Algo anda muy mal: los rezagos tarifarios que esperan al 2023

En un contexto optimista sobre la aplicación efectiva de estos aumentos y la normalización” de costos de la energía a fin de año (suponiendo que los aumentos observados hasta aquí y previstos durante 2022 desaparecerán desde diciembre en adelante), la significativa corrección tarifaria pendiente -aunque sea para lograr retrasos tarifarios como los de diciembre de 2019- no será resuelta ni siquiera aliviada. En el peor de los casos, si no se cumplen los supuestos optimistas adoptados, las perspectivas son todavía peores, dejando abierta la ocurrencia de desajustes y correcciones más drásticas a futuro.

En el camino, además, se habrá agravado la manipulación de la estructura de precios al vincular tarifas con ingresos de los usuarios, de forma totalmente discriminatoria e impropia respecto de una intervención razonable del Estado para mejorar la asignación de recursos y promover desarrollos competitivos y eficientes de mediano y largo plazo que permitan, de forma sostenible, reducir los costos y mejorar los servicios recibidos por el conjunto de la población.

Habiendo finalizado el primer trimestre del año en curso, y luego del acuerdo celebrado con el FMI, la realidad en materia de aumentos de tarifas de servicios públicos para los usuarios residenciales en la Argentina -y en el Gran Buenos Aires en particular- es la aplicación, desde marzo, de subas en torno al 20% tanto en gas natural en todo el país (concentrada en subas de los márgenes de transporte y distribución) como en el servicio eléctrico en GBA (incluyendo en este caso aumentos en la remuneración del transporte y el precio de la energía aplicables en todo el país).

Asimismo, según ha anunciado el Gobierno nacional, estos aumentos en las tarifas de energía serán complementados durante este año aplicando una segmentación tarifaria según ingresos, distinguiendo tres grandes grupos de la población:

1) Usuarios de muy bajos ingresos, que cuenten con tarifa social (menos del 25% del total), tendrán subas finales que representarán el 40% del índice de variación salarial (IVS) que midió el Indec en 2021 (53,4%); así, enfrentarán subas finales del 21,4% en gas y electricidad durante el corriente año;

2) Resto de los usuarios residenciales tendrán aumentos iguales al 80% del IVS, esto es, se incrementarán 42,7 por ciento;

3) Usuarios de muy altos ingresos (que incluiría eventualmente al 10% del total a nivel nacional, identificados inicialmente por la localización y valuación de sus inmuebles), tendrán subas adicionales por cuanto los precios de la energía incluidos en sus tarifas serán aumentados hasta eliminar el subsidio fiscal recibido (emergente de la diferencia entre el costo mayorista del gas y de la generación eléctrica con los precios de estos insumos incluidos en sus tarifas).

En otros servicios públicos, como transporte urbano y saneamiento en el Gran Buenos Aires (GBA), cuyas tarifas reales también están fuertemente retrasadas -en 2021, el subsidio fiscal al transporte representó 0,6% del PBI y el de AySA 0,07% del PBI-, todavía no ha habido anuncio oficial sobre aumentos a ser implementados durante este año. En este contexto, frente a una inflación proyectada en 2022 del 60% (que implica aumentos de costos en una magnitud similar, excepto en caso de un retraso cambiario real -poco probable e insostenible-, y en particular seguramente mayor atendiendo a la situación hídrica y de precios internacionales de los hidrocarburos verificada en lo que va del año, incluso antes de la invasión de Rusia a Ucrania), los subsidios fiscales -del 2,6% del PBI en el área energética, y 3,3% del PBI considerando estos cuatro servicios públicos en conjunto- no sólo no podrán caer sino que además subirán de forma significativa.

En el caso de los subsidios energéticos, tomando en cuenta que la aplicación de las subas tarifarias pendientes puede demorarse y que los costos del GNL (Gas Natural Licuado) y de los hidrocarburos líquidos necesarios para la generación eléctrica pueden representar aumentos de costos reales (en dólares) importantes en los servicios de gas y electricidad, éstos bien podrían aumentar más de un punto porcentual del PBI en 2022.

Escenarios posibles

Claramente, se trata de un escenario muy perturbador en el corto plazo, a partir del cual cabe esperar subas tarifarias adicionales o el incumplimiento del compromiso asumido con el FMI, lo cual a su vez podrá o no representar una caída de dicho acuerdo y el ingreso finalmente a una situación de default con el organismo (entre otros problemas macroeconómicos derivados de allí). En todo caso, concentrando la atención en los ajustes tarifarios pendientes a futuro (esto es, las correcciones tarifarias que quedan sin resolver desde 2023 en adelante), independientemente de la trayectoria del subsidio energético y el déficit fiscal, una perspectiva “optimista” en este momento sería suponer que las subas tarifarias anunciadas pendientes en gas y electricidad serán efectivamente aplicadas a lo largo de 2022 y que se aplicarán subas tarifarias similares a las previstas (del 40%) en el transporte y saneamiento en AySA, proyectando una inflación anual y devaluación nominal del 60% y suponiendo que los costos reales (en dólares) de los servicios públicos no aumentarán.

