El Gobierno prepara un proyecto para gravar la “renta inesperada” de algunos sectores ante el aumento circunstancial de precios como producto de factores externos y aleatorios.
Cuánto mal le hace un proyecto de esa clase a un sistema tributario desbordado de carga fiscal al sector productivo y con una complejidad que espanta a los emprendedores ante la obligación de cumplir con 165 tributos entre la nación, las provincias y los municipios.
De avanzar con este impuesto, el Estado se asegura un rol privilegiado frente al sector privado, ser socio “solo en las ganancias” y si por cualquier circunstancia inesperada, ese resultado mejora, ese plus también se lo quiere llevar el bolsillo público.
Decimos que es un privilegio porque cuando el resultado sea negativo, una pérdida, algo que sucede con frecuencia en un país con tanta inestabilidad económica y cambios pendulares en las reglas de juego, el contribuyente está solo y asume el riesgo de pérdida de su capital y esfuerzo.
El sistema tributario argentino está desbordado de carga fiscal al sector productivo y con una complejidad que espanta a los emprendedores ante la obligación de cumplir con 165 tributos entre la nación, las provincias y los municipios
Paradójicamente, ante un quebranto, el contribuyente tiene una verdadera carrera de obstáculos para su cómputo futuro, con clasificaciones que impiden su compensación en forma simple (quebrantos específicos, de fuente extranjera y por categorías de ganancias) más allá de una interpretación fiscal arbitraria que prohíbe la actualización de los mismos, que en un escenario de alta inflación el quebranto se derrite como un helado en la mano.
Según un informe del Banco Mundial que mide la tasa tributaria total en porcentaje de utilidades comerciales, la Argentina ocupaba en 2019 el penúltimo lugar con una incidencia del 106,3%, solo superada por Comoras, un pequeño país africano. El promedio mundial es el 40,38% y para dar un ejemplo de los vecinos, Brasil tiene el 65,10, Uruguay el 41,80, Paraguay el 35% y Chile el 34%.
El Estado se asegura un rol privilegiado frente al sector privado, ser socio “solo en las ganancias” y si por cualquier circunstancia inesperada, ese resultado mejora, el plus también queda en el bolsillo público
El nuevo gravamen que prepara el Gobierno se enfocará en empresas que tengan ganancias netas imponibles superiores a 1.000 millones de pesos al año, y que hayan tenido un aumento significativo respecto del año 2021, período que, en rigor de verdad, fue nefasto para gran parte de la actividad económica por la pandemia.
El impuesto a la “renta inesperada” no es el remedio más adecuado en esta coyuntura política, económica y social, dado que el contribuyente llegó a un límite de tolerancia para aceptar más carga fiscal que de aprobarse (lo dudo) será un verdadero atentado contra la inversión productiva.
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