Asesinatos, robos, fugas y comisarías colapsadas: radiografía de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires

Las estadísticas sobre la comisión de delitos en la provincia de Buenos Aires son un bien escaso. El Ministerio de Seguridad a cargo de Sergio Berni no las publica, si es que las tiene, un gesto de opacidad institucional. No es algo nuevo. Berni hacía lo mismo cuando era secretario de Seguridad a nivel nacional. Así, en los últimos años, los informes de la Procuración bonaerense a cargo de Julio Conte Grand, que compilan y desglosan la cantidad de causas que ingresan a las fiscalías a su cargo, se convirtieron en la única herramienta para medir con relativa efectividad cuánto se roba, cuánto se estafa y cuánto se mata en territorio provincial.

El primer año de pandemia, de acuerdo a los informes del Ministerio Público, tuvo una baja notable en todos los rubros delictivos. Se contó un total de 786.000 causas iniciadas para ese año en toda la provincia, contra 928.000 en 2019, un descenso colectivo de más del 15 por ciento. Hubo, por ejemplo, 37.618 robos agravados por el uso de arma. El rubro bajó más de un 30% con respecto a 2019, que tuvo más de 54.000 expedientes iniciados.

Los homicidios prácticamente se mantuvieron: los asesinatos comunes y criminis causa, para ocultar la comisión de otro delito, tienen las mismas cifras que 2019, solo un descenso de cuatro casos en el primer rubro. Sin embargo, los homicidios en ocasión de robo pasaron de 30 a 22, un descenso del 20,6 por ciento.

Sin embargo, el primer año de pandemia es casi una anomalía en la historia, un tiempo donde la vida cotidiana cambió. El rigor del ASPO obligó a las personas a movilizarse menos, por ende, menos denuncias de delitos sufridos. Los números para 2020 son en términos de estadística un espejismo.

Hoy, la inflación delictiva está en alza: casi todo sube.

Los números de la Procuración para 2021 hablan de 847.173 causas iniciadas en el fuero penal y correccional, un aumento del 7,8 por ciento. Los expedientes que involucran a menores en el fuero de responsabilidad juvenil subieron un 2,9 por ciento, de 17988 a 18503 causas iniciadas.

El delito es netamente más violento. Hay una comparación simple para entenderlo. Los homicidios en ocasión de robo se dispararon: de 27 casos en 2020 a 42 -7 de esta cifra fueron tentativas-, más del 55 por ciento. Sin embargo, los robos se mantienen casi igual, se pasó de 96120 a 96957 expedientes. Más todavía, los expedientes por robo a mano armada, siempre según la Procuración, bajaron un 5 por ciento.

Los hurtos en general superaron los 76 mil casos, un aumento del 11 por ciento. Los autos hurtados en la calle para ser desguazados por repuestos o usados en robos violentos son otro negocio en auge, 8 por ciento de suba en los expedientes. Los casos reportados de abusos sexuales simples y violaciones subieron más del 25 por ciento.

El delito también aprende a fluctuar. Los ladrones entendieron que es mucho más redituable cometer una estafa, un cuento del tío a un jubilado o a un ahorrista, que implica ganancias mucho mayores que un robo con penas de cárcel considerablemente más bajas. Las bandas son mixtas, incluyen delincuentes sueltos y presos: el grupo acusado de quitarle una fuerte suma al diputado José Luis Espert bajo el pretexto de proteger su cuenta bancaria combinaba miembros libres y tres jefes encerrados en el penal marplatense de Batán.

Las subas interanuales en este rubro fueron considerables a lo largo de la última década. Se pasó de 15.711 expedientes por estafa en 2020 a 27.919 en 2021, 12.208 denuncias más, un 77,7 por ciento de aumento.

Las 19 jurisdicciones judiciales bonaerenses tuvieron subas en su cantidad de expedientes. Las históricamente más conflictivas tuvieron incrementos. La Matanza pasó de 67.476 a 69.636 expedientes en general. La Plata tuvo un incremento más notable, más del 9 por ciento, de 61.170 a 66.729 causas en 2021. Moreno-General Rodríguez subió un 6,8 en las causas de mayores de edad, un 11 por ciento en menores. Quilmes subió otro 8 por ciento en mayores y 14 por ciento en menores. Junín fue una sorpresa: las causas en general allí subieron un 22 por ciento.

El dato de la suba general del delito va a la par de otro incremento: el auge en arrestos y largas permanencias de presos en jaulas. En la gestión Berni, las comisarías están más llenas que nunca, lo cual puede ser un problema.

La sobrepoblación y el hacinamiento de detenidos llegó este año a su pico máximo en las comisarías bonaerenses para la historia reciente: se registraron 4692 detenidos en enero, según la última cifra que publicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y que presentó en una audiencia en la Suprema Corte en febrero último

Sin embargo, muchas de las comisarías no son aptas para alojar a nadie durante tanto tiempo. Sin embargo, los largos períodos de encierro son moneda corriente e incluyen detenidos con prisión preventiva. El cupo histórico de comisarías en la provincia rondó las 1300 plazas. El nuevo número tampoco es el más alto, ya que se habían superado los 4700 encerrados en 2020.

Hoy, 25 de mayo, el Ministerio de Seguridad reconoce a este medio que hay 4281 detenidos en las dependencias, 222 de ellas mujeres.

El planteo de Berni era sencillo: no se dejaría de detener a pesar del hacinamiento. Tampoco existió una inversión para remodelar las comisarías y expandir las plazas. El Ministerio no consideraba que le correspondiera.

