Consejo de la Magistratura: lo bueno y lo malo del proyecto oficialista

La urgencia ya pasó. Se cumplió el plazo de seis meses que fijó la Corte Suprema, se eligieron los nuevos representantes de las abogadas y las juezas, le hicieron trampa en el juego de la silla a Luis Juez, la Justicia dijo “siga, siga” y juraron todos y todas. Habemus Consejo de la Magistratura completito hasta noviembre.

No hay ninguna razón para aprobar una nueva integración a los ponchazos. El Congreso debería aprovechar la oportunidad para discutir una reforma integral que resuelva los principales problemas del Consejo y que van mucho (¡mucho!) más allá de si lo integra la Corte y lo preside Horacio Rosatti o algún otro que les guste más.

Y, sin embargo, no. Lo de siempre. Les importan tres belines las reformas de fondo. Lo que quieren definir es si Rosatti o no Rosatti. En el medio negociaron paridad de género y federalización para conseguir los votos. Pero lo que importa es lo otro. Así llegó el proyecto del Senado a la Cámara de Diputados. Veamos algo de lo bueno y lo malo. Sobre lo “olvidado” hablaremos otro día.

Lo bueno

Primero, la integración que se propone supera el estándar que marcó la Corte. Son 17 miembros: 4 jueces y juezas; 6 legisladores/as (3 del Senado y 3 de Diputados, 2 por la mayoría y 1 por la primera minoría); 4 abogados/as; 2 académicos/as y 1 representante del Poder Ejecutivo. En todos los casos debe respetarse la paridad (para el del Ejecutivo de manera alternada varón-mujer o mujer-varón) y, en cuanto a abogados/as y jueces/zas, también debe garantizarse la representación de las regiones federales que dispone el propio proyecto (AMBA, norte, centro y sur).

No hay predominio de ningún “estamento” (palabrita monárquica si la hay) sobre otro, considerados en forma global como lo dispuso la Corte. Hay 7 políticos/as y 10 técnicos/as y, además, el quórum previsto (9) y las mayorías que se proponen para tomar los distintos tipos de decisión (las mismas de siempre) no le darían primacía a ningún sector.

El problema es otro: se vuelve a eliminar, como en las reformas de 2006 y 2013, a los representantes de la segunda minoría de cada cámara que se habían establecido en la ley original. Son las sillas que ahora ocupan Roxana Reyes y, luego de la manganeta del kirchnerismo en el Senado, Martín Doñate. No es una exigencia constitucional incluir a la segunda minoría, pero es una buena práctica para que la representación política sea plural y lo más parecida a lo que votó la ciudadanía. Y, por cierto, es una herramienta que en los últimos tiempos le dio grandes satisfacciones al partido que armó el proyecto de ley.

Segundo, es muy positivo que se establezca la paridad de género en la integración del Consejo. Sin embargo, hay que hacer algunas consideraciones. Por un lado, en el caso de la representante del Poder Ejecutivo, la alternancia varón-mujer es equivocada. Las acciones afirmativas en materia de género, como el cupo o la paridad, tienen como objetivo corregir la desigualdad distributiva histórica y estructural que sufrimos las mujeres, entre otras cosas, para acceder a espacios de poder. No hay ninguna razón por la cual no podría disponerse un sistema en el que el Poder Ejecutivo designe mujeres en forma consecutiva las veces que quiera. Lo que no se puede habilitar es la integración consecutiva con varones.

Los datos del techo de cristal del Poder Judicial son deprimentes. La versión 2021 del Mapa de Género de la Justicia Argentina de la Oficina de la Mujer de la Corte muestra que el 57% de los cargos son ocupados por mujeres, pero que solo el 31% de ellas son las máximas autoridades de la institución. Si se suman otros puestos jerárquicos (jueza, fiscal o defensora) la cifra asciende al 45%, pero sigue debajo de la paridad. En cambio, las mujeres son mayoría entre las funcionarias y el personal administrativo (61%).

Otro punto problemático con respecto a la paridad es que no alcanza con establecerla para la integración del Consejo, sino que debe garantizarse en la conformación de las comisiones del organismo y de los jurados que toman los exámenes, quienes también deberían demostrar formación en género.

Pero, además, es crucial que la ley regule alguna medida afirmativa no ya para el Consejo, sino para la institución que en el discursito todos dicen que quieren mejorar: el Poder Judicial. En 2019, el Consejo modificó el reglamento de selección de magistrados/as y dispuso un cupo femenino mínimo para la conformación de las ternas.

Si en el orden de mérito los primeros 3 son varones, el último debe ser reemplazado por una mujer. Las condiciones son que la entrevista personal de ella haya sido satisfactoria (temita bastante discrecional y uno de los principales puntos sobre los que nadie habla porque lo importante para mejorar la Justicia es si la Corte integra o no el Consejo) y que la diferencia de puntaje total con el excluido no supere los 10 puntos.

Sin embargo, el reglamento no se cumple. Hace apenas un mes, un grupo de 6 ONG tuvo que presentar un amparo colectivo por violación del cupo en múltiples concursos. No alcanza el reglamento. Si de verdad les interesa romper el techo de cristal y mejorar la perspectiva de género del Poder Judicial, hay que disponerlo en la ley.

Lo malo

Además de los bemoles que ya mencioné entre lo bueno, hay varias cuestiones preocupantes. Pero hay dos puntos que son verdaderamente inadmisibles.

Primero, la Escuela Judicial, un negocio impresentable que se armó la corporación judicial con la creación del Consejo en 1994. El proyecto establece que los cursos de la Escuela deben considerarse un antecedente especialmente relevante en los concursos. Esto es así, por supuesto, en detrimento de los estudios realizados en cualquier otra institución académica del país y del resto del planeta. Los rankings nacionales e internacionales, los programas, la formación docente, nada de eso importa. Hay que ir a ponerle la platita a la Escuela de los jueces.

¿Por qué digo que es un negocio de la corporación judicial? Porque los docentes de las escuelas son en su gran mayoría funcionarios/as y magistrados/as. Lo mismo ocurre en las escuelas de los ministerios públicos. No son profesores a tiempo completo, no son académicos y académicas, no tienen ninguna formación para enseñar. Son, como dice Martín Böhmer, jueces y juezas que dan clases.

¿Y cuándo lo hacen? Cuando tendrían que estar atendiendo los asuntos de sus juzgados. Además, cobran por ello un segundo sueldo del Estado que se agrega al ya abultado que perciben como magistrados/as. Y, como si fuera poco, se exponen a todo tipo de conflictos de interés, pues muchos/as de sus estudiantes son o serán litigantes cuyos casos deberán resolver.

A esa corporación, dice el proyecto, hay que ir a ponerle la platita para asegurarse una posición privilegiada en los concursos. Entren a la página de la Escuela Judicial del Consejo y verán cómo se promociona que el Programa de Formación a Aspirantes a Magistrados garantiza 8 puntitos más en el concurso. ¡Es un papelón sostener este negocio!

El segundo punto preocupante sigue esta misma línea de tener un discurso muy revolucionario contra las peores prácticas del Poder Judicial arcaico, monárquico, autoritario, conservador y misógino que tenemos (con lo que coincido 100%), pero luego en los papelitos redactar leyes que mantienen o profundizan los negocios de la corporación judicial que inventó, que sostiene y que se alimenta de esas prácticas.

Me refiero a la eliminación que hace el proyecto de la igualdad de trato y no discriminación entre quienes vienen del ámbito judicial y quienes hicieron carrera en la profesión o en la academia. El principio continúa previsto en las funciones del plenario, pero desaparece del artículo que regula el procedimiento de concurso. ¿De qué Justicia distinta, federal y no sé qué otras cosas nos hablan? Los que tienen carrera, los que entraron de pinche hace 20 o 25 años al Poder Judicial, además de ser en su mayoría varones, son justamente los que se formaron y hoy en su inmensa mayoría reproducen las prácticas que el discursito viene a combatir.

Son los que escriben en jeringoso porque los hace sentirse importantes. Son los que les preguntan a las denunciantes de violencia sexual cómo estaban vestidas y maltratan o acosan a las trabajadoras judiciales. Son los que tienen a todos sus familiares acomodados dentro del sistema. Son los que creen que los derechos humanos son un curro. Son los que tienen todo tipo de conflictos de interés con empresarios, políticos, sindicalistas y servicios de inteligencia. ¿En serio les da la cara para decirnos que vienen a cambiar la Justicia privilegiando a esta gente?

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