Bomba en el comedor policial: ni una placa en la Ciudad recuerda a los 23 muertos del peor atentado de Montoneros

Un simple relevamiento en internet indica que Rodolfo Walsh es el periodista, escritor y revolucionario argentino con la mayor cantidad de honores y reconocimientos: libros, documentales, películas, barrios, calles, pasajes, plazas, plazoletas, escuelas, centros de enseñanza, aulas, unidades básicas, casas populares, monumentos, placas, auditorios, cátedras, jornadas académicas y premios. Y en todo el país. Mucho más que Ernesto Che Guevara.

Sin ir muy lejos, a una docena de cuadras del edificio de Seguridad Federal —que ahora se llama Superintendencia de Agencias Federales—la estación Entre Ríos de la Línea E de Subterráneos sumó el nombre Rodolfo Walsh en 2013 por el voto unánime de los legisladores porteños, en recuerdo del lugar donde fue acribillado a balazos. El proyecto de ley fue presentado por la entonces legisladora K Gabriela Cerruti, hoy portavoz presidencial.

En contraposición, los veintitrés muertos y ciento diez heridos de la bomba vietnamita colocada por Montoneros en el comedor de Seguridad Federal, el viernes 2 de julio de 1976, no tienen una sola calle ni un pasaje ni una plaza ni una plazoleta ni un monumento en toda la Capital Federal.

Ni siquiera una placa pública tienen las víctimas en toda la ciudad de Buenos Aires; hay una, pero adentro del comedor atacado e incluso no se refiere directamente a la bomba, sino que dice: “A los abnegados policías que aquí ofrendaron sus vidas en cumplimiento del deber”.

Eso a pesar de que fue el atentado más sangriento de los 70 y de toda la historia argentina hasta 1994, cuando un atentado terrorista destruyó la AMIA.

La bomba fue dejada en una silla a la hora del almuerzo por Salgado, un joven de veintiún años que era agente de la Policía Federal y también pertenecía al eficiente Servicio de Inteligencia e Informaciones de Montoneros. Un doble agente: hoy, un traidor para los policías; un héroe para los guerrilleros.

Su jefe o “responsable” en el aparato de Inteligencia de Montoneros era, precisamente, Walsh o “Esteban”, su nombre de guerra, que coordinaba al valioso lote de espías esparcidos en el Ejército, la Marina, la Aeronáutica y la policía de la provincia de Buenos Aires.

En realidad, había una placa en la pared de Moreno 1417, pero fue retirada y enviada presuntamente al Archivo Nacional de la Memoria, durante la gestión de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, durante el segundo mandato de la presidenta Cristina Kirchner; en cambio, en 2011, el inmueble fue señalizado —correctamente— con un cartel bien visible como uno de los Centros Clandestinos de Detención de la dictadura.

Las víctimas fueron todas policías de muy baja graduación; incluso, varios ni siquiera cumplían funciones policiales, entre ellos, un mozo, el cajero, el encargado del edificio, un enfermero y un bombero. También murió una empleada de la empresa estatal YPF.

Es decir que todas las víctimas fueron empleados públicos.

A pesar de eso, ninguno de los herederos de los muertos recibió ninguna ayuda especial por haber sido víctimas de la guerrilla; no se podía: nunca estuvo previsto en los decretos y en las leyes, ni en dictadura ni en democracia.

En cambio, los parientes de los montoneros que participaron en el atentado contra el Casino de Seguridad Federal, y murieron por diversos motivos, cobraron entre cuatro y siete veces más que los familiares de sus víctimas, de acuerdo con la ley 24.411, sancionada en 1994, y al decreto reglamentario 403, de 1995, para indemnizar a las personas que desaparecieron o murieron “como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de grupos paramilitares”.

A la hora de distribuir el oro y el bronce a los muertos en los 70 por la violencia política, la hegemonía cultural del centroizquierda y la izquierda expresados por el kirchnerismo o cristinismo es absoluta: desde 2007 el gobierno de la ciudad está en manos del PRO, una fuerza ubicada del centro a la derecha que, con sus aliados, domina la Legislatura con mayoría propia desde 2017. Podrían haber impulsado algún reconocimiento a las víctimas del atentado en el comedor de la Policía Federal; por el contrario, se plegaron siempre a las iniciativas de la oposición en favor de Walsh.

Luego de la bomba, el 2 de julio se convirtió en el “Día de homenaje a los policías federales caídos en cumplimiento del deber”, que se conmemora todos los años con un acto en el cenotafio ubicado en la avenida Figueroa Alcorta y Monroe, y un discurso del jefe de la Policía Federal. Ni siquiera allí las víctimas del comedor tienen una placa propia, sino que forman parte del listado de los policías muertos a lo largo de la historia, desde el siglo XIX, ordenados por fecha.

El cristinismo buscó dejar su huella en la Policía Federal con una serie de medidas simbólicas, que colocaron a ese organismo y a sus jefes de los 70 en el bando de los malos; de los enemigos de los buenos, es decir de los jóvenes revolucionarios. Una manera de justificar por la negativa —indirectamente— el atentado al Casino de Seguridad Federal.