Fuentes del Ministerio de Seguridad provincial decían a comienzos de año. “Invertimos gran cantidad de policías que deberían estar haciendo otras cosas en cuidar a los presos y sus familias. No se trata de infraestructura, es un tema penitenciario. Un detenido no debería estar en una comisaría ni un mes, mucho menos seis y con prisión preventiva”. El dardo era para el Servicio Penitenciario Bonaerense. El conflicto era el mismo que el que tiene el Gobierno de la Ciudad con el Servicio Penitenciario Federal, un problema que estalla en fugas, motines y escenas de vejaciones.

Mario Coriolano, fallecido durante la pandemia, fue el titular de la Defensoría de Casación bonaerense y uno de los pocos funcionarios que llevaron adelante el reclamo para mejoras en las condiciones de detención y contra los apremios ilegales. El “registro de casos de torturas, tratos inhumanos y degradantes” compilado por el área que dirigió relevó denuncias de detenidos a lo largo de las gestiones de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal. Lo hace hasta hoy. Su reporte de 2021 incluye relatos dramáticos, con 119 casos de golpizas a detenidos de parte de policías de la Bonaerense, con 30 casos en La Matanza, la jurisdicción más violenta para detenidos. Hubo, también, nueve casos de denuncias de causas armadas por la Bonaerense, que incluyen armas plantadas e imputaciones erróneas.

El caso número 31718 del Registro, por ejemplo, ocurre en Mar de Ajó. “l día de mi aprehensión fui víctima de maltrato por parte del jefe de calle (…) me propinó golpes de puño y patadas en el momento de mi aprehensión. Luego, cuando ya me habían ingresado al móvil, se subió y continuó golpeándome hasta dejarme inconsciente. Que el maltrato continuó en la comisaria. Fui encerrado en un sector donde me siguió golpeando y me dejaron dos días sin agua ni comida”, dice el relato. El detenido terminó con la mandíbula fracturada.

La matemática es difícil. “En el marco de la visita institucional llevada a cabo el pasado 7 de julio en la Seccional Moreno I, se constató sobrepoblación. La dependencia cuenta con 16 plazas y se encontraban allí detenidas 52 personas de sexo masculino”, dice el reporte del Registro.

Las fugas son otra historia.

En marzo de este año, cuatro presos que se encontraban alojados en la Comisaría 1° de Berazategui escaparon tras romper una reja del sector de acceso a los calabozos. A comienzos de este mes, dos acusados de homicidio se fueron de la 3° de Pergamino limando los barrotes. De vuelta a marzo, cinco ladrones de nacionalidad chilena supuestamente rompieron un candado en la 2° de Martínez, partido de San Isidro y ganaron la calle.

“Estaban detenidos por robos agravados en esa zona y, en tanto hacían las diligencias de rigor, se fugaron. El calabozo está clausurado y el candado, roto”, confiaron fuentes del caso de la 2° de Martínez consultadas por este medio. No fueron las únicas fuentes consultadas que dijeron que la comisaría es “de paso” y que “no está habilitada para tener detenidos, salvo en tránsito, porque no tiene varios calabozos sino uno con candado“.

Hay más. En la madrugada del 29 de octubre de 2021, en la comisaría 5º del barrio La Unión, en la localidad bonaerense de Ezeiza, 18 internos llevaron adelante un motín y tomaron como rehén a una sargento de la Policía Bonaerense, en reclamo por mejores condiciones de reclusión. Luego, tras una intensa negociación que se extendió durante casi cuatro horas, los internos finalmente liberaron a la policía y fueron reubicados en otras dependencias. Gritaban desde adentro de la comisaría que no se podía vivir más allí dentro de esa forma.

El 2 de diciembre pasado otros nueve detenidos, entre ellos dos acusados de homicidio, rompieron una reja y se fugaron por los techos de la comisaría de Seccional 4° de San Martín, donde había alojados 51 presos, cuando la capacidad ideal de sus calabozos es de 12 personas. Poco después fueron detenidos. También, el 21 de septiembre pasado, cuatro detenidos en la dependencia 1° de José C. Paz cortaron una reja perimetral para salir al garage de la comisaría y luego huir. Los cuatro se encontraban aislados del resto de los detenidos. Y de vuelta, la misma situación: se contaban 78 internos en esa dependencia, con capacidad para 15.

Sin embargo, la fuga más sorprendente de todas ocurrió la semana pasada. Fue una huida de un solo hombre: era Ke Deqiang, jefe de una mafia china de La Plata, preso por violentas extorsiones. La propia Bonaerense lo había detenido. Estaba alojado en la 1° de La Plata. Literalmente se fugó caminando. Trepó el portó y se fue.

Hubo repercusiones, en un evidente papelón, mezclado con sospechas de corrupción policial. El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos, por medio de la Auditoria general de Asuntos Internos, desafectó al titular de la seccional, el comisario Julio Del Dago. Sin embargo, no estaba en el lugar cuando escapó Deqiang. Ahora espera nuevo destino. En este escenario se cree que Del Dago fue “operado por sus subalternos.

En diversos círculos se compartió una foto donde se ve a personal de calle de la comisaría cenando con la esposa de Ke Deqiang y otros familiares del detenido en el reconocido club Atenas dos días antes de que el capo escape. El encuentro fue publicado en redes sociales por uno de los comensales, Juan Miranda, literalmente el jefe de calle. El mismo Miranda publicó en su Instagram: “Negociaciones en curso”, un sugestivo mensaje.

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