La democracia, ese sistema imperfecto y saludable que hemos escogido para edificar nuestras sociedades, no se encuentra acometida por uniformados insurrectos. Por el contrario, los autócratas o aspirantes a autócratas intentan destruir o reducir a su mínima expresión el sistema de pesos y contrapesos, consignados en las cartas constitucionales, cuya estación de llegada tiende a colocar valladares espesos a los excesos de poder.
El marco teórico general descansa en que el poder del gobernante es legítimo solo si el individuo seleccionado cumple con los requisitos de un gobierno democrático.
El autócrata tiende a colocarse por encima del orden normativo constituido, delineando la idea pérfida de un líder fuerte que no tenga que perder el tiempo en discusiones estériles con los parlamentos. El primero, finge encarnar la verdadera voluntad del pueblo, reprimidas por las elites corruptas asociadas con los medios de comunicación.
La relación entre populismo –ya sea de izquierda o de derecha– con la autocracia se encuentran unidas como el valle a la montaña. El autócrata describe gran parte de los rasgos populistas. Pretende encarnar una añoranza que lleva anidada en su retina un sentimiento de unanimidad, que plantea un pasado imaginario, con un pueblo mítico que construye un relato atesorado por grandes batallas y conquistas, en ausencia de la imperfección o contaminación de la historia y que pretende proyectar la felicidad en los segmentos desdichados, recordando años felices, con una contradicción manifiesta: plantea una visión que se proyectaría hacia el futuro, pero no es más que una utopía del pasado.
Ciertamente el populismo y el autócrata que lo conduce dirigen derechamente hacia la “reencauzación de la democracia representativa” mediante una apelación demagógica al “conductor del pueblo”, como líder demiúrgico, cuyo canto de sirenas se erige en la voz de la unanimidad bajo el manto de una concepción monista del orden.
Es cierto que con índices de pobreza desbordados, tasas de inflación y de desocupación fuera de control se opaca la estabilidad de un sistema democrático.
Este tramo es aprovechado por los resortes autocráticos. Ellos acuden a un mal uso de las leyes de excepción que les otorgan carta blanca o una suerte de cheque en blanco al Poder Ejecutivo para imponerse a los demás poderes o para silenciar a los organismos de control.
Ese jurista, inteligente pero perverso, que fue Carl Schmitt advirtió en el siglo pasado que en cualquier orden normativo, el poder supremo sería el de proclamar el Estado de excepción. Esta misma secuencia es articulada, aunque con detalles de matiz, por Agamben, quien la recoge a su vez de Walter Benjamin, en especial de su octava tesis de la filosofía de la historia, al predicar que el estado de excepción en el que vivimos es la regla.
Es imprescindible no dejar a la vera del camino, pese a cualquier ecuación financiera penosa, las premisas de la democracia como proyecto de República. Es necesario anteponer a los relatos míticos, enlazados de una nostalgia de unanimidad conducida por un líder que se arroga la protección orgánica, una construcción racional que abrace un concepto moderno de República no limitado al acto eleccionario.
El néctar de la genuina democracia se alimenta de la periodicidad; la alternancia; la tolerancia; el respeto a la división de poderes; el control mutuo de los actos de gobierno; el respeto a la ley; la concepción que los diferentes partidos que compiten por un lugar común no son enemigos sino adversarios y subordinados a un interés superior que no es otro que el nacional.
Es cierto que las sociedades no abdican de manera súbita de los valores democráticos; por el contrario, lo hacen luego de segmentos de desestructuración, de frustraciones y de deterioro de la calidad de vida lo que facilita discursos de tono emotivo, que aplican una retórica redentora, con el apelativo a concretar la esperanza de realizar el Reino de los Cielos en la Tierra anhelando cultivar una especial empatía con las capas marginales.
A diferencia de los resortes mágicos de la autocracia, creemos que para distribuir la riqueza, primero hay que engendrarla. No sólo hay que aumentar la contracción al trabajo, sino generar la mayor cantidad de valor agregado que nos permita reconstruir nuestro acervo patrimonial y, en un estadio posterior, distribuir equitativamente las utilidades generadas al amparo de la producción o del intercambio de bienes y servicios. No debiéndose olvidar, desde luego, que una de las deudas pendientes de democracia estriba en integrar de manera equilibrada a aquellas individuos que conviven con una realidad infausta, que son considerados o se consideran como descartables.
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