En simultáneo con el retiro de la placa y la nueva señalización del edificio, en 2011 la ministra Garré cambió los nombres de los tres institutos de formación de la Policía Federal porque, según la explicación oficial, homenajeaban a tres jefes que fueron exponentes de la represión ilegal y del terrorismo de Estado.

Dos de esas personas habían sido muertas por Montoneros en sendos ataques explosivos: el comisario Alberto Villar, en 1974, y el general Cesáreo Cardozo, en 1976, cuyos nombres habían sido puestos a la Escuela de Agentes y Suboficiales, y a la Escuela Superior de Policía.

La Escuela de Cadetes, que forma a los oficiales, se llamaba Ramón L. Falcón en honor al coronel asesinado por el anarquista Simón Radowitzky en 1909.

Pero, no fue que alguno de esos institutos pasó a llevar el nombre de, por ejemplo, el general Arturo Corbetta, el jefe que afirmó en su discurso de asunción del cargo, en 1976, que la Policía Federal debía reprimir a la guerrilla “con el Código Penal en la mano”, y que fue echado luego del atentado en Seguridad Federal, cuando se opuso a que algunos comisarios salieran a vengar a los muertos.

Es que el cristinismo tampoco estaba de acuerdo con la doctrina Corbetta: los grupos guerrilleros no debían ser reprimidos por el Estado de ninguna manera. No podían serlo porque, en su opinión, portaban la ideología correcta y expresaban los verdaderos intereses del pueblo. ¿Cómo se le podía ocurrir a Corbetta juzgarlos y, peor aún, fusilarlos?

En ese punto, para los simpatizantes de los revolucionarios de los 70, Corbetta y los otros generales que encabezaron la Policía Federal durante la dictadura fueron lo mismo, en esencia. La división entre represión legal y represión ilegal no les resulta significativa. Tanto es así que los cuadros de ninguno de esos jefes forman parte ya de la galería de retratos del Salón Dorado del Departamento Central. Incluido el de Corbetta, que, además, salvó a varios de una muerte segura, pero cuya memoria continúa en las sombras, sin ningún reconocimiento público.

El Salón Dorado es el recinto más distinguido del Departamento Central y puede ser visitado en los recorridos semanales organizados para el público. Sus paredes lucen los retratos al óleo de los jefes de la Policía Federal que lograron sobrevivir a la curaduría de Garré y sus colaboradores, que no fue revertida por sus sucesores, tanto de Cambiemos como del Frente de Todos.

En una exposición artística, un curador también se comporta como un comisario: decide cuáles obras participan y cuáles no. En este caso, no fue, ciertamente, una selección por criterios artísticos, sino ideológicos y políticos.

Según el comisariato cristinista, la historia de la Policía Federal que vale la pena ser contada arranca en 1952, con la designación del inspector general Miguel Gamboa, un funcionario de absoluta confianza del presidente Juan Perón y el primer policía en encabezar esa fuerza que, hasta ese momento, había sido conducida por militares.

A partir de ahí, las ausencias son notorias. Por ejemplo, faltan los cuadros de los tres jefes asesinados por Montoneros: Villar y los generales Cardozo y Jorge Cáceres Monié.

En cuanto a Cardozo y Cáceres Monié, se podría argumentar que eran militares y el cristinismo dejó de lado en su curaduría a los numerosos generales nombrados al frente de la Policía Federal. Pero, Villar era policía. Es cierto que Montoneros lo acusaba de integrar el “núcleo originario” de la Triple A —según una investigación de, precisamente, Rodolfo Walsh—, pero era la acusación de un grupo guerrillero y él había sido nombrado por el propio Perón en su tercera presidencia.

En el vecino Salón de los Pasos Perdidos cuelgan los retratos de jefes de la Policía de la Capital; falta —obviamente— el de Falcón, a pesar de que había sido nombrado por el gobierno constitucional del presidente José Figueroa Alcorta.

A partir de 2011, la Escuela de Cadetes tomó el nombre del comisario Juan Ángel Pirker, el recordado jefe de la Policía Federal del presidente Raúl Alfonsín entre 1986 y 1989; la Escuela de Agentes y suboficiales, de Enrique O´Gorman, un civil que fue jefe de la Policía de Buenos Aires de 1867 a 1874, cuando profesionalizó la institución, abolió el uso del cepo y creó los Bomberos, y la Escuela Superior de Policía, del comisario general y abogado Enrique Festanes, un teórico de la actividad policial del siglo XX.

Garré también modificó los planes de estudios de los futuros suboficiales y oficiales. “El cambio de paradigma es necesario”, señaló la ministra.

Lo que no alcanzó a concretar el cristinismo fue su intención de modificar la fecha en que la Policía Federal —”la institución”, como dicen sus miembros— conmemora a sus muertos, que continúa siendo, al menos por ahora, el día de la voladura del comedor, el 2 de julio.

Ceferino Reato es periodista y escritor. El texto es parte de su último libro, “Masacre en el comedor”

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