La capacidad de contratar

Las naciones avanzan y se desarrollan asegurando las reglas de cooperación y la confianza de contratar compitiendo. Sin imposiciones ni alteraciones arbitrarias de las condiciones pactadas. Esa revelación prevalece en países poblados por apenas el 18% de la humanidad y obtiene el 63% del PBI mundial.

Desde hace tiempo, aprendimos que las personas saben mejor que nadie sus necesidades; pujan por valorar sus habilidades particulares; y cualquier interferencia caprichosa empobrece, comprueban las mediciones económicas y el avance de la indigencia. El hallazgo de las transacciones privadas es que cada parte gana en la medida que satisfaga apetitos ajenos. El interés por lo propio impulsa satisfacer a otros. La interacción de la especialización y competencia impulsa las destrezas individuales valorizando los ingresos.

En contraste, partido el acuerdo del interés compartido, sancionado en la Constitución, la Argentina se empobrece rápidamente, respecto de los otros países. A pesar de las declaraciones, los funcionarios subvierten el orden constitucional en procura de sus intereses particulares, hasta la desesperación por pérdidas de poder y situaciones legales anticipadas. Expropian, imponen gastos, controlan precios, subsidian, emplean, cargan impuestos, corrompen según quién sea.

Los grandes maestros del rol del conocimiento en la sociedad, los Premio Nobel Friedrich Hayek, Ronald Coase, Vernon Smith y Olivier Williamson, focalizan en el encuadre institucional que favorece el intercambio de información y la confianza de contratar. La base son las prácticas y acuerdos requeridos por los participantes. Reglas de comportamientos y medidas aceptadas, incluyendo idiomas, moral, estándares de mediciones, léase el sistema métrico decimal, la moneda de las cuentas, la defensa de las propiedades y de las vidas individuales, detallo en el libro “Fin de la Pobreza”, prologado por Ricardo López Murphy. Cuanto más parejas las normas y las medidas para todas las personas, mayor el consenso logrado y la confianza en las transacciones.

En notas sucesivas de Infobae analicé la vinculación del PBI con la estabilidad de los contratos y libertad de trabas a la competencia. A mayor conformidad de la gente y estabilidad de las instituciones, menores conflictos latentes y mayores ingresos. En contraste, la permanencia de conflictos sin resolver- las grietas- empobrece.

En los estadios de fútbol reprimen invasiones del público, pues entorpecen el desarrollo del juego. En los países avanzados, reprimen los delitos, pues empobrecen las actividades concertadas. Tampoco toleran piquetes interrumpiendo el tránsito.

Los ingresos retroceden cuando gobiernos expropian bienes privados para favorecer sus deseos particulares, dañando la propiedad y libertades. En efecto, los individuos valoran mejor que los funcionarios cuáles son sus necesidades y habilidades para satisfacerlas, en tanto los entramados institucionales liberen de barreras redundantes.

Los argentinos reclaman por la escasez de dólares. El Gobierno desconoce que faltan divisas porque las expropia. En efecto, los funcionarios mandan que todos los dólares cobrados por exportaciones, capitales, servicios, sean cedidos al precio dictado por el BCRA. Una verdadera expropiación violatoria de la Constitución.

El control de cambios conlleva una transferencia forzada de bienes de particulares en cantidad ilimitada y al precio impuesto, siempre inferior al de mercado. A ese valor demandan más divisas de las que ofrecen. Perturbando todos los contratos. Más aún, el BCRA entrega con preferencia los dólares que requieren el gobierno, entes, empresas estatales, funcionarios en el exterior y otros gastos, y para cubrir la meta de reservas internacionales. De modo que las reservas son decididas por los gobernantes, en el contexto monetario. El monto de dólares remanentes lo distribuye según criterio particular de los burócratas. Las empresas que cobran las exportaciones y otros ingresos expropiados deben entregarlos y luego solicitar los que necesitan para producir. Nunca son satisfechas en su totalidad. Esta operatoria empobrece oportunidades al conjunto nacional y explica la escasez de dólares.

Para peor, grava con “retenciones”, tributos no legislados, a las exportaciones. Y sorprende con nuevos impuestos a las grandes fortunas, ganancias “inesperadas”, de personas privadas señaladas. Pocas democracias expropian tan gravemente los cobros del exterior de personas privadas.

La Pampa Húmeda existe desde tiempos inmemoriales. Pero recién fue productiva cuando las instituciones facilitaron contrataciones en beneficio de la población.

El Gobierno entorpece su desarrollo, debilitando la seguridad de los contratos, y agrava el conflicto subsidiando el uso de energía y combustibles, con mayores impuestos a la población. Reclaman por la ausencia de empleos productivos, pero el Gobierno los restringe en beneficio de políticos, sindicalistas y organizaciones sociales. La producción de bienes y servicios está obstaculizada con normas caprichosas, gravámenes injustos y controles que contraen la oferta y encaren los precios. Justifican tales violaciones constitucionales abusando de los significados y del poder coercitivo.

Un abuso mayor es la exigencia de curso legal del peso, unidad de mensura de valor totalmente degradado. Alterar otras unidades de medida, como el metro o el kilo, serían estafas inadmisibles. Pero el abuso inescrupuloso denomina “peso” a una unidad de medida que sufre depreciaciones escandalosas, un fraude, alterando el sistema de medidas.

Una falacia repetida es la declaración de estados de “emergencia” para justificar decisiones inconstitucionales.

Es claro que una emergencia sólo se configura cuando razones de excepción, fuera del alcance gubernamental, generan una crisis severa. Pero los efectos previsibles de un vicio propio, en los negocios públicos, no puede considerarse una emergencia que legitime afectar derechos privados. Por caso, si la inflación produce efectos deletéreos, sobre el nivel de actividad y la pobreza, tal declive sería una consecuencia natural de la decisión de emitir moneda no demandada. Responsabilizar a otros de errores propios, el chivo expiatorio, contraría superar dificultades.

Los funcionarios no deberían declarar luchar contra consecuencias esperables de sus acciones, para debilitar derechos de los particulares, como los “controles de precios”.

Es fácil observar la frecuencia con que la Constitución es violada. El remedio sería que la población se esclarezca y el poder judicial cumpla su rol eminente. Remedios debilitados por el relato ideológico repetido, indoctrinando las mentes desde edad temprana en escuelas que no enseñan, y desconocimiento de los poderes de la Constitución.

La Argentina fue el país de América que retrocedió más en el Índice de Percepción de la Corrupción, compilado por Transparencia Internacional, en 2021. La injerencia de la política en la Justicia consolida la sensación de impunidad; los abusos de poder en la pandemia, el vacunatorio VIP, contrataciones del Estado, abundan los perjuicios de la corrupción.

Las disputas internas del Gobierno agravan la incertidumbre de los convenios, hasta cuestionar el cumplimiento del reciente compromiso con FMI, por USD 45.000 millones, con metas trimestrales hasta 2024.

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