Curiosidades de la inclusión social kirchnerista: los multifacéticos funcionarios de Quilmes

Vayamos al grano acerca de la máquina de hacer ricos con los recursos destinados a los pobres. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación envía fondos por dos caminos: uno directo, bajo la forma de subsidios equivalentes a medio salario mínimo; y el otro indirecto, que debería completar la mitad restante mediante contraprestaciones de cooperativas de trabajo en distintas actividades de fuerte incidencia social. Si bien el primero complica el robo a los beneficiarios, este se realiza de todos modos ya sea por el compromiso de estos con el gestor por haberle logrado el subsidio mediante un complejo trámite informático u otro sinnúmero de razones. La “mordida” es, en este estadio, asunto de punteros y referentes de base.

Distinto es el caso del segundo. El cooperativismo fue la vía pergeñada por profesionales probos con el propósito de crear, a la par del mercado, una economía “social” que algunos han dado en denominar “popular”. Diferencia exigua; aunque, como es sabido, el diablo suele esconderse en la letra chica o, como en este caso, en los sinónimos. La idea primigenia era que la gente se organizara por su propia iniciativa. Luego, municipios u organizaciones sociales habrían de asistirla transitoriamente priorizándolas en trabajos perentorios en procura, también por ese flanco, de promover su reintegración social. Esas tareas habrían de remunerarse con la mitad restante del salario mínimo para que, junto con el subsidio, redondearan su monto.

Un cooperativismo genuino debería incentivar naturalmente la libre asociación social. Pero como ello habría de exigir una concientización sociocultural solo alcanzable en el mediano plazo, se entendió conveniente inducir a los pobres a inscribirse en cooperativas diseñadas “desde arriba” por los movimientos sociales y las intendencias. Un altruismo dudoso dado el aprendizaje de la administración territorial de la penuria desde el amanecer de la democracia. Nuevamente, el diablo metiendo el rabo. Estas cooperativas “descendentes” se organizaron sin la declamada intención pedagógica. Por el contrario, beneficiarios de los subsidios fueron convocados para contraprestaciones en provincias, municipios o aun empresas privadas asociadas a los administradores políticos o sociales omitiendo el abono de la segunda mitad. Tampoco hubo conciencia de pertenencia; al punto que la mayoría de los “cooperativistas” no saben en qué cooperativas están inscriptos.

A veces, se puso a su frente a antiguos referentes y sus sequitos asociados colusivamente con los burócratas políticos o sociales. Las entidades recibían el favor de la confección de sus libros contables y del asesoramiento jurídico a cambio de un beneficio adicional a sus autoridades. Solo algunos advirtieron la trampa y realizaron el esfuerzo de contratar a sus propios profesionales. No fuera que estuvieran firmando cada fin de año cualquier cosa, haciéndolos pasibles de malversaciones. Las represalias no tardaron en llegar: amenazas a sus socios de perder el subsidio si no aceptaban la transferencia a otra entidad; e imputaciones las inconductas que intentaron en contra de quienes las quisieron prevenir conociendo las mañas sus patrocinantes. También proliferaron “cooperativas fantasma” de socios que ni siquiera sabían sobre su pertenencia, y cuyas tarjetas de cobro quedaban a cargo de sus jefes. Eventualmente, los beneficiarios recibían un pequeño porcentaje a la manera de uno de los tantos ingresos requeridos para sobrevivir en la miseria, o la directiva de estar siempre dispuestos a asistir a cortes y actos políticos como expresión “solidaria” con las “causas populares”.

Este mecanismo creado por el kirchnerismo desde su torsión “cristinista” entre 2009 y 2011, siguió expandiéndose hasta el cambio de gobierno de 2015. Las nuevas autoridades trataron de sanearlo mediante la auditoría y verificación de contraprestaciones. Imposible. Debieron conformarse con calmar a movimientos y gobiernos opositores –también a los propios- con facilitar los subsidios (medio salario mínimo) a cambio de la obligación de completar sus estudios primarios, secundarios o terciarios; o bien realizar cursos de capacitación pasibles de habilitar emprendimientos para los que se previa un generoso incentivo financiero. Durante la gestión de Cambiemos, entonces, subsidios y programas se incrementaron en relación inversamente proporcional a la “insensibilidad neoliberal” atribuida por el kirchnerismo y sus socios.

El régimen administrativo de la pobreza ofrecía y ofrece pingües ganancias menos para los pobres -salvo la minoría de sus referentes comunitarios dependientes del poder político- que para sus gestores. Medios y comunicadores generaron la idea de “planeros” como un estamento de gente beneficiada con lo justo para una supervivencia eximida del trabajo. Constituye una idea falsa: nadie puede vivir con medio salario mínimo por más que sea complementado por tarjetas alimentarias y la AUH. Los beneficiarios, entonces, están condenados a realizar changas, aunque con el piso garantizado directa o indirectamente por el Estado. No llegan ni a la mitad de un barrio popular.

