La tragicomedia del Consejo de la Magistratura

La guerra política por el control del Consejo de la Magistratura está convirtiendo las esperables disputas entre los poderes públicos en una caricatura. A los personajes habituales de la sátira (el oficialismo, la oposición y la Corte) se le sumó ahora, en una suerte de Esperando la Carroza institucional, un juez federal de Paraná. Y, como en la película, aunque los protagonistas parecen confundidos, los espectadores sabemos a quién se está velando: a la Justicia.

La trama de este guion tragicómico gira en torno a distintos grupos de poder que quieren quedarse con un botín: el Consejo de la Magistratura. El organismo es crucial no como tesoro en sí, sino porque adentro guarda una llave maestra que permite mantener a salvo las riquezas ya acumuladas y las que vendrán, además de la libertad para disfrutarlas.

Esta llave es la que abre y cierra las puertas de los despachos de la justicia federal, que resuelve los casos más importantes para el poder político y económico en todo el país, incluyendo las acusaciones de corrupción.

¿Y quién la tiene?

Bueno, hasta 1994, la llave está en un cajón del escritorio del presidente de la Nación, que elige a dedo a todos los jueces federales. Lo único que necesita es mandarle a la Cámara de Senadores el pliego, un papelucho formal con los datos del juez que le cae más simpático. Ahí, en una reunión secreta nivel fórmula de la gaseosa, los laderos del partido de gobierno negocian con la oposición para conseguir los votos que transformen al candidato en señor o señora de los intereses federales del pueblo.

¿Qué negocian? Prebendas, figuritas, favores, cargos, ascensos, aperturas y cierres de causas, etc. ¿Es difícil acordar? No mucho. Son tiempos de bipartidismo. Se ponen de acuerdo el peronismo con la UCR y se terminó. Así llegan a Comodoro Py, por ejemplo, los recordados jueces de la servilleta de Carlos Corach que denunció en los años 90 Domingo Cavallo.

Pero la película cambia en forma radical (guiño-guiño) con el Pacto de Olivos. Una tarde de mates y tortas fritas en la casa donde vive el señor presidente de la Nación, don Carlos Saúl Menem, el nombrado y el líder de la oposición y padre de la democracia, don Raúl Ricardo Alfonsín, salen a caminar por el parque. Allí, como quien no quiere la cosa, Alfonsín convence a Menem de entregar la famosa llave. A cambio le concede, como pequeña atención (“una huevadita”, le dice), la reelección presidencial.

El señor de las patillas acepta gustoso e incluso admite incorporar al Gobierno, como figura decorativa, a un jefe de gabinete de ministros. El opositor, henchido, aprovecha y mete por la ventana la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, la Auditoría General de la Nación, la autonomía del Ministerio Público y el Defensor del Pueblo. Todas cosas que, 28 años después, por suerte funcionan muy bien. Él lo imagina y es por eso que, cuando se va, casi no pasa por la puerta.

Volvamos a la llave de la Justicia federal. Los ex presidentes se ponen de acuerdo y se la entregan a un nuevo organismo que traen de la Europa continental y que meten con litros de vaselina en la Constitución Nacional gringa semi-plagiada por Alberdi 140 años antes: el Consejo de la Magistratura. Ahora el bacalao se corta ahí. Se hacen los concursos para elegir a los candidatos más idóneos y se le entrega al presidente un papelito con los tres mejores para que elija uno y lo mande al Senado, que define en una sesión pública.

No sé si hace falta aclarar que lo de los más idóneos y los tres mejores es una manera de decir porque ya avisé que es una tragicomedia, pero por las dudas: algunos reciben el examen por anticipado y otros salen últimos, pero terminan en la terna porque ganan puntos con antecedentes manipulados o porque les va bien en la entrevista personal, una ridícula excusa para justificar la discrecionalidad más absoluta. Y también hay jueces y juezas que son realmente los mejores, sí.

La llave maestra tiene otros súper-poderes. El Consejo decide si se abre o no un juicio político y, además, suspende y acusa a los magistrados ante el Jurado de Enjuiciamiento, que eventualmente los remueve. Las amenazas de remoción y, a la inversa, los salvatajes a jueces al borde del abismo pueden ser muy efectivos.

La papa, entonces, está en la integración del Consejo. Acá el guion se pone un poco espeso, como si fuera una mala traducción (sí, guiño-guiño). La semana pasada resumimos los principales actos y escenas: la ley de 1998, las reformas de 2006 y 2013, los fallos de la Corte declarando a ambas inconstitucionales y el proyecto oficialista que tuvo media sanción.

¿Adónde estamos ahora? En el último acto, iniciado en diciembre, cuando la Corte declaró inconstitucional la reforma de 2006 y estableció un plazo de 6 meses para dictar una nueva ley o sumarle 7 miembros al Consejo y que funcione como lo hacía con la norma original de 1998. Si nada de eso ocurre antes de este sábado 16 de abril, todo lo que haga el Consejo de la Magistratura será nulo.

Por los feriados de pascuas, el Consejo necesitará tomar decisiones recién a partir del lunes 18. Ese día estarán en condiciones de asumir 5 de los 7 nuevos miembros. Los otros 2 son los representantes de Diputados y Senadores que deben ser propuestos por la segunda minoría (la UCR y el PRO, respectivamente). Pero el oficialismo, a cargo de la presidencia de ambas cámaras, se niega a firmar las designaciones. Oscar Parrilli, vocero extraoficial de la vicepresidenta, dice que no van a cumplir con el fallo porque la Corte, al pretender resucitar una ley derogada, hizo un golpe institucional contra el Consejo de la Magistratura. ¿En castellano? Dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda.

Pero, como en toda tragicomedia que se precie de tal, apareció un deus ex machina: Daniel Alonso, juez federal de Paraná, que, a pedido de un diputado nacional, dictó una medida interina ordenándole a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados que se abstengan de designar a los nuevos integrantes del Consejo.

Un papelón. El máximo tribunal del país dicta una resolución y, cuando todavía no se terminó de ejecutar, la frena un juez de primera instancia. ¿Se puede hacer eso? No, no se puede. Se pueden hacer muchas cosas contra los fallos de la Corte que no nos gustan: marchas que a veces funcionan y a veces no, juicios políticos que requieren súper-mayorías que a veces conseguimos y a veces no, nuevas leyes para las que a veces tenemos los votos y a veces no.

Y hay otras que no se pueden hacer. No podemos pegarles a los jueces, ni echarlos a patadas. Y tampoco podemos traer juececitos que nos den la razón. O sea, podemos para ganar tiempo, pero más temprano que tarde volveremos a estar frente a la Corte. En este caso, de hecho, ya hay un planteo para que el tribunal anule la resolución del juez entrerriano.

La Justicia es como la mayonesa. Puede ser que le falten huevos, puede ser que no tenga cara de mayonesa, pero sigue siendo mayonesa. No podemos ponerle azúcar para hacer flancitos.

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