Otro 24 de marzo donde no hubo Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina

Había comenzado a escribir esta nota en vísperas del 24 de marzo en la infecunda espera de que desde el Peronismo se levante de una buena vez alguna voz a favor de la Memoria, la Verdad y la Justicia, palabras caras a la conciencia nacional de los argentinos que el arco partidocrático de unas décadas a esta parte, parece haber convertido en slogan vacuo utilizado arbitrariamente para algunos y no para todos. Y sobre todo, en desmedro de la Verdad.

Pasado el fragor de actos conmemorativos y los twitters expresivos de lo políticamente correcto, otra vez nadie en el arco del partido que lleva el nombre de Perón se acordó de la primera víctima del terrorismo de Estado que lleva su apellido, cuyo secuestro fue el originario de una larga cadena de violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Primer Presidente Constitucional mujer de la Argentina y del mundo: la compañera María Estela Martínez de Perón.

El derrocamiento de la Presidente Constitucional en la hora cero de aquel infausto 24 de marzo de 1976, constituyó un abyecto acto de secuestro extorsivo. Se la privó ilegalmente de la libertad, se la detuvo y apresó sin los dispositivos constitucionales propios (juicio político) y sin orden de autoridad jurisdiccional competente. Se le impuso de manera extorsiva optar entre dos opciones ineludibles: renunciar y tener asegurado un tranquilo exilio en España o la prisión y un destino incierto. La Presidente prefirió correr la suerte de su pueblo para cumplir con el legado del General Perón, y espetó que no iba a renunciar ni aunque la fusilen. Semejante acto de serenidad, entereza, responsable cumplimiento de los deberes de funcionario público y lealtad al juramento de asunción aún no tienen ni Memoria, ni Verdad, ni Justicia, insisto, a pesar que fue la primer desaparecida y secuestrada de la dictadura cívico militar.

Sometida a numerosos procesos agraviantes como el de cosa juzgada, el de juez natural y el de defensa en juicio, fue perseguida con saña sufriendo cinco años de prisión, sometida a procesos criminales espurios y a una campaña difamatoria como si se buscara con su condena la descalificación del Movimiento Peronista en su conjunto. Parece claro que había que ligar su nombre a la corrupción y al delito hasta el límite de la desvergüenza de que un gobierno que usufructuó su apellido en el año 2007 continuó la persecución exigiendo su extradición y reabriendo causas ya juzgadas que no sólo probaron su inocencia sino que dejaron ver con claridad que el feroz ataque contra ella, era lisa y llanamente el ataque contra Perón y el Peronismo.

Así como los enemigos de Isabel en el peronismo pretendieron en 1975 convertir a la Nación Argentina en un espacio geopolítico sin capacidad de decisión propia ni fuerza para sostenerse con independencia alentando el golpe de Estado, parece ser que la ceguera de unos y los intereses de otros han resuelto pasados más de 40 años seguir inclinando la balanza a favor de los adversarios de Isabel Perón a través de imputaciones descabelladas, armado de causas a las que sólo los obsecuentes jueces de la dictadura militar y, lamentablemente, de la politiquería posterior se prestarían para firmar. El mismísimo dictador Videla reconoció con total honestidad que la prisión de la señora de Perón obedecía a motivos políticos, ya que la privación de su libertad les era necesaria. En el libro Disposición Final de Ceferino Reato, en una entrevista Videla abiertamente confiesa que: “La Señora llevaba el apellido de Perón y, estando libre, podía movilizar voluntades políticas y gremiales contra el gobierno militar. Por eso permaneció presa e incomunicada durante seis años”.

Narrar la cronología de su cautiverio y posterior exilio excede la extensión de esta nota. Vale recordar que el 6 de julio de 1981, después de cinco años, tres meses y once días, la señora Perón fue puesta efectivamente en libertad al unificarse sus causas de injusta condena a siete años y once meses de prisión, por lo que de todas formas, al haber cumplido dos terceras partes de la pena detenida, correspondía su libertad inmediata. Isabel declaró en aquella oportunidad: “Lo que pasó conmigo fue una gran injusticia”. Su prisión representó el castigo jamás sufrido por un presidente constitucional argentino. Tal es así que el romano Pontífice Juan Pablo II, por gestión del General Omar Torrijos, intervino ante la Junta de Comandantes para que se resuelva la situación oprobiosa de la Presidente depuesta y secuestrada.

De hecho, tras la noticia de su liberación, hasta el Premio Nobel de la Paz, Alfonso Pérez Esquivel declaraba: “Frente a la reciente noticia de excarcelación de la Sra. María Estela Martínez de Perón, el ‘Servicio Paz y Justicia en América Latina’ quiere, por este medio, manifestar su satisfacción por un hecho esperado por todos. No consideramos que la legitimidad de su liberación esté dada por el cumplimiento de la condena correspondiente a un delito cometido. Por el contrario, estamos convencidos, reiterando lo ya explicado dentro y fuera del país desde 1976, en adelante, que su prolongada detención se fundó en la voluntad política de atacar al proceso de continuidad democrática y, en especial, al Movimiