El respeto a los derechos humanos en China sigue siendo una asignatura pendiente. No existe en ese país espacio para el disenso político. Un ejemplo es la prohibición de recordar las protestas y matanzas multitudinarias en la plaza de Tiananmen en junio de 1989 en reclamo de libertad, reformas democráticas y el fin de la corrupción. En ningún lugar de China, incluyendo ahora a Hong Kong, se puede pedir por verdad y justicia para esos criminales episodios. Transcurridos 33 años, no se sabe siquiera la cantidad de víctimas de la represión del ejército y otras fuerzas de seguridad para poner fin a la semana de manifestaciones estudiantiles. Un informe de la Cruz Roja contabilizó 727 muertos.
The Tiananmen Paper firmado por Zhang Liang, describen el alcance de una dictadura que aún perdura. La tragedia de Tiananmen sigue siendo ignorada por el régimen de Xi Jinping. De acuerdo a la ONG Defensores de los Derechos Humanos en China (CHRD, por sus siglas en ingles), 23 participantes de las protestas de 1989 siguen en prisión o bajo custodia policial por activismo político. El más famoso ha sido el Premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo que murió bajo estricta vigilancia en un hospital. Su esposa, la escritora Liu Xia, permanece confinada en Beijing. Desde la muerte de Liu Xiaobo, el gobierno detuvo a simpatizantes que conmemoraban su fallecimiento.
Diversos informes especializados señalan que desde que Xi Jinping tomó el poder en el 2012, la represión ha aumentado en China. La estabilidad y el crecimiento económico e incluso la carrera armamentista, son utilizados como fachada para justificar y silenciar los excesos en derechos humanos e incluso borrar la historia sobre los graves sucesos de 1989. Según Amnistía Internacional la represión, la reclusión y la tortura son moneda corriente contra activistas políticos y defensores de los derechos humanos. También el gobierno chino sigue adoptando medidas extremas que afectan los derechos humanos en las regiones autónomas de Tíbet y Xinjiang, entre otras.
Bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, se cometen en China abusos masivos y sistemáticos contra la población musulmana. Millones de personas en Xinjiang no se pueden comunicar libremente y sus derechos fuertemente restringidos. Una evaluación de Naciones Unidas del 2019 señaló que un millón de uigures, fueron recluidos en campos de detención que Beijing denomina centros de capacitación laboral. La gravedad de la persecución que enfrenta la población uigur, será materia de una futura investigación en ONU (sobre la base de la reciente visita de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU a Xinjiang) y ha sido calificada por algunos países como genocidio.
Sin embargo, recientemente el embajador argentino en Beijing ha hecho una encendida defensa de China en materia de derechos humanos, en particular con relación a los excesos contra la población uigur. Es de suponer que esa posición responde a la referencia del Presidente de la Nación, en su última visita a Beijing, que Argentina comparte la misma ideología del partido comunista chino. En este contexto, son preocupantes los mensajes políticos del gobierno argentino en materia de libertades fundamentales, en particular al presidir el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Es de esperar que el gobierno argentino asuma posiciones de mayor responsabilidad, en consonancia con la Constitución Nacional, en la defensa de los derechos humanos. También que China, una de las dos principales potencias económica, comercial y militar del mundo, dé alguna señal concreta de respeto a los derechos humanos como por ejemplo decir que no pretende un orden internacional autoritario.
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