El kirchnerismo abre las puertas del país a los lavadores de dinero

La ley presentada por el Frente de Todos para pagar la deuda con el FMI con fondos de los argentinos no merece mayores comentarios desde el punto de vista técnico porque resulta ser un verdadero mamarracho jurídico de principio a fin. De todos modos, suponiendo que pueda ser aprobada (lo que dudo mucho), tiene nulas posibilidades reales de aplicación y ejecución.

En efecto, para que un proyecto de ley de esa naturaleza pueda prosperar, debe contener los incentivos adecuados para que los contribuyentes, que por distintas razones ocultaron su dinero al fisco argentino y lo resguardaron en otros países, sinceren los fondos obtenidos como fruto de su actividad legal.

Me parece importante destacar que parece más bien una medida legítima de auto preservación que los ciudadanos protejan sus ahorros en jurisdicciones más estables, cuando en Argentina existe cada vez más presión impositiva, acoso regulatorio, déficit fiscal, alta inflación, riesgo de confiscación, ausencia de contraprestación de calidad por parte del Estado y, al mismo tiempo, altos índices de corrupción sistémica y estructural, que provocan gran indignación social minando la confianza de las personas en el gobiernos.

Si a ello le sumamos las acciones de destrucción institucional que se observan en distintos ámbitos, la falta de seguridad jurídica y crisis del Estado de Derecho, está claro que no se encuentran dadas las condiciones para que se produzca el ingreso de capitales o su sinceramiento.

Con el entorno señalado, este proyecto del Frente de Todos se erige en una ley infame que constituye un verdadero apriete fiscal que de ningún modo incentiva a los contribuyentes argentinos a volver al sistema y, muy por el contrario, los expulsa.

Es oportuno recordar que el sinceramiento fiscal implementado durante el Gobierno anterior, por Ley 27.260, fue el más exitoso del mundo con relación a nuestro PIB y los argentinos revelaron aproximadamente 120 mil millones de dólares en un contexto de esperanza de cambio, de expectativas de crecimiento, de libertad y de confianza. Lamentablemente, por múltiples razones, se fracasó en materia económica y, con la vuelta al gobierno del kirchnerismo, el acoso a quienes más aportan va en aumento.

También puedo asegurar que este proyecto es puro humo y tiene nulo poder de fuego porque los organismos de control del Estado argentino que deben recabar la información han sido desmantelados y los equipos técnicos fueron reemplazados por soldados políticos al servicio de las órdenes del poder gobernante. Asimismo, a pesar de los convenios suscriptos en el marco de la OCDE o los intercambios de información financiera que puedan suceder entre las Unidades de Información Financiera (UIFs) que conforman el Grupo Egmont, la cooperación internacional no llegará por la falta de confianza en el modo de obrar de los mismos. Las fuentes de información no enviarán ningún dato para operaciones de pesca como las que se intentan. Por ello, la capacidad de acceso real a la información de otras jurisdicciones es prácticamente nula.

Además, observo con preocupación que el proyecto constituye una ventana de oportunidad para el ingreso de lavadores de dinero que originaron sus fondos en actividades ilícitas graves, como la corrupción, el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas, entre otras.

El blanqueo de capitales promovido durante el gobierno de Mauricio Macri tenía resguardos legales importantes para evitar que el dinero generado con actividades ilícitas no sea ingresado a nuestro sistema y recibió un histórico aval del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo rector en la materia de lavados de activos y financiación del terrorismo.

Debe quedar claro que los regímenes de esta naturaleza están regulados por principios y estándares internacionales que imponen resguardos para mitigar esos riesgos (aunque no son infalibles) y habilitan las amnistías por infracciones a la ley penal tributaria o cambiaria, en la medida que la actividad que generó los fondos que estaban ocultos sea lícita.

En este proyecto no hay ningún cuidado para evitar este resultado; es más, en el contexto en el que estamos, en el que no hay razonabilidad jurídica ni económica para sincerar el dinero generado en actividades lícitas, el proyecto resulta más bien una invitación para los delincuentes.

Quizás sea la intención de este proyecto, sobre todo si se tiene en cuenta no solo el dinero que la enrome corrupción del kirchnerismo tiene resguardado en el exterior (basta como muestra el caso del ex secretario de Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, que propició la revelación del escándalo de Panamá Paper con operaciones muy sofisticadas en diversos países por 70 millones de dólares y que aún permanece en Turks and Caicos), sino también la necesidad de facilitar operaciones que pueden tener origen en países aliados de este Gobierno y que son verdaderos narcoestados, como Venezuela, Bolivia, Cuba o Nicaragua.

En suma, la demagogia desvergonzada de una verdadera cleptocracia que nos gobernó desde el 2003 al 2015 y volvió en el 2019 pretende apretar a los ciudadanos argentinos para pagarle al FMI. Lo que proponen es inviable.

En todo caso, quizás, puede resultar más estimulante si se propone crear directamente una cuenta a la orden del organismo internacional y los fondos de nuestros ciudadanos son aportados de modo voluntaria allí, cuando quieran darle a algún Gobierno una muestra de confianza y apoyo, aliviando con sus aportes la pesada deuda que pesa sobre todos los argentinos.

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