El resto se distribuye en una mayoría de monotributistas o cuentapropistas de trabajos volátiles sin ni siquiera ese piso. De ahí, la fractura profunda en el interior de lo que fueran las clases trabajadoras constitutivas de la densa –y reducida a una minoría de clase media- ciudadanía social construida por el peronismo durante los 40. No deja de ser otro expediente astuto de contención social, los conflictos, a diferencia de coyunturas anteriores, no se galvanizan sino que se localizan implosivamente: moto chorros robando celulares, escruches, tomas y conflictos entre vecinos y parientes. Todo en el interior de barrio; o en su periferia humilde de viviendas e infraestructura más digna en donde residen aquellos que carecen de la ayuda estatal.

“Volvimos mejores” fue la consigna del kirchnerismo y de sus viejos y nuevos socios restablecidos en el “poder” en diciembre de 2019. De eso, a tres años de distancia, caben pocas dudas. En todo caso, sería interesarte indagar un poco sobre su concepción de la mejoría. El caso de las cooperativas de Quilmes constituye un buen instrumento de medición. No vamos a describir la fisiología colusiva entre diez funcionarios, cuatro cooperativas, una docena de empresas contratistas y tres inversiones en Miami. Solo nos reduciremos a señalar algunas inflexiones. Las cuatro cooperativas que recibieron casi 600 millones de pesos ya ni siquiera estaban inscriptas a nombre de testaferros reclutados en la pobreza sino de un subsecretario y de un director general. Este último, no tuvo idea más audaz que crear otras a cargo de sus padres octogenarios.

En todos los casos, se declaran las actividades que debieron haber honrado la otra mitad del salario mínimo de los beneficiarios básicos: embellecimiento de espacios públicos, mantenimiento de plazas, compra de plantas vistosas, limpieza de basurales, recolección de podas, tendido de cloacas, compra de hormigón y de metales, y fumigación de plagas. Pero los números parecen no cerrar. Con lo que un pingüe torrente de dinero de las arcas públicas pudo haber ido a parar a otro lado consolidando la pobreza de los beneficiarios de “un plan”. ¿Y el resto? Hemos ahí otras curiosidades. Ambos funcionarios eran socios de empresas contratistas del municipio concentradas en operaciones de construcción, inmobiliarias y estudios jurídicos. Sobrevolemos sus prestaciones: refacciones de escuelas y jardines materno infantiles, compra de materiales para obras, provisión de mobiliarios de oficina, alquiler de máquinas recolectoras de basura.

¿Con qué mano de obra habrán operado? ¿Acaso con las de las cooperativas? ¿Habrán pagado la mitad restante del subsidio básico o directamente se habrán distribuidos los trabajadores en turnos como contraprestación del subsidio básico? ¿Qué monto se habrá utilizado para la realización de las tareas de cooperativas y de empresas con administradores situados a ambos lados del mostrador? ¿O se tratar, dada la novedad de sus titulares funcionarios o familiares, del viejo expediente de las “cooperativas fantasma”? Interrogantes cuya capciosidad es correlativa al reconocimiento de estas maniobras desde hace más de una década en diversos municipios del Conurbano. Y una novedad que desborda los antecedentes acumulados: la existencia de tres empresas de inversión en Miami; en dos de las cuales, un funcionario y su socio contratista ni se tomaron el trabajo de simularlas estampando, al menos en dos, sus propios apellidos. Prueba de que es cuestión de astucia: al imperialismo y al neoliberalismo se le pueden arrancar beneficios para la causa de “los que menos tienen”; aunque reservándose una contundente retribución por sus “servicios patrióticos”. Ojalá fuera solamente así…

Para terminar, la causa esta disputada entre la Justicia federal de la Capital y la de Quilmes. Esta última actuó con una diligencia inusitada respecto de los once imputados que incluyen a la propia intendenta que, a falta de explicaciones racionales, recurrió a la remanida excusa del lawfare y del “odio” al kirchnerismo por tanto amor dispensado a los pobres. Sus conmilitones de La Cámpora no tardaron en avalarla incondicionalmente. ¿Dónde residirán todos estos funcionarios-cooperativistas-empresarios locales e internacionales? ¿Mandaran a sus hijos a las escuelas públicas y se atenderán en los hospitales de jurisdicción provincial? ¿O contarán con la cobertura de costosas prepagas y los enviaran a colegios no menos costosos de elite de la zona? Interrogantes de respuestas que desnudan la verdadera naturaleza de esta torsión excluyente del peronismo desde hace casi veinte años.

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