La prohibición del lenguaje inclusivo en la ciudad de Buenos Aires es profundamente discriminatoria

Hace unos horas, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tomó la decisión de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas, y la ministra Soledad Acuña ya amenaza en los medios de comunicación a las personas que no cumplan la resolución diciendo que serán sometidas a sumarios y acciones administrativas.

La Ley Antidiscriminatoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires protege la vulneración de derechos bajo el pretexto de: “… lengua, idioma o variedad lingüística, … convicciones… filosóficas, ideología, opinión política… sexo, género, identidad de género y/o su expresión, orientación sexual…”.

Esta nueva resolución de la Ciudad no solo es profundamente discriminatoria y podría vulnerar derechos bajo todos los pretextos discriminatorios citados en el párrafo anterior, sino que además vulnera la libertad de expresión y el derecho a la identidad y expresión de género de docentes y estudiantes en los ámbitos donde se debería enseñar todo lo contrario. Es una vergüenza que la educación en la Ciudad de Buenos Aires esté dirigida por una persona capaz de perseguir a quienes quieren expresarse de una manera más inclusiva para todes.

La ministra Acuña parece considerar más importante lo que dice la Real Academia Española (RAE) que lo que dicen nuestras leyes y la Constitución, tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de la Nación.

La utilización del lenguaje inclusivo se propone incluir identidades reconocidas por la legislación argentina tanto en la Ley de Identidad de Género como en el Decreto de DNI no Binario, y que no son expresadas por el género femenino ni por el masculino, y mucho menos por el masculino plural, que invisibiliza también a las mujeres. Les estudiantes de la Ciudad tienen derecho a aprender en la pluralidad, a saber que el lenguaje inclusivo es una posibilidad para visibilizar otras identidades y que pone en práctica la legislación en relación a género y diversidad más avanzada del mundo.

Algunas personas pueden no compartirlo, no estar de acuerdo, o no sentirse cómodas utilizándolo, y nadie pretende obligarlas a usar el lenguaje inclusivo. Como tampoco la Ministra puede imponer su forma de pensar sobre el resto de la población prohibiendo una forma de comunicación que solo aporta a visibilizar a la diversidad.

El lenguaje refleja a la cultura y a la sociedad que lo crea. El masculino es el genérico porque es desde donde se formó, desde una sociedad pensada desde los hombres para los hombres, donde las mujeres no podíamos votar ni decidir sobre nuestro patrimonio, ni sobre nuestres hijes, ni sobre nuestros cuerpos. Durante todos estos años, la sociedad no aceptaba otras identidades más que la de las mujeres cis y los hombres cis. Hoy se respetan otras múltiples identidades desde lo social, lo cultural y también desde nuestra legislación. La sociedad cambió, las leyes cambiaron… es lógico que el lenguaje vaya cambiando. La ministra Acuña no puede borrar esto con una resolución, por las demoras de la RAE en aceptar la realidad.

Siete años le llevo a la RAE cambiar la definición de Matrimonio luego de la aprobación del matrimonio igualitario en España, dos años luego de que también se aprobara en Argentina. ¿Qué hubiera hecho Acuña en aquel entonces? ¿Prohibir hablar del matrimonio igualitario porque para la RAE el matrimonio era “entre un hombre y una mujer”? No solo es ridículo, sino indignante, discriminatorio y violento. Una imposición dogmática inaceptable para una Ciudad como ésta, para un país como éste, que reivindican el derecho a la identidad y a la libertad de expresión.

¿Nos va a criminalizar la Ministra de Educación de la Ciudad por usar el “vos” en vez del “tu”, o el “ustedes” en vez del “vosotros”? ¿O ya nos lo permite la RAE? Sinceramente, no lo sé… nunca pensé que pudiera ser relevante para utilizarlo acá en Argentina.

No lo vamos a aceptar. Vamos a recurrir a la Justicia, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la Corte Interamericana y a las calles, para que se respete el derecho a expresarnos como cada persona decida hacerlo y el derecho a respetar la diversidad también desde el lenguaje.

La Real Academia Española no va a decidir cómo debemos expresarnos para ser un país más libre, más justo y más igualitario. Tenemos leyes, tratados y Constituciones locales y Nacional que reconocen y garantizan nuestros derechos. Y no vamos a esperar ni siete años, ni quinientos. Ya no.

Finalmente, me parece importante señalar que la Ley Antidiscriminatoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también señala que: “Ninguna persona podrá valerse de razones de obediencia u órdenes recibidas, para la realización y/o justificación de conductas manifiestamente ilegítimas y reprochadas por esta ley como discriminatorias. Tales conductas serán pasibles de ser reprochadas tanto a título personal de la persona que las realiza, como de quien haya impartido las órdenes o directivas para su realización”. Quienes pretendan sancionar a docentes o estudiantes por utilizar el lenguaje inclusivo, tendrán que afrontar las consecuencias no de lo que establece una mera resolución administrativa, sino de lo que establece la Ley de la Ciudad, su Constitución, las leyes y decretos nacionales, los tratados incorporados a la Constitución Nacional y la misma Constitución, producto de las luchas de las organizaciones sociales y de una sociedad que ha logrado vivir en un país con legislación de vanguardia en materia de diversidad e igualdad.

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