Pobreza de políticas

La primavera electoral que nos brindó el segundo semestre del año pasado dejó sus frutos con la recuperación del empleo, la caída de la desocupación, relativas mejoras salariales, mayor cobertura y aumento en las asignaciones sociales y, por lo tanto, una consecuente caída de la tasa de indigencia y de la pobreza urbana. Estos resultados encuentran explicación en una burbuja de reactivación económica post-Covid-19, junto a una fuerte inversión pública, manteniendo controlados precios de tarifas, todo lo cual dejó como efecto un incremento del consumo.

Sin embargo, no hay mucho que festejar. En parte, porque estos resultados son pobres en sí mismos. Cuando miramos en perspectiva histórica el deterioro en el nivel de vida de amplios sectores, más allá de las desigualdades sociales crecientes, surge que los niveles de pobreza se asemejan a los de finales de 2019, cuando la situación ya era muy crítica en términos económicos y sociales pero eran mucho menores la informalidad laboral, el nivel de empleo público, la cobertura de los programas sociales y, no menos importante, existían expectativa de un cambio de rumbo.

Algunos datos estadísticos permiten ilustrar la falsa ilusión de mejora: la mitad de la fuerza de trabajo está desocupada o tiene un trabajo precario; sólo 1 de cada 3 trabajadores tiene un empleo privado formal, al mismo tiempo que 1 de cada 3 de los ocupados son pobres; los salarios reales medios no cubren una canasta básica familiar. En este marco, sólo el 35% de los hogares urbanos no ha transitado por la pobreza en estos últimos tres año, lo que demuestra que 15 puntos porcentuales de la actual tasa de pobreza son nuevos pobres crónicos de sectores medios. Los niveles de pobreza no sólo son altos sino que constituyen el emergente de problemas más estructurales, los cuales más que resolverse parecen agravarse.

En ese sentido, tampoco la dinámica económica permite festejar. Más allá de una racional solución de transición a la crisis de la deuda y las destructivas consecuencias de un default, no existen condiciones económicas ni políticas para que las mejoras alcanzadas formen parte de un proceso sostenible de estabilidad monetaria-fiscal, inversión, multiplicación de nuevas empresas, creación de empleo privado, mejoras en la productividad y en los salarios reales. En suma, no se observa un proceso con reglas claras que haga posible aumentar la demanda de empleo y mejorar la calidad de vida de la sociedad. Nada más ni nada menos.

Por lo tanto, el principal desafío de la Argentina continúa siendo poner en marcha un modelo de estabilización económica y crecimiento equilibrado, con aumentos de productividad y mayor equidad distributiva. Todo lo cual es, a su vez, en función de que exista estabilidad macroeconómica y se inicie un cambio de régimen económico. Ambos objetivos no se lograrán sin reformas estructurales (monetarias, fiscales, financieras, laborales, administrativas, etc.) y consensos político-sociales que hagan posible bajar la inflación y promover de manera federal la inversión de mediano y largo plazo, tanto a nivel de las familias como de las empresas. A partir de ahí, lograr excedentes de recursos que nos permitan, no solo responder por las deudas del pasado, sino también para hacer posible aquí y ahora el futuro de quienes más lo necesitan.

Sin embargo, estos desafíos no forman parte de la agenda gubernamental. En este sentido, no sólo los resultados son pobres sino también las políticas oficiales que se ponen en juego para atender la creciente inflación y la estanflación estructural que nos acompañan desde al menos una década. El diseño de políticas superadoras del estado de decadencia requiere de claridad, voluntad y decisión, contar con los diagnósticos correctos, reunir a los mejores, acordar entre diferentes objetivos comunes y abandonar la especulación política para construir una política al servicio del bien común.

Ahora bien, aunque nada de esto forma parte todavía del debate político nuevos aires parecen comenzar a instalarse en el debate público. En un universo abierto, un sistema en estado de crisis crónica, agotado, alejado del equilibrio, encuentra por lo general una salida a la situación que les permite salir de los desequilibrios precedentes y posicionarse en un nuevo equilibrio dinámico. Es ésta un área de oferta vacante para la política, dado que justamente le toca a la acción política cumplir su función de conducción. La buena noticia es que, si este cambio es actualmente tan necesario como posible, se trata de un proceso social que ya se estaría gestando entre nosotros, y algunas señales de orden público así lo evidencian.

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