Consejo de la Magistratura: el nuevo integrante por el Senado debe ser Luis Juez

En este país no se aburre nadie. Cuando hay intereses políticos intensos, saber lo que dice una ley parece casi tan difícil como resolver los problemas de la economía. Pero, aunque las picardías y zancadillas de los poderes públicos parecen divertidas, son solo una muestra más de la fragilidad de nuestro Estado de derecho. Esto es lo que pasa con la guerra del Consejo de la Magistratura.

El lunes, la Corte clarificó que se le debía tomar juramento a las nuevas integrantes que ya estaban en condiciones de asumir (aunque el Congreso no hubiera designado aún a sus propios representantes), anuló la absurda decisión del juez federal de Paraná que pretendió frenar las designaciones de diputados y senadores y mandó todo al Consejo para que evalúe su posible mal desempeño.

Listo, ya está, fin de la novela, game over. ¿Pensaste eso? Pues no, mi ciela. Dice Cristina Fernández que, aunque sean casi las 11 y media de la noche del martes, te despiertes, que entendiste mal. Dice que sí, que se acuerda de que siempre sostuvo que el fallo de la Corte de diciembre del año pasado declarando inconstitucional su reforma de 2006 era un golpe institucional y que no lo iba a respetar.

Pero, bueno, con esto de que el juez federal de Paraná no era tan alto como se autopercibió cuando quiso dejar sin efecto una resolución del máximo tribunal de la Nación, decidió que en realidad sí va a cumplir el fallo de la Corte. ¡Ah, qué bien!, pensás vos. No, no, esperá, no seas ansioso. Dice que lo va a cumplir, pero fuera de plazo y luego de partir su bloque para arrebatarle la segunda minoría al PRO. Gol. Con la mano, pero gol.

¿Cómo están las cosas hoy? Doñate todavía no asumió. Tampoco la diputada radical Roxana Reyes, que finalmente obtuvo la firma del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, en una resolución judicializada por el jefe de la bancada de su mismo partido, Germán Martínez.

La oposición también fue a la Justicia. El PRO pidió que se anule la designación de Doñate y que se designe a Luis Juez. Y el propio senador cordobés, al que se le fueron hasta las ganas de hacer chistes porque creyó que la musiquita de la Corte seguía sonando sin advertir que estaban todos sentados menos él y que desde su silla lo saludaba el oficialista Martín Doñate, denunció penalmente a la Vicepresidenta por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.

¿Qué va a pasar? Es difícil que el Poder Judicial resuelva la cuestión en forma definitiva antes de que finalicen los mandatos de todos los consejeros en noviembre próximo o de que el oficialismo y la oposición logren negociar una nueva ley, como deberían haber hecho desde el 16 de diciembre de 2021, cuando la Corte declaró inconstitucional la reforma de 2006. Entre tanto, sin una medida cautelar que diga otra cosa, el presidente del Consejo debería tomarles juramento a Doñate y Reyes.

Pero, aunque hoy no se pueda disponer, desde el punto de vista jurídico el consejero por el Senado debería ser Luis Juez. ¿Por qué? Porque el momento legalmente relevante para identificar a la segunda minoría no era el martes a la noche, sino cuando la Corte resucitó la ley original o, a lo sumo, el 16 de abril, cuando se cumplió el plazo de 4 meses para dictar una nueva ley o designar a 7 consejeros y así completar la integración de 20.

En principio, las mayorías y minorías deberían identificarse al momento de la designación para reflejar los cambios que puedan producirse por la fluidez propia de la política. Es cierto que esto les abre la puerta a posibles cambios en la conformación circunstancial de nuevas mayorías o minorías solo a los efectos de ocupar más espacios de poder. Pero, aunque esto pueda parecer irrazonable (de hecho, hay propuestas para medir la representación con otros sistemas), no necesariamente es ilegal, en especial si todos los sectores tienen las mismas posibilidades de hacerlo.

Esto es lo que hizo Cambiemos en 2015 para designar al diputado Pablo Tonelli (PRO) en lugar de Anabel Fernández Sagasti (Frente para la Victoria). Juntó porotos de otros bloques e interbloques y se convirtió en la mayoría. El Frente para la Victoria hizo lo mismo en 2018. Sumó voluntades del peronismo federal para designar a Vanesa Siley y Graciela Camaño.

Pero el caso de Luis Juez y Martín Doñate es distinto.

Primero, no se trató de una minoría que convenció a otros para convertirse en una mayoría circunstancial, sino de una mayoría que simuló una división para quedarse con la silla de la minoría. No tuvo que convencer a nadie, no juntó voluntades. Dependió solo de sí misma. Es como si en una elección legislativa nacional un partido mayoritario provincial simulara una partición interna para quedarse con los tres senadores (los dos de la mayoría y el tercero de la minoría). Sí, ya sabemos que ocurrió, pero eso no quiere decir que esté bien. Está mal. Es trampa.

Segundo, hasta que la Corte declaró la inconstitucionalidad en diciembre de 2021, la segunda minoría prevista en la ley original del Consejo no existía. Su composición debe entenderse en el marco de la resolución de la Corte. Podemos discutir si el momento para contar los números es el del fallo (esto es lo que yo creo que correspondería para evitar especulaciones posteriores) o el del vencimiento del plazo de 6 meses para su cumplimiento. Lo que seguro no podemos hacer es medir los bloques con el plazo ya vencido.

¿Por qué? Porque si habilitáramos esto, estaríamos convalidando que se aproveche de manera indebida un poder meramente formal (el de la presidenta del Senado de firmar designaciones) para incumplir una sentencia definitiva de la Corte Suprema, generar con ello una demora y, en ese ínterin deliberadamente producido por el incumplimiento del fallo, ignorar dos pedidos expresos de la segunda minoría para que se designe a Luis Juez, partir el bloque mayoritario y meter a Doñate por la ventana.

Con total naturalidad, el oficialismo reconoce que hizo trampa, pero sostiene que es legal. Lo dijo la senadora oficialista Juliana Di Tullio cuando le preguntaron si lo de Doñate no es lo que denunciaron en 2015. “Claro que sí, te lo voy a admitir”, le dijo al periodista Gabriel Sued. “A mí me enseñó a ser tramposa Tonelli. La oposición me enseñó a hacer trampa”, dijo. Y agregó: “Esa trampa o picardía, porque no es ilegal, esa picardía me la enseñó Tonelli. A llorar al campito”.

¡Pero la trampa nunca puede ser legal! Si algo justifica la intervención del Poder Judicial en las decisiones de la política, además de corregir violaciones de derechos, es justamente evitar que se consolide una trampa a los procedimientos democráticos. Si le anulo la botonera a una diputada para impedirle que vote y la diputada me lo cuestiona en la Justicia, mi respuesta no puede ser que soy una pícara.

Esto es lo mismo, pero más sofisticado. Sí, se puede hacer política. Se debe hacer política, que es lo que no hizo el Congreso desde el 16 de diciembre de 2021 cuando la Corte le dijo que tenía seis meses para sancionar una nueva ley. Pero cuando hacemos trampa somos bastante más que pícaros, y lo que lloramos en el campito no es la silla de unos u otros en el organismo que elige a los jueces, sino las reglas de la democracia.

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