Los escándalos alrededor del tan aclamado gasoducto Néstor Kirchner traen más ruido a la interna oficialista y con ello al rumbo del gobierno nacional en temas que son tan urgentes como estratégicos. Todo eso en un contexto de creciente crisis económica. En el tema gasoducto están todos los elementos problemáticos del kirchnerismo: corrupción, ineficiencia de gestión, una política energética fallida por el peso de la propia demagogia y, como la frutilla del postre, la guerra contra su propio gobierno, que entorpece y obstaculiza más aún todos los procesos de una gestión ya de por sí mediocre.
Pero en este caso todo lo que ya es moneda corriente en el gobierno de los Fernández empeora porque tiene un costo muy grande para el país en términos de oportunidad económica. Si la necesidad de un nuevo canal de traslado del combustible de Neuquén a los centros urbanos y los puertos era un tema importante en 2019, cuando el gobierno de Macri dio el puntapié inicial de este proyecto; ahora mismo, en el contexto de la dramática escasez de dólares y ante la oportunidad que presenta el mercado de combustibles internacional, es de una urgencia total para la cual esta conducción política demuestra, una vez más, estar desbordada por las circunstancias y ser incapaz de gestionar.
En medio de las acusaciones cruzadas, discursos disparados, offs lamentables, tweets y retweets incomprensibles, crecen las incógnitas alrededor del tema. Comparto aquí algunas que me parecen clave para pensar el proyecto del gasoducto y sobre las cuales la sociedad argentina debe reclamar al gobierno toda la claridad posible.
Primera incógnita: los plazos
Las turbulencias recientes en el Frente de Todos, con las acusaciones cruzadas entre la vicepresidenta y el ex ministro de producción, Matías Kulfas, que derivaron en su salida del gobierno solo demoran más lo que ya se venía dilatando en las semanas previas. Si consideramos el anuncio del presidente el 21 de abril (hace algunas semanas), la sola publicación tardía de los pliegos por parte de Enarsa a comienzos de este mes ya nos alejaba bastante del inicio de una obra que todos parecen percibir como urgente. Parece irrisorio, a la luz de los hechos actuales, que esta pueda comenzar en agosto como había prometido Fernández en aquella ocasión y mucho menos estar terminada para dentro de un año, como se jactaban hasta hace poco en el gobierno.
Todo esto es más grave aún si se toma en cuenta que este proyecto comenzó durante el último año de la gestión de Macri, cuando se llamó a una primera licitación pública (en el caso del gobierno anterior el proyecto iba a ser de financiamiento puramente privado, a lo que me voy a referir en breve con mayor detalle). El gobierno de Fernández prorrogó la convocatoria, que vencía en marzo de 2020, y el 30 de diciembre de ese año fue derogada por el Secretario de Energía, Darío Martínez. Aquí es donde se iniciaría el nuevo proyecto, ya no con financiamiento privado sino de ejecución presupuestaria estatal (como si el dinero sobrara en las arcas públicas), pero se demoró un año más en tener avances. Lo cual nos trae a la actualidad. Es un proyecto que tiene la mayor parte de su tiempo de existencia demorado y postergado, es decir, con un tratamiento exactamente inverso a su urgencia y necesidad. Esto nos dice unas cuantas cosas de la capacidad de gestión del Gobierno.
Este atraso no es gratuito. Mientras se dilata esta iniciativa, seguimos importando energía que se paga ocho veces más cara de lo que nos saldrá una vez que podamos transportar el gas de Vaca Muerta. Si sumamos a eso el desastroso esquema tarifario del kirchnerismo, abundante de subsidios, el panorama en términos de gasto público ineficiente es alarmante. Es en el contexto de esta urgencia que la vicepresidenta se da el lujo de sabotear con exigencias disparatadas el ya de por sí lentísimo y torpe avance que viene haciendo la otra parte del gobierno en esta cuestión. Bravo.
Segunda incógnita: los proveedores
Otra incógnita que puede parecer menor en relación a lo anterior (aunque está muy ligada, en gran parte) tiene que ver con los proveedores de materiales para la construcción del gasoducto, especialmente a la Federación Rusa que, habiéndose embarcado en una guerra contra Ucrania –que es moral y políticamente condenable desde todo punto de vista– difícilmente sea un proveedor confiable en términos de tiempos de entrega. Esto, que suma más incertidumbre a los plazos, resulta secundario en relación a la necesidad ética de imponer sanciones económicas a Rusia por su despliegue anacrónico de autoritarismo y violencia sobre el pueblo ucraniano. Es decir que no deberíamos comprarle nada a Rusia. En función de esto es que resulta de gran importancia que el gobierno se expida sobre si la Federación Rusa es todavía uno de los proveedores de materiales para el gasoducto, tal y como solicitamos esta semana diputados de Juntos por el Cambio mediante un proyecto de resolución (junto con el resto de las cuestiones también planteadas en esta nota).
Tercera incógnita: cómo se va a financiar el gasoducto
Como dije antes, el proyecto del gasoducto empieza en el último año del gobierno de Macri con la idea de un financiamiento enteramente privado a cargo de empresas que obtuvieran la licitación, como es lógico. El gobierno de Fernández prorrogó la convocatoria que finalizaba en marzo de 2020 (siempre con la excusa de la pandemia, que le sirvió para hacer todo tipo de estragos de gestión) hasta el 30 de diciembre, cuando finalmente se derogó en pos de un nuevo proyecto con ejecución presupuestaria del Estado. Un modelo clásico de obra pública que parece muy desfasado de las posibilidades económicas y financieras reales de un país cuyo gobierno es experto en despilfarrar dólares y no traer nuevos, incluso en el contexto de las grandes oportunidades de exportación que tiene la Argentina actualmente.
Entonces la pregunta es ¿cómo se va a financiar el gasoducto? En un momento se anunció con bombos y platillos que esto se haría con parte de lo recaudado por el infame y populista impuesto a las grandes fortunas. Pero eso es inviable. Esto solo alcanzaría para un tercio del tramo que va de Tratayén a Salliqueló. ¿De dónde sale el resto? ¿Con emisión de bonos de deuda del Tesoro? Sería adecuado que el gobierno que tanto habla de combatir el endeudamiento nos aclare un poco esta cuestión.
Lo cierto es que el esquema de financiamiento del macrismo, que es el que se emplea en cualquier país serio, hubiese sido más eficaz. Pero en la Argentina del Frente de Todos parece que el capitalismo de las grandes empresas que quieren hacer de su actividad algo lucrativo es un pecado intolerable. El sueño populista y demagógico de una industria movida por el Estado y no por las empresas es solamente eso: un sueño.
Todo esto nos lleva a otra incógnita fundamental que es cuánto nos va a salir todo esto a los argentinos. Este dato, que el gobierno tiene que aclarar, debe hacerse sobre una comparativa con la del proyecto cuya convocatoria a licitación fue derogada en diciembre de 2020, es decir el del gobierno anterior. Ese diferencial es de suma importancia para estimar el impacto económico del proyecto actual para el país.
A partir de estas incógnitas me permito también algunas sospechas. La primera es que los costos económicos van a ser muy grandes, en comparación con la proyección de costos para el proyecto de financiamiento privado, que además de tener un menor costo para la República habría tenido también la ventaja de mejorar la reputación del país ante el mundo y su atractivo para grandes capitales internacionales.
La otra sospecha refiere a hechos de corrupción, que son siempre esperables en el kirchnerismo, cuyo historial espurio de materia de obra pública es ampliamente conocido, mayormente a partir del caso de los cuadernos, pero también –y más pertinente aún– por otro que pasó al olvido para gran parte de la sociedad: el caso Skanska. El gobierno tiene que rendir cuentas a la sociedad de que no haya en este proyecto funcionarios implicados en aquél hecho de corrupción. Lo cual, conociendo al kirchnerismo, es muy poco probable.
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