El 4 de abril se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 58/2022 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que establece que antes del 1º de mayo los trabajadores de los organismos de la Administración Pública Nacional deberán volver a la modalidad de trabajo anterior a la pandemia de Covid-19, es decir, la presencialidad plena. Esto implica el retorno a las oficinas con barbijo y ventilación de ambientes, pero sin el distanciamiento social de dos metros, de acuerdo con las recomendaciones de cuidados generales publicadas por el Ministerio de Salud a través de la Resolución 705/2022 el 1° de abril. Quienes pertenecen a grupos de riesgo deben presentar la documentación médica que lo acredite para quedar exentos de la presencialidad.
En este panorama, quienes nos dedicamos al estudio de la Administración Pública creemos que los dos años de experiencia de la dinámica del teletrabajo dejaron grandes aprendizajes que deben ser tenidos en cuenta y que decisiones como esta invitan a desconocerlos.
A partir del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado en marzo de 2020, la Administración Pública se vio en la necesidad de experimentar una nueva forma de trabajo que, hasta ese momento, solo ocurría en pequeños reductos del sector privado. A pesar de las dificultades y las incertidumbres iniciales, el sector público logró continuar con la provisión de bienes y servicios a través del teletrabajo. Muchos puestos y normativas jamás se hubiesen pensado como trabajo a distancia si no hubiera sido por la situación epidemiológica y el nivel de digitalización del empleo público, por lo que la actual decisión de volver a la presencialidad plena tiene más que ver con una mirada siglo XX antes que con una que pueda utilizar la infraestructura y las capacidades estatales de manera inteligente.
Además, existen múltiples estudios realizados por los propios organismos estatales que indican que el teletrabajo ha mostrado resultados positivos respecto del cumplimiento y las posibilidades de sostener las actividades laborales desde la distancia, sumado a encuestas que muestran que la mayoría de los empleados que han teletrabajado realizaron un balance general positivo y consideran que esta modalidad tiene una enorme potencialidad.
Pero que no se confunda el lector, no estamos en contra de la presencialidad y no desconocemos que hay puestos que, por sus características, no permiten una total virtualidad, porque no es de lo que estamos hablando. De lo que se trata aquí es de tomar las experiencias positivas y de animarse a ir un paso más allá, de innovar, porque un Estado que no aprende de sus experiencias es un Estado que no avanza.
Se trata de que el Estado tome la decisión de plantear no una presencialidad plena, sino una presencialidad inteligente. No se trata solo de la utilización del expediente electrónico y las múltiples plataformas que ya existen, sino de dar un paso más: ¿cuál es el verdadero sentido de estructurar el trabajo en jornadas laborales presenciales cuando hay ciertas tareas para las que no es necesario? Durante el ASPO y el DISPO el Estado desarrolló estrategias y recursos, utilizó su capacidad instalada en términos de digitalización gubernamental y dotó a los empleados públicos de conocimientos, herramientas y rutinas para el teletrabajo. Este incipiente cambio de la cultura administrativa fue posible, también, por la predisposición de los empleados estatales y el escenario postpandémico que se avecina es una oportunidad inigualable para plantear en serio un modelo laboral que cumpla con los principios de eficacia y eficiencia. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta gran oportunidad para repensar el empleo? El proceso implica reconfigurar normativas y avanzar hacia una administración 4.0, que sea ágil, operativa, capacitada, bien remunerada y que brinde un servicio público de calidad.
Así como en España se está contemplando la vuelta al teletrabajo como parte de un plan de ahorro energético a nivel nacional motivado por la guerra en Ucrania, en Argentina, donde la situación energética, aunque por otros, motivos también es crítica, se presenta una oportunidad inmejorable de reducir el consumo energético en las dependencias estatales, sumado al descenso del uso del transporte público y privado con la consecuente contaminación ambiental, por citar solo uno de los posibles impactos visibles.
El camino más difícil e impensado ya se recorrió. Es cuestión de decisión política continuar mirando hacia el futuro.
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