Avellaneda ha quedado en una situación vulnerable al convertirse en la primera ciudad argentina en estar sitiada constantemente por los permanentes reclamos de derechos en plena democracia.
Al mismo tiempo, hay una evidente colisión de derechos que no puede enfrentar al pueblo contra el pueblo. Existen responsabilidades institucionales inherentes a los niveles del gobierno nacional, provincial y municipal que tienen el deber de solucionar los problemas de los ciudadanos que día a día buscan cumplir con sus obligaciones así como también de aquellos que legítimamente reclaman una mejor gestión de gobierno.
Una realidad ineludible atraviesa nuestra ciudad, que no puede ni debe ser soslayada por quienes tienes tienen a su cargo esos deberes en la órbita pública. Los constantes reclamos y cortes en el Puente Pueyrredón generan un cúmulo de impactos nocivos para sus habitantes que ven cercenados sus derechos constitucionalmente consagrados, que tienen vigencia formal pero que en la práctica no se cumplen.
Una de las consecuencias que perjudica en forma directa a los habitantes de Avellaneda es la discriminación que sufren por vivir allí, una barrera invisible pero real que comienza a percibirse de un modo alarmante, pues no solo impide que parte de la población pueda acceder a los mismos beneficios y oportunidades que otras, sino que ralentiza el desarrollo de nuestra región.
Es necesario mencionar que la discriminación puede darse de diferentes formas y lugares. Dos personas con la misma experiencia y formación laboral pueden llegar a tener oportunidades diferentes si una de ellas vive en Avellaneda. Nuestro vecino se ve cercenado, limitado, discriminado por el simple hecho de vivir en una ciudad que sufre una violación sistemática del derecho constitucional de circular libremente por todo el territorio de la República.
Resulta muy preocupante la discriminación a la que se ven expuestos los habitantes de Avellaneda. Esta nueva barrera, insólita e instaurada irrazonablemente, sugiere que vivir en Avellaneda hace imposible cumplir con el deber de asistencia a los compromisos laborales.
Cualquier empleador tomará en cuenta a la hora de elegir una de ellas las habituales demoras en la circulación para quienes residen allí. Esto sucede actualmente y lo sufren quienes tienen aspiraciones de superación, ya que no pueden acceder a los empleos a los que se postulan. De ese modo, la población de Avellaneda queda sumergida en una constante imprevisibilidad y frustración, frente a esta realidad cada vez mas palpable.
Un dato objetivo de la triste realidad es que el mundo concentra en las ciudades su población y los municipios urbanos concentran la mayor parte de las oportunidades para el desarrollo. Sin embargo, también presentan enormes desigualdades. En las ciudades de América Latina una quinta parte de la población vive en barrios vulnerables, asentamientos, emergentes, villas o como quiera denominarse a los barrios sin ninguna clase de infraestructura urbanística (ni calles, ni cloacas, ni agua, ni provisión de gas, ni electricidad formal, ni iluminación, ni acceso de transporte) faltos de planificación y caracterizados por una constante privación.
Estas carencias suponen grandes barreras a la hora de acceder a las oportunidades que ofrecen las ciudades, como acceso a trabajo, salud, educación y opciones de ocio. Pero además de estas barreras de infraestructura, servicios y derechos de propiedad, existe una barrera invisible que dificulta la inserción y el acceso a oportunidades de las poblaciones que viven en estos barrios.
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