¿Estado vs. sociedad civil?

Existe un riesgo serio de que el 16 de abril el Consejo de la Magistratura se paralice porque el Congreso no remita sus representantes por la segunda minoría, incumpliendo así el fallo de la Corte Suprema. Todo indica que el oficialismo prefiere esa situación a dejar que el presidente del Máximo Tribunal también presida ese organismo. Que el Consejo deje de funcionar va a ampliar la ya de por sí enorme cantidad de vacantes de jueces y juezas sin cubrir, algo que tiene graves consecuencias para la ciudadanía, pero evidentemente no tanto para sus representantes.

La posible parálisis de este organismo estratégico del sistema judicial no es más que una “mancha más al tigre” en materia de calidad democrática de nuestro país, particularmente de instituciones que deberían tener algún tipo de independencia respecto de los poderes políticos y que deberían garantizar cierto control sobre ellos.

Aquí va un listado no taxativo de situaciones en las cuales la desidia, la especulación y/o la falta de acuerdos de los distintos sectores legislativos repercute en los derechos políticos de la sociedad civil (como se verá, probablemente “la grieta” sea negocio para algunos políticos pero claramente no lo es para la ciudadanía). El ejemplo más claro de cómo los representantes horadan esta clase de derechos es la falta de designación del Defensor del Pueblo hace nada menos que 13 años. Se trata de una institución contemplada en la Constitución para proteger y reclamar por libertades y garantías vulneradas por el Estado, pero más que nada parece una molestia para los poderes políticos. Eso parece explicar que no se tomen el esfuerzo siquiera de reunirse a intentar lograr el consenso que requiere esta selección.

Por otra parte, el organismo que se encarga de las y los fiscales (Ministerio Público Fiscal) no tiene titular desde hace cuatro años y nada indica que lo vaya a tener en los próximos años. Así, sufrimos las consecuencias. Entre otros problemas, hay casi un 40% de vacantes de fiscales sin cubrir porque el titular interino no convoca a suficientes concursos públicos.

En cuanto al Poder Judicial, se advierte un evidente desinterés por que funcione mejor. Entre muchos otros déficits, debe destacarse que hay una enorme cantidad de cargos sin cubrir en lugares muy sensibles relacionados con el crimen organizado y la corrupción (entre otros los tribunales orales penales y federales de CABA, la justicia de Rosario o distintas ciudades de frontera). Además, hay numerosas leyes que crean tribunales de justicia en distintos lugares del país pero por distintos motivos no se ponen en funcionamiento. En San Justo, La Matanza -por ejemplo- la ley data de 2007 y el Consejo alega que no encuentran un inmueble apropiado para que funcione. En Moreno, uno de los lugares más calientes en materia de narcotráfico del Gran Buenos Aires, no se pone en funcionamiento el fuero penal de la justicia federal porque la ley de su creación, que data de 2009, no especifica correctamente cuál será la Cámara de Apelaciones de ese fuero y el Senado se niega a corregirla.

Hay más. La Constitución prevé mecanismos de participación directa: la consulta popular y la iniciativa popular. Nunca los poderes políticos llamaron a una consulta popular y ya van casi treinta años de su incorporación. Parece no interesarles ni siquiera mínimamente la opinión ciudadana sobre ningún tema. Sobre la iniciativa popular, diseñaron una ley reglamentaria tan exigente que solo en dos oportunidades se logró reunir la cantidad necesaria de firmas.

Como puede verse de todos estos ejemplos, cualquier institución que interpele de alguna manera al poder político es rápidamente neutralizada.

A esto se suman actitudes de nuestros representantes que no se condicen con la responsabilidad y transparencia que deberían mostrar por sus responsabilidades y por la época de crisis que vivimos. Pudimos ver a fin de año a legisladores y legisladoras viajando por motivos personales en plena época de sesiones, vemos cómo sigue la obscuridad en el uso de pasajes aéreos para traslados oficiales por parte de los congresistas y advertimos cómo en la administración pública muchos funcionarios y funcionarias cobran adicionales en completa informalidad a través de vales no fiscales. A eso se puede agregar el modo que encontraron para disponer que las declaraciones juradas sean opacas y no permitan conocer el detalle del patrimonio de las y los funcionarios, legisladores y jueces.

Con este tipo de hechos y actitudes -a lo que debe agregarse lo que ocurre en las provincias con reelecciones indefinidas, herramientas de control inexistentes y persecución a la prensa independiente- sólo puede crecer el discurso antipolítica. Si los políticos de los partidos mayoritarios no modifican estas posturas mezquinas, corremos el riesgo de que ese malestar sea aprovechado por movimientos que, en lugar de fortalecer la democracia la debiliten.

Es cierto que hasta ahora la ciudadanía se ha comportado de forma muy comedida ante esta clase de destrato pero distintos sectores de la política se comportan como si tuviera garantizado que esa actitud será permanente. Lo que corresponde, por el bien de todos, es que nuestros representantes modifiquen su forma de trabajo y que se tomen en serio la naturaleza de lo que son, representantes.

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