Lucha contra el crimen organizado: el Estado en la búsqueda de la sinergia perdida

Nuestro país, lamentablemente, viene siendo atravesado por una serie de episodios de características violentas, con desenlace fatales en la gran mayoría de los casos, donde los protagonistas son, casi siempre, personas que directa o indirectamente mantiene vínculos con distintos niveles del ciclo de la operatoria del tráfico de estupefacientes.

Con mayor frecuencia, los medios de comunicación, abordan los hechos que han venido registrándose en los últimos años, podemos hablar del último lustro sin temor a equivocarnos, en la provincia de Santa Fe, particularmente en Rosario y sus zonas adyacentes. Pero no es el único punto caliente en el mapa del delito nacional.

Otras provincias ya muestran indicios de una escalada en la violencia y sofisticación en la gestión de la empresa criminal. La falta de prevención en la temática preconfiguran ambientes criminógenos donde estas organizaciones encuentran terreno fértil para su desarrollo.

Las respuestas estatales hasta aquí han demostrado ser cuanto menos insuficientes en la carrera por la seguridad. A cada respuesta del estado, las organizaciones criminales logran encontrar atajos para seguir operando y expandiendo su operatoria.

De manera errónea, como ya se ha expuesto en notas anteriores, el sistema de seguridad no ha logrado la integralidad que un fenómeno complejo requiere, abordarlo desde diferentes aristas, pero por separado, no ha logrado neutralizar el accionar de estas empresas ilegales. Todo lo contrario, pues los indicadores delictivos dan cuenta de su expansión, año tras año.

Los datos recabados en diferentes investigaciones judiciales permiten ver no sin preocupación, que se ha consolidado una tendencia y esta es la re significación de los espacios de encierro por parte de los delincuentes. Así tenemos que desde una cárcel federal se habían ordenado diversos atentados “gatilleros” contra establecimientos de la justicia en la ciudad de Rosario o que desde el celular en manos de un narco alojado en Chaco se había decidido poner fin a la vida de un testigo de identidad reservada (aunque se ve que no tan reservada para el narco), o que quizás desde una cárcel de Santa Fe se estuviera dirigiendo un nuevo operativo de desembarque de sustancias estupefacientes, en algún punto perdido sobre la ruta 14 para luego distribuirla en los barrios populares del Gran Rosario. El común denominador: los decisores ordenaban todo esto desde la seguridad que les brinda la cárcel.

Nuevo fenómeno, aunque que no tanto para quienes analizan a aquellos internos relevantes por su potencial riesgo, alojados en sus jurisdicciones, siguiéndolos, estudiándolos, hasta en el mínimo detalle. A ellos y a sus organizaciones, a sus contactos intramuros y a su entorno, sus causas actuales y su historia de vida registrada en el ámbito delictual.

KNOW HOW

Los que transitan los pasillos, escaleras, muros perimetrales y cercas alambradas de establecimientos construidos hace un siglo en promedio han sido testigos de cómo el delito ha mutado, como la miseria golpea sin piedad en la cárcel y como la droga lo ha trastocado todo. Comenzando por la estructura penitenciaria, que jamás se ha adecuado a los tiempos que corren.

Los internos que son alojados por delitos relacionados al tráfico de drogas, hasta no hace muchos años, necesitaban vivir con algún tipo de protección ya que en la jerga tumbera los llamados “tranzas”, eran una especie de indeseables que solo podían vivir si pactaban con los dueños informales de los espacios de encierro, con los conocidos vulgarmente como “porongas”.

Estos eran, generalmente, miembros de bandas de “piratas del asfalto”; o bien de ladrones de blindados o bancos, o simplemente la simbiosis de todos estos exponentes ya que la historia indica que solían ser parte de diferentes bandas, a veces en solitario, otras fusionándose entre varias, que se dedicaban a dichos menesteres.

Estas mutaciones parecieran haber pasado desapercibidas para todos los operadores del sistema de seguridad, pero no fue así. Desde los años 60, se vienen registrando una evolución de organizaciones criminales en las cárceles argentinas

Los principados involucrados eran miembros de carteles colombianos y organizaciones mafiosas peruanas, rusas, chinas, israelíes, napolitanas, calabresas y resabios de lo que fue el Plan Cóndor en los países de la región en los duros años setenta. Todos con distintos códigos de comportamiento, con diversas maneras de interactuar en espacios de encierro, todos diferentes pero siempre confluyendo en un único y mismo lugar; la cárcel.

Los operadores penitenciarios fueron testigos de la evolución sufrida por estas organizaciones, y de cómo el paso del tiempo y la evolución tecnológica fueron lentamente derribando de manera virtual los muros que delimitaban la escasa libertad ambulatoria que, a un condenado, el Estado le reconocía como derecho.

El salto que la tecnología dio con las comunicaciones móviles no solo genero un acercamiento entre las personas libres del mundo, también lo hizo con las privadas de la libertad y esto cambió para siempre la noción de encierro y la limitación de voluntades para los operadores del delito organizado.

Este detalle hizo el mundo más pequeño para los delincuentes y género que las organizaciones criminales comenzaran a transformar las debilidades que les significaba el encierro de sus líderes en fortalezas al advertir la capilaridad de las instalaciones penitenciarias, la escasa adecuación tecnológica y legal que experimentaron los sistemas carcelarios generando que la vieja prisión se transformara en el nuevo bunker de la criminalidad organizada.

Esta transformación de los espacios de encierro en centros operativos de los líderes de organizaciones criminales tuvo su punto máximo la gélida noche del 20 de agosto del año 2013, oportunidad en la que trece internos alojados en el Complejo Penitenciario Número 1 de Ezeiza lograran darse a la fuga a través de un pequeño pozo hecho en el suelo de una celda.

Dicha fuga fue planificada, preparada y ejecutada (hasta donde pudo averiguar la justicia) por dos integrantes del temible Primer Comando de la Capital o 15.3.3 ya que dos de los fugados eran de origen brasilero y uno de ellos había sido bautizado un año antes en la por entonces Prisión Regional del Sur. Su nombre de guerra en la organización criminal brasilera era MATRIX.

Al ser detenido en Paraguay, del peritaje judicial de su celular fue extraído el siguiente documento que es la ficha de su bautismo como miembro del PCC.

Este evento funcionó como disparador de los dispositivos penitenciarios quienes pusieron mayor atención en la clasificación y categorización de este tipo de detenidos, diferenciándolos claramente del resto de internos que no representan este tipo de amenazas para la seguridad en particular y en general para la ciudadanía.

En efecto, desde el ámbito penitenciario y en un temprano 2015 se documentaba en la herramienta doctrinaria por excelencia del Servicio Penitenciario Federal, que es la Revista de Criminología, en su edición del año 2015, en el capítulo II “NUEVOS DESAFIOS DE LA ADMINISTRACION PENITENCIARIA”.

En apenas siete páginas, daba cuenta sobre el crimen organizado transnacional y su incidencia en el contexto carcelario proponiendo medidas y acciones concretas en función de lo que se advertía como probable, en un futuro cercano.

Aunque certero el análisis, la problemática siguió escalando. El año 2016 fue especialmente intenso en cuanto al desmembramiento de diversas estructuras operativas transnacionales generando que sus referentes a nivel local fueran a parar a establecimientos penitenciarios.

Diversas investigaciones judiciales comenzaban a arrojar luz sobre el gerenciamiento “carcelario” de estructuras que seguían operativas cuando todos creían que habían sido desarticuladas. Fueron tiempos en que los monos rosarinos probaban el desarraigo de las cárceles santafesinas arribando a las federales. Fueron años en los que se desbarataría una potencial planificación de fuga de, quizá, uno de los narcotraficantes colombianos con mayor peso detenido en nuestro país y que seguía operando desde su amplia celda: Henry de Jesús López Londoño, apodado “Mi Sangre”. En síntesis, fueron años donde lo que se advertía en el año 2015 comenzaba a cobrar forma.

La respuesta a esta problemática, de manera tentativa, pudiera quizá hallarse en la nueva publicación que se efectúo tiempo después, en la Revista de Criminología del año 2018, donde se postulaba la necesidad imperiosa de contar con un régimen diferenciado para el alojamiento de aquellos internos de probada participación en estructuras complejas del crimen organizado, local o transnacional.

Puede advertirse en la publicación la necesidad de ir por un sistema de protección pública donde se limite seriamente la posibilidad de seguir comandando desde la cárcel, las estructuras delictivas que operaban en el medio libre.

Allí se postula, por primera vez en un documento, la gestión de internos de alto riesgo basado en la incapacitación delictiva. Es decir, de puro control sobre las acciones que en el ámbito penitenciario desarrollen este tipo de delincuentes.

Por supuesto que no todos los alojados son iguales y que en este artículo nos referimos a las organizaciones criminales y sus líderes, no a los internos de base patológica como suelen ser aquellos vulnerables que, la falta de atención adecuada y oportuna, luego transforma en criminales. Por el contrario, creemos que a estos últimos es a quienes el Estado debe volcar todos sus recursos en pos de conseguir una exitosa reentrada social.

Como el todo es más importante que la suma de sus partes, en la lucha contra empresas criminales es necesario que el Estado logre generar la sinergia necesaria entre sus organismos encargados de hacer cumplir la ley a fin de detectar de manera temprana los eventos disvaliosos en materia de seguridad pública y a través de sus instrumentos, neutralizarlos antes de que estos logren manifestarse. Muchas veces, las respuestas a los problemas están a la vista, aunque nadie los mire.

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