Una perspectiva “pesimista” (en términos de la profundización del rezago tarifario real en los servicios públicos) puede incluir distintos supuestos (incluyendo un nivel de inflación y/o de devaluación nominal mayor al 60%, la no aplicación de nuevos aumentos tarifarios en ningún servicio en lo que resta del año y/o la permanencia de mayores costos en dólares para la importación de GNL y de hidrocarburos líquidos -no contrarrestados por menores necesidades de importación- desde dic-2022 en adelante).

El cuadro presenta, para los cuatro servicios públicos considerados previamente, los valores tarifarios nominales y las diferencias entre tales tarifas y los costos de cada servicio tomando en cuenta sólo los usuarios residenciales con consumos medios, y agregando gasto total (antes de impuestos) en base a una canasta familiar supuesta en distintos momentos entre 2001 y 2021, proyectando la situación a diciembre de 2022 según supuestos “optimistas” en cuanto a lograr minimizar el rezago tarifario respecto de los costos de cada servicio.

Considerando la aplicación de los aumentos anunciados en el área de energía (y de aumentos similares no anunciados todavía en transporte y saneamiento en GBA), sin mayores costos reales vs. 2021 y con una inflación y devaluación nominal del 60% durante 2022, el conjunto de precios y tarifas arrojará un aumento agregado en torno al 53%, que no permitirá reducir el retraso tarifario respecto de los costos reales proyectados ubicado en torno al 66% a fines de 2021.

Observado detenidamente, este cuadro permite ver la génesis del retraso tarifario en el período 2002-2015: si las tarifas nominales vigentes en dic-01 y dic-15 se comparan con la inflación en dicho período, y los rezagos entre las tarifas y los costos se utilizan para computar los costos estimados en cada momento, tal ejercicio permitiría ver que el desfase se originó tanto por reducciones tarifarias reales como por aumentos de costos reales producto de las distintas intervenciones regulatorias distorsivas en los años previos (que llevaron a aumentar las importaciones de gas natural y la utilización de combustibles líquidos en la generación eléctrica, a reducir la eficiencia operativa de varias empresas prestatarias, etc.).

Por ejemplo, considerando que la inflación acumulada entre dic-01 y dic-15 (obviando los datos del INDEC entre 2007 y 2015) rondó 1.340% (de forma que hubo un aumento general de precios levemente menor al del precio de un dólar estadounidense en ese período), entre 2001 y 2015 el precio del gas en boca de pozo aumentó 21% en términos reales pero el costo real del gas natural en boca de pozo subió 380%, por lo cual el retraso del precio respecto del costo pasó de 0% a 75% en ese período.

Similarmente, el precio de un pasaje en ferrocarril en GBA cayó 71% en términos reales, pero el rezago respecto del costo del servicio pasó del 8% al 93% porque el costo real subió 251%. A partir del Cuadro 1, expresando los distintos niveles tarifarios en dólares corrientes, es posible computar los aumentos que deberán realizarse a partir de 2023 para lograr 3 objetivos alternativos: 1) alcanzar los niveles tarifarios de fines de 2019 (esto es, corregir el deterioro tarifario real durante la actual administración), 2) volver a las tarifas vigentes en 2001, y 3) eliminar los subsidios fiscales y/o económicos en cada servicio.

Puede observarse, entonces, que en este escenario “optimista”, a partir de 2023 será necesario aumentar las tarifas de los cuatro servicios públicos considerados en torno a un 74% (en términos agregados, dada la canasta supuesta) sólo para deshacer el rezago introducido durante la actual administración, pero dichos aumentos deberían ser del 174% para volver a los niveles tarifarios de 2001 y del 194% (casi triplicar las tarifas de dic-22) para eliminar los subsidios fiscales y/o económicos (incluyendo la remuneración adecuada de las empresas de transporte y distribución de gas natural y energía eléctrica).

Comentarios finales

Las aproximaciones anteriores muestran que las correcciones tarifarias en marcha durante 2022 serán altamente insuficientes, no sólo para lograr reducir el déficit fiscal durante este año sino también para sincerar los verdaderos costos de los servicios públicos, primer paso ineludible más allá de las reformas que permitan reducir de forma sostenible el costo del capital y aumentar la eficiencia en las distintas prestaciones, ya que sólo tal reducción de costos es lo que permitirá tener servicios públicos de calidad accesibles para el conjunto de la población.

La segunda mala noticia de estas novedades regulatorias entonces es que, además de insuficientes, los aumentos tarifarios anunciados en el área de energía no hacen sino aumentar las distorsiones ya existentes en pos de recuperar una gramática regulatoria tendiente a la reducción de costos de los servicios públicos.

Como analicé en la columna anterior en Indicadores de Coyuntura de FIEL de marzo 2022, tratar un servicio público como si fuera un bien público, y por ende diseñar tarifas como si fueran impuestos (asociados a la capacidad de pago de los contribuyentes), no hace más que promover posteriores regulaciones que restrinjan la competencia y ausnten inversiones eficientes.

Esta columna fue publicada en Revista Indicadores de Coyuntura 640, abril 2022 Fundación FIEL

SEGUIR LEYENDO: