Si bien la Ley Nacional de Educación reconoce a la educación secundaria como un derecho que implica el acceso, la terminalidad y la construcción de aprendizajes de calidad sabemos que la realidad está atravesada por muchas variables y dista mucho de ese enunciado: apenas el 16% de los chicos terminan la escuela a tiempo y con los conocimientos necesarios en las dos materias principales, lengua y matemática. Sin dudas, la ley fue innovadora en su momento pero hoy, a 15 años de su promulgación, el diagnóstico sobre la escolaridad secundaria plantea que estamos ante un escenario de crisis, lo que es preocupante y urgente de atender pero también implica una oportunidad para recalcular el camino de una forma moderna e innovadora.
Actualmente, tenemos altos índices de desgranamiento, está bajando año a año la tasa de terminalidad en los tiempos teóricos del sistema, también están disminuyendo los desempeños escolares y sabemos que la presencia de modos de enseñar caracterizados como tradicionales son poco atractivos para los/as estudiantes. Es evidente también que estamos desarticulados con las demandas de un contexto cambiante vinculadas al mundo del trabajo y ni hablar con las exigencias de los niveles de la educación superior. Si a todo lo anterior, le sumamos que en nuestras escuelas las oportunidades de aprender aún varían según el nivel socioeconómico, el ámbito geográfico, el tipo de gestión (estatal/privado) y el capital cultural de las familias estamos en condiciones de asegurar que necesitamos un cambio impostergable. Mientras que 9 de cada 10 jóvenes de entre 20 y 22 años de más altos ingresos finalizaron el secundario, solo 5 de cada 10 lo hicieron en el grupo que se ubica en el 20% de ingresos más bajos. En una sociedad que aspira al crecimiento económico y a una distribución más justa y equitativa de oportunidades, la transformación en los sectores más vulnerables es una meta estratégica.
Es evidente que la forma de vincularse con el conocimiento impacta en la constitución de las subjetividades de los alumnos, de las habilidades y capacidades que estos desarrollan. A la luz del análisis de la realidad de la escuela secundaria, de sus resultados estadísticos pero también vivenciales es que tenemos sobrados argumentos para sostener que lo que requiere el nivel no es un mejoramiento sino una metamorfosis en sus referencias epistemológicas y culturales que puedan sostener un nuevo paradigma educativo. Ese cambio requiere un marco legal y es en el marco de esa convicción que presenté, junto con Maria Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y otros compañeros de Juntos por el Cambio, una ley para impulsar una política nacional federal e integral para el fortalecimiento de la educación secundaria. Esta idea es algo que ya está en proceso de construcción y concreción en otras latitudes y en nuestro propio país (ya está sucendiendo en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Rio Negro).
Los cambios que se esperan surjan de esta ley amerita que la creación de una “Comisión Nacional de Fortalecimiento de la Educación Secundaria”, integrada por representantes de distintos espacios, que tendrá como finalidad re institucionalizar la escuela hacia una organización pedagógica más desafiante para ofrecer aprendizajes relevantes y que los chicos puedan definir sus proyectos de vida. En síntesis: la ley promueve el desarrollo de una política integral de transformación de la escuela secundaria que fortalezca las trayectorias escolares, mejore los aprendizajes y reduzca las desigualdades educativas para lograrlo el cambio debe ser real y profundo y no mero barniz, aquí la ley propone no solo cambios pedagógicos y de curriculum sino transformaciones en la organización del espacio y el tiempo escolar, de la formación y la carrera docente y del régimen académico.
Necesitamos recuperar el entusiasmo perdido. Es por eso que la ley propone mutar del formato tradicional y promover un salto pedagógico inventando distintas formas para acceder al aprendizaje y abrir la puerta hacia nuevas oportunidades.
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