A poco menos de seis meses de las protestas masivas en la provincia de Chubut contra una ley que intentó habilitar la minería a gran escala (o “megaminería”, prohibida por ley desde mayo de 2003 en Chubut), lo sucedido durante aquellas jornadas sirve para comprender la dinámica de conflictos socioambientales que se extienden en todo el país. ¿A qué se le dice “no”? ¿Qué sectores de la población se movilizan? ¿Qué impacto tiene esta movilización social sobre instituciones como la democracia representativa? ¿Cuál es el rol del Estado en estos procesos (justicia, organismos de control, fuerzas represivas)? ¿Qué formas alternativas de organización política surgen al calor de los hechos, y posteriormente?
Estas preguntas son las que subyacen, desde ya aún abiertas, en el libro “No fue no - Una crónica del Chubutazo”, editado en mayo de este año por el sello Remitente Patagonia.
En los últimos años, mega-granjas porcinas, salmoneras en Tierra del Fuego, avance de la agroindustria, el fracking en Vaca Muerta, explotación offshore de hidrocarburos en Mar del Plata, megaminería en Mendoza, Chubut y Catamarca (Andalgalá) y ahora el sobrevendido “Hidrógeno Verde” son iniciativas económico-políticas impulsadas con amplio consenso por parte de las fuerzas políticas tradicionales de Argentina, como sinónimos de “trabajo”, “desarrollo económico” y específicamente obtención de dólares vía exportaciones. Todo en el marco de la crisis económica actual y la relación del país con organismos de crédito internacional como el FMI o el Club de París, que promueven estos proyectos.
¿Por qué? Porque los fondos de inversión transnacionales son propietarios de parte de los paquetes accionarios de los capitales que impulsan estos proyectos (citar el ejemplo del fondo BlackRock, que posee el 6% de las acciones de la minera suiza Glencore). A su vez, organismos como el FMI (acreedor de la deuda de los países oprimidos) son el ariete político y a la vez el nexo entre Estados nacionales, empresas y la dirigencia política, “financiada” a su vez por este poder económico.
El cuadrilátero conformado entre fondos de inversión transnacionales, capitales “productivos”, Estados nacionales y organismos multilaterales de crédito acreedores de deudas fraudulentas e ilegítimas marcan el pulso y la intensidad de estas tentativas sobre los territorios.
Tentativas que encuentran, cada vez más a menudo, resistencia. Se chocan con el “no”. Una resistencia de creciente carácter popular, que busca ser criminalizada y minimizada a la categoría de “grupos”, “minorías intensas”, “extremistas”, “fundamentalistas”. Esta estrategia comunicacional, que se materializa burdamente bajo la forma de un libreto, se reproduce de igual modo en Guatemala, México o Chubut, por mencionar tres enclaves de la minera Panamerican Silver. Un discurso político cuyo último eslabón es la represión física del Estado y los gobiernos, dirigida hacia estos movimientos de resistencia.
El concepto que describe críticamente este conjunto de actividades se denomina cada vez más a menudo “extractivismo”. Autores como Maristella Svampa y Enrique Viale también lo han llamado “maldesarrollo”. El politólogo José Natanson denominó a esta crítica y a las acciones que se desarrollan concretamente en los territorios “ambientalismo bobo”.
Tomamos posición: bobo es postular que con la proliferación de actividades productivas de tipo extractivo-exportador, depredación ambiental capitalista mediante, se está alumbrando una salida original a la profunda crisis actual. Se plantea como “nuevo” lo ya bastante viejo. Recetas que han arrojado a casi la mitad de la población en la pobreza, la falta de trabajo y con necesidades básicas insatisfechas.
Chubut es la cuarta provincia exportadora, concentra tan sólo el 0,6% de la población del país y en los últimos años ha tenido numerosos incumplimientos salariales con trabajadores y trabajadoras estatales ¿Cómo explicar y cómo tolerar esa paradoja?
A esta realidad, las movilizaciones masivas de Chubut durante los últimos años y durante las jornadas de diciembre de 2021 contra la megaminería y en defensa del agua, también le dijeron “no”.
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