos como si la vida privada de las víctimas no valiera nada, es a todas sus vidas a las que, por empezar, no les estamos dando valor.
Intimidad pone el dedo en la llaga de la vida privada vulnerada con la liviandad más pasmosa, de la que es difícil no ser parte: ¿Quién con acceso a redes puede asegurar que nunca vio ni compartió imágenes sexuales de famosas o anónimas, con conciencia de que no habían sido difundidas por ellas? Sobran casos locales de cómo hasta los medios encuentran la forma de publicar esos contenidos para no perder el clickbait. Y tiene sentido que la ficción nos ponga frente a lo humano de esas mujeres que aman, sienten y son reconocibles y diferentes, porque tendemos a deshumanizarlas cada vez que nos reímos, conjeturamos sobre lo que hicieron o no, y apretamos el botón de reenviar.
En España, el caso Hormigos impulsó la reforma del Código Penal en 2015, cuando se incluyó como delito la sola difusión no autorizada de imágenes íntimas, aun cuando se obtuvieran originalmente con el consentimiento de la persona afectada. Desde entonces, se estableció una pena de prisión de tres meses a un año o una multa para quien, “sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona”. Pero, en la Argentina, la pornovenganza y la sextorsión aún no están penalizadas cuando las víctimas son mayores de edad. Sólo se castigan el grooming (la acción deliberada de un adulto, varón o mujer, de acosar sexualmente a un menor a través de un medio digital que permita interactuar) y la extorsión y, por el vacío legal, lleva años y, de nuevo, recursos de todo tipo, evitar que el material se siga replicando.
Hay un caso reciente y doloroso en nuestro país: a fines de 2020 Belén San Román tomó la misma determinación que Verónica después de que su ex la chantajeara y publicara sus fotos íntimas. Tenía 25 años y, como Verónica, dos hijos chiquitos. También se movía en un mundo de varones: era agente del Comando de Patrullas Rurales de Bragado. El hombre que fue su pareja y la filmó, se encargó de que el video se viralizara en todo el pueblo cuando ella lo dejó. Belén no soportó el acoso y el señalamiento público. Agonizó varios días después de dispararse.
Acaba de presentarse un proyecto de ley con su nombre contra la violencia digital. La Ley Belén busca incorporar al Código Penal Argentino los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, de los “porn deep fake” (montaje digital en videos de pornografía) y de la sextorsión, con agravantes por violencia de género y cuando se agrede por orientación sexual e identidad de género. El padre de Belén pidió esta semana en una nota de Marian Fernández Camacho en Infobae que el Congreso la apruebe. Sabe que lo único que hizo su hija fue ejercer su sexualidad libremente y sabe que fue condenada por eso. Y sabe que ella no tendrá Justicia ni hay nada que pueda devolvérsela, pero no quiere que le pase a otra chica.
No puedo spoilear la serie, pero sí se sabe cómo terminaron en la vida real los casos de Verónica y Olvido. La investigación por atentar contra la integridad moral de la trabajadora de Iveco y descubrir y revelar secretos, fue archivada hace dos años porque no se logró identificar al autor de la primera publicación (aunque ella misma había identificado a uno de sus compañeros de la fábrica antes de quitarse la vida). Olvido sentó jurisprudencia, pero perdió su carrera. Tras un breve paso por la televisión como mediática –otra vez triturada por la picadora de la opinión pública–, volvió a su pueblo y se dedica a la docencia. Al menos está viva, aunque dice que es otra. Y es que nadie olvidó los nombres de ninguna, sólo olvidaron darles Justicia.
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