Narcotráfico en Rosario: sin decisión política perdemos la batalla

La lucha contra el narcotráfico estará perdida sin decisión política del más alto nivel, que ordene a todas las agencias y todos los poderes para coordinar acciones de combate a las organizaciones criminales que se dedican al tráfico ilícito de estupefacientes, entre otros delitos.

Si a esa ausencia de decisión política y de coordinación interinstitucional de todos los niveles -nacional, provincial y municipal- sumamos los altos índices de corrupción revelados en casos concretos de complicidades relevantes para el crimen organizado (con jueces, fiscales, fronteras, políticos, miembros del servicio penitenciario y fuerzas de seguridad implicados), la proliferación de estas bandas que ponen en jaque la vida y la seguridad de los ciudadanos no puede sorprendernos.

Por eso, una estrategia seria de combate al narcotráfico debe implementarse simultáneamente con una lucha frontal contra la corrupción y el lavado de dinero. La falta de integridad de oficiales y funcionarios públicos permite que muchos delitos prosperen, al mismo tiempo que la falla en los controles y sanciones por lavado de dinero habilita a los delincuentes a legitimar el producto del delito en nuestra economía aumentando sus capacidades de acumular poder y peligrosidad.

No caben dudas de que el objetivo principal de la empresa criminal es el lucro y la acumulación de riqueza, dado que es precisamente el poder económico el que les otorga poder territorial para involucrarse en distintas organizaciones, además del poder de fuego y el poder corruptor, entre otras fortalezas del crimen organizado. Ese poder también les permite contaminar procesos electorales, facilitando muchas veces el acceso de delincuentes a cargos públicos y poniendo en riesgo así la calidad institucional y democrática.

El desborde de esta amenaza no solo compromete la capacidad del Estado para dar respuesta a los problemas de inseguridad que el crimen organizado trae aparejados para la gente; también compromete el orden público interno y puede poner en jaque la gobernabilidad y la estabilidad misma del Estado.

Dado ello, para ser efectivos en el debilitamiento del mencionado flagelo, también resulta fundamental atacar el poder económico de las organizaciones fortaleciendo la lucha contra el lavado de activos, el corazón de su objetivo y razón principal de ser, para despojar a la empresa criminal de su dinero y sus bienes, con el fin de hacer frente de manera eficaz al crimen organizado.

Lo que pone al descubierto el avance del narcotráfico en Rosario es la falta de decisión política del más alto nivel, la falta de coordinación y la corrupción que permea el sistema, lo que coloca a nuestro país y a sus ciudadanos en una situación crítica en materia de seguridad y defensa.

Las falencias cuantitativas de fiscalías, juzgados o de personal, para expresar estos problemas genéricamente, así como de infraestructura y de capacitación, incrementan el riesgo de que las actividades ilícitas prosperen y se extiendan de Rosario al Gran Buenos Aires y otros lugares donde ya se advierten señales claras de arraigo de estas amenazas.

No serán suficientes jueces y fiscales honestos y valientes, ni el sistema procesal penal acusatorio, si las fuerzas de seguridad (incluido el servicio penitenciario), las fronterizas y las de inteligencia (incluida la financiera) no se coordinan conforme sus facultades legales para abordar el flagelo del crimen organizado en nuestro país desde las fronteras del Norte hasta los puertos de todas las laderas.

Estamos corriendo detrás de los acontecimientos y ningún esfuerzo será suficiente ante la falta de decisión política del más alto nivel que ordene a todas las agencias y poderes, con el objetivo de coordinar acciones de combate a las organizaciones criminales y de defensa de nuestra sociedad.

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