Bienes de argentinos en el exterior: la salida es estructurar el patrimonio

Pasaron más de cinco años, pero la imagen parece calcada. Un dirigente argentino junto al embajador estadounidense, el intercambio de información como uno de los ejes del encuentro y el anuncio trepidante: el combate contra la fuga de capitales. En 2016 fue el entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay; en 2022 es la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner; enfrente, en ambos casos, el embajador de turno. Alrededor, el pánico: ¡irán a buscar a quienes tienen dinero en los Estados Unidos!

Hay diferencias entre esos momentos, pero la búsqueda o el mensaje que se quiere transmitir “a los más ricos” es similar. Por entonces, los plazos correspondientes al sinceramiento fiscal impulsado por el gobierno de Mauricio Macri estaban finalizando y ese temor –suponían que– iba a provocar que un mayor número de argentinos con dinero en el exterior apuraran la repatriación de sus ahorros no declarados.

En este caso, el terror tiene como trasfondo la amenaza de un proyecto ideado por el núcleo duro del kirchnerismo para cobrar un impuesto extraordinario (o, mejor dicho, otro impuesto extraordinario) que permita a la Argentina pagar su deuda con el FMI con el dinero depositado por sus ciudadanos en otros países. ¿Es esto factible? Podría serlo, con una diferencia sustancial entre ambos años que nada tiene que ver con quién ocupa la Casa Rosada: en 2016 Estados Unidos era gobernado por Donald Trump; hoy, en la Casa Blanca está Joe Biden.

Primero hay que decir que a este impuesto –que ya veremos que más que impuesto parece otra cosa– no se lo puede denominar como extraordinario. Después de haber aumentado Bienes Personales y de haber aprobado el Aporte Solidario de manera excepcional –que ya fue atacado por inconstitucional y de hecho todavía puede determinarse que lo es–, ahora vienen con un proyecto de Ley que es nuevamente un tributo sobre el patrimonio y no sobre las ganancias. Otra vez “extraordinario”, como Ganancias y como tantos otros cuando fueron creados. Más allá de cómo se lo denomine, sabemos que los tributos que buscan “combatir la riqueza” son los peores que un Estado puede cobrar porque atentan contra los pagadores de impuestos, contra el país: atacan el ahorro, la inversión, la productividad, la competitividad de salarios. Como siempre, lo que hoy le sacan al que más tiene lo va a terminar pagando el que disponga de menos recursos. Todo impuesto a la riqueza actual es un impuesto a la pobreza futura. La rueda gira en ese sentido. Siempre.

Por otro lado, es bastante ridículo plantear un impuesto a los bienes no declarados porque justamente no están declarados y, por ende, no pagan impuestos. ¿Será que en realidad están tratando de abrir camino hacia una nueva amnistía? Eso quizás podría explicar por qué no iniciaron el trámite en la Cámara de Diputados, que es la cámara en la cual deben presentarse todos los proyectos que busquen crear nuevos impuestos.

Respecto a la alícuota que plantea el proyecto, la misma parece de ciencia ficción. De aprobarse, lo cual no creemos que suceda, no sería entonces un impuesto más. Hay que llamarlo por su nombre: sería una confiscación.

El impuesto es criticable por esos motivos y también porque atenta contra el derecho a la propiedad, porque es expropiatorio, pero sobre todo demuestra que el Estado argentino tiene una voracidad insaciable en materia impositiva, como delatan los más de 160 impuestos existentes en el país. ¿Cuál es la solución? Resguardarse. Estructurarse. Y entonces hay que empezar a responder la pregunta inicial que a mi juicio es lo único relevante de todo lo que se está discutiendo en los medios: ¿es posible que Estados Unidos comparta información con Argentina?

Desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta que desde la asunción de Biden Estados Unidos colaborando mucho más con la OCDE, fomentando de hecho la cartelización fiscal y relanzando FATCA, existe un peligro cierto de que Argentina firme con los Estados Unidos un convenio llamado “IGA”, por el que recibiría información de dicho país como recibe el resto de los países de la OCDE vía el llamado Common Reporting Standard (”CRS”).

¿Hay alguna salida, entonces? Si, la hay. En Estados Unidos, a diferencia de lo que sucede en los países en los cuales aplica el intercambio de información a través del CRS, una simple sociedad que uno interponga entre su cuenta bancaria y su persona física evita el intercambio, con lo cual es un momento no ya de recomendar sino de exhortar a la gente, a los que no quieren armar un trust irrevocable ni irse del país –que son las dos herramientas de planificación patrimonial más eficientes, pero también las más complejas–, que al menos tengan la perspicacia de establecer una sociedad no doméstica norteamericana sino extranjera, y colocar sus activos financieros y no financieros bajo esa sociedad. Eso además de resolver el problema del intercambio de información les va a ahorrar el Impuesto a la Herencia que pagan todos los extranjeros que tienen en Estados Unidos activos sujetos a ese impuesto por más de 60 mil dólares.

Más allá de cuestiones técnicas que, de todos modos, cada persona o familia tiene que ver según su caso particular, la realidad es que vivimos en un mundo que atenta cada vez más contra la privacidad, que ataca cada vez más la riqueza (en vez de combatir la pobreza) y que ve con malos ojos al que tiene dinero, ahorros, propiedades. Por eso, la salida –una salida legal, por cierto, aunque muchos señalen y quieran hacer creer a la opinión pública lo contrario– es la estructuración del patrimonio.

SEGUIR LEYENDO: