El discurso público argentino suele idealizar a las pymes. A menudo esa idealización esconde una demonización de las grandes empresas: las pymes serían las buenas y las grandes serían las malas.
Ese discurso parece no percibir que grandes y chicas son parte de un mismo entramado productivo. Al fin de cuentas, el mejor destino de una pyme es el fortalecerse con más y mejor tecnología, para aportar a todo ese entramado y, en ocasiones, crecer hasta convertirse en una gran organización empresarial.
La relación de las pymes con las grandes empresas crea un círculo virtuoso, porque en la medida que las primeras vendan a las grandes, desarrollan capacidades que les permiten exportar e integrarse en las cadenas globales de valor. De hecho, si les venden a grandes empresas que exportan, se convierten en exportadores indirectos.
En ese juego de idealización y demonización, a menudo no se usan los datos para entender qué le está pasando a las pymes argentinas. La política pública no usa debidamente una excelente usina de información sobre las pymes industriales y de servicios que viene produciendo información desde hace veinticinco años: la Fundación del Observatorio Pyme (FOP).
En estos días la FOP emitió un estudio –”Inserción internacional de las PyME y competencia de las importaciones en el mercado interno”- que debería preocupar y obligar a los poderes públicos a ocuparse: es un informe del estado de las pymes exportadoras y de sus ventas a grandes empresas antes, durante y después del shock de la pandemia.
El estudio es amplio, pero unas pocas cifras dan cuenta de la situación:
1- Al salir de la pandemia en el 2021 el poder adquisitivo del conjunto de las empresas exportadoras de manufacturas de origen industrial (MOI), disminuyó un 13%. Eso quiere decir que, con cada cien dólares de exportaciones, las industrias pueden comprar trece dólares menos de insumos importados.
2- Tomando solamente a las pymes industriales exportadoras, la caída de su poder adquisitivo llega al 20%.
3- La proporción de pymes industriales exportadoras viene bajando desde el 31% en el 2006 hasta el 22% en 2018 y 2019 y apenas el 19% en el 2020.
4- Hacia el 2019, el 15% de las empresas industriales y de servicios profesionales vendían a multinacionales o a empresas exportadoras. Desde el 2020 y mediados del 2021, casi la tercera parte de esas empresas dejó de venderle a esos clientes. Esa retracción es sustancialmente mayor en las pequeñas empresas que en las medianas y grandes.
5- El informe también menciona la menor competencia de las importaciones para los productos manufacturados argentinos. Quizás una buena noticia, pero también habla de la insularidad del sistema productivo argentino.
El deterioro exportador se explica por causas externas: la pandemia y el aumento del precio de los fletes en la post pandemia. Pero también hay causas internas: la inestabilidad macroeconómica y regulatoria y los ciclos de sobrevaluación de la moneda, uno de los cuales estamos viviendo en este momento.
El tema es preocupante, los que se largaron a exportar hicieron un largo proceso de aprendizaje y consiguieron ganar la confianza de sus clientes. La pérdida de dinámica supone pérdidas en ese aprendizaje, y de los clientes del exterior que, entre tanto, se van abasteciendo con otros proveedores.
La política pública debería dejar de idealizar a las pymes y pasar a la acción. Un componente central de esa acción está en manos de organizaciones como el INTI, el CONICET y las universidades. Las posibilidades de la inserción internacional dependen en buena medida de la incorporación de la innovación y la tecnología en los procesos productivos. Otro ingrediente es la eficacia –al alcance de las pymes- de la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva para conocer el mercado internacional y sus cambios. Y el tercero, quizás el más importante, mano de obra capacitada, innovadora y comprometida con las empresas y su trabajo.
Difícilmente las pymes se puedan abastecer de esos ingredientes en el nivel nacional: la pelota la tienen las provincias y los municipios. Y para eso el nivel nacional debe aportar recursos específicos, programas de construcción de capacidades públicas y los adecuados incentivos para despertar el interés de gobernadores y autoridades locales.
Y, desde luego –esa sí competencia exclusiva del nivel nacional-, el equilibrio macroeconómico y la estabilidad normativa que permitan el desarrollo de un mercado de crédito.
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