La mayor parte de la liquidez bancaria está colocada en títulos públicos ilíquidos y defaulteables (impagables en tiempo y forma) constituyendo una hipoteca de valor incierto sobre el ahorro de los argentinos. El sistema financiero está prácticamente estatizado.
El Fondo de Garantía Sustentable del Anses está colocado 72,4% en títulos públicos defaulteables y el resto en préstamos a provincias insolventes. El ahorro obligatorio de generaciones de argentinos para jubilarse esta completamente licuado.
Los fondos de las empresas de seguros para respaldar las contingencias de los argentinos asegurados están 72,6% invertidos en títulos públicos directa o indirectamente vía colocaciones en fondos de inversión locales, en una parte importante ilíquidos, “rolleados”, “reperfilados” y constantemente revaluados por el Estado en contra del patrimonio de los asegurados.
El ahorro obligatorio de generaciones de argentinos para jubilarse esta completamente licuado
El saqueo no es solo de los stocks sino por supuesto de sus flujos de ahorro de los argentinos. Salarios y capital de trabajo están sujetos al impuesto inflacionario si se colocan a tasa de interés por debajo de la inflación. Toda alternativa indexada está sujeta al riesgo de desindexación o reperfilamiento ante la necesidad futura de quebrar la inercia de la suba de los precios de la economía.
Las criptomonedas para los jóvenes y el “canuto” y colchón y el giro al exterior de los mayores es la norma de los argentinos de todas las clases sociales para huir del saqueo de flujos, pero también del riesgo de confiscación de los stocks. La dolarización es un hecho.
No quedan cajas (stocks) por saquear. Los argentinos trabajadores y clase media de la actual generación aprenden aceleradamente cubrirse frente a la inflación, y pronto dejaran la “ilusión monetaria” atrás al ritmo de la presente aceleración inflacionaria.
Para Mancur Olson (2000) en su gran libro Poder y Prosperidad: “La superación de las dictaduras comunistas y capitalistas”, el gran desafío de las sociedades pobres no es la falta de recursos sino más bien su dificultad para organizar actividades a gran escala, especialmente la acción de gobierno.
La condición necesaria para el éxito económico son el derecho garantizado y bien definido: propiedad privada para todos análogo a lo que pedía Domingo Faustino Sarmiento. Pero el éxito de la transición al desarrollo económico exige que el Estado aporte las instituciones básicas y renuncie al saqueo, para que los funcionarios no sean socios impuestos en la actividad productiva.
Por qué se llegó a esta situación
La explicación es simple siguiendo a Mancur Olson. Argentina no tuvo una revolución francesa, sino que triunfó el Rey Sol. No hay rendición de cuentas, ni chequeo y balance. No se aplican los procedimientos estándar porque el poder esta superconcentrado en el líder del movimiento nacional que intermedia entre los bloques corporativos por fuera de los poderes constituidos de la Constitución Nacional. No hay límite al poder y por lo tanto se maximiza el saqueo y la predación de los fondos públicos por los funcionarios para atender sus necesidades políticas y cumplir con los lobbys corporativos con llegada a la oficina presidencial, distribuyendo los costos de sus prebendas a toda la sociedad mediante impuesto inflacionario.
Por suerte recuperamos la posibilidad de votar en 1983, pero todavía está por verse si se recupera el resto de las instituciones establecidas en la Constitución para respetar el derecho de los que trabajan y ahorran como decía Juan Bautista Alberdi.
El Banco Central está destruido, no cumple las funciones de mantener el poder adquisitivo de la moneda y dudosamente de regulación prudencial resultando una oficina de servicios monetarios adscripta a la Casa Rosada.
El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda solo cumple la función de subsecretaria de finanzas adscripta a la Casa Rosada.
Recuperamos la posibilidad de votar en 1983, pero todavía está por verse si se recupera el resto de las instituciones establecidas en la Constitución para respetar el derecho de los que trabajan y ahorran
El gasto publico está sujeto al control y auditoria de instituciones que son cartón pintado. OA, SIGEN, AGN, UIF, IGJ son dirigidos por los auditados y/o corruptos. Situación similar sucede con el Consejo de la Magistratura, ámbito de la toma y daca de los acuerdos en el Congreso, con nombramientos de jueces que hacen ostentación de su militancia.
El Congreso es una escribanía del Ejecutivo y del líder de la oposición de turno, electo por lista sabana con tal de oponerse al oficialismo de turno pero que el elector no reconoce y repudia.
Por lo tanto, el impuesto no legislado: inflación financia un gasto publico de casi la mitad del PBI argentino asignado en gran parte a la corrupción y filtraciones administrativas inoperantes.
Ante la orfandad de ideas, Javier Milei presentó la única idea concreta contra la inflación: dolarizar la economía, obligando al resto de las fuerzas políticas a pronunciarse, como un primer paso dentro de un conjunto de reformas estructurales que no es debatida en público, pero que son necesarias si Argentina quiere desarrollarse.
El gran economista y profesor Alfredo Canavese (1996) destacaba que la Ley de Convertibilidad implicó resignar política monetaria y cambiaria, pero es uno de los pocos instrumentos que pueden otorgar credibilidad a compromisos de disciplina monetaria y fiscal en una situación de quiebra económica que llegó a amenazar la supervivencia del Estado.
Vaya, estamos otra vez en la misma coyuntura. En el país en que la experiencia no se transforma en enseñanza como dice Santiago Kovadloff, volvemos a debatir la posibilidad de dolarización formal como en 1999. Estamos en una crisis que cualitativamente similar a la de 1989-1990 en un giro de 360º no tan inédito para Argentina, pero trágico.
No aprendimos porque no quisimos construir las instituciones que una República necesita para desarrollarse.
No aprendimos porque no quisimos construir las instituciones que una República necesita para desarrollarse
No es objeto discutir detalladamente los pros y contras de la dolarización. Pero si enfatizar porque se recurriría a ella como hicimos anteriormente. Las objeciones más comunes a la dolarización son que no evita la probabilidad de un default de deuda pública y las corridas bancarias.
Actualmente tenemos defaults crónicos y corridas bancarias que se han acelerado su frecuencia: cada 4 años ante una elección presidencial y ahora ante una elección de medio termino legislativa. Se necesita una reforma bancaria.
Está claro que la dolarización evita el financiamiento monetario del déficit fiscal, pero no evitaría su financiamiento vía deuda pública. El problema es el déficit fiscal. La pregunta es si la dolarización es suficiente para incentivar el equilibrio fiscal, pero sobre todo incentivar la rendición de cuentas de tal manera de reducir la magnitud de la inoperancia, corrupción y filtraciones administrativas. Es necesario instituciones de control y auditoría independientes del poder político que existen en cualquier país normal y que fueron destruidas ya en la década de 1990.
En mi caso, una objeción importante señala que ante una baja del precio internacional de las materias primas o apreciación del dólar en el mundo, ello obligaría a una baja de salarios nominales en un proceso deflacionario muy costoso como consecuencia del monopsonio sindical corporativo anacrónico pero también por la gran ilusión monetaria de los argentinos como se demostró la resistencia a aceptar una reducción nominal del 10% de los salarios del sector público en el 2001 para pocos meses después aceptar una reducción de salarios reales del 50% o en dólares del 250 por ciento.
Está claro que la dolarización evita el financiamiento monetario del déficit fiscal, pero no evitaría su financiamiento vía deuda pública
No obstante, Emilio Ocampo y Nicolás Cachanovsky (2022) en un reciente libro de próxima publicación sobre dolarización resaltan que los defaults en países dolarizados como Ecuador y El Salvador han afectado muy poco al sector productivo, de tal manera que la tasa de interés del sector corporativo apenas se alteró y no hubo una reducción brusca del crédito con destino a hogares y empresas. Asimismo, los trabajadores cobran directamente en dólares presentando no solo una alta resistencia a su posible reducción ante un shock negativo sino también a revertir la dolarización.
Cabe reconocer que gran parte de las objeciones apuntan a problemas que hoy Argentina está sufriendo sin dolarización formal: defaults y corridas bancarias crónicas.
El diablo está en los detalles de la instrumentación, oportunidad y secuencia de implementación con el resto de las reformas, que como la laboral nunca se han implementado como demostró el fracaso de la Ley Mucci de libertad sindical a meses de asumido el primer gobierno de la recuperada democracia.
Los poderes no democráticos
La democracia argentina sigue condicionada por poderes no democráticos que no representan al conjunto de trabajadores no sindicalizados, autónomos, pyme y profesionales tales como el lobby sindical y empresarios prebendarios que bloquean el cambio.
¿Es la dolarización un sustituto imperfecto de las instituciones que cualquier país normal dispone, pero la sociedad argentina no genera? Podría ser si aumentara los costos políticos de revertir reformas que por ahora son cero. La discrecionalidad absoluta en Argentina ha fracasado.
Mas allá de las objeciones, si la inflación continúa espiralizándose y la dirigencia política impidiendo que se generen límites al poder, no hay más remedio que resignarse a formalizar la dolarización de la economía argentina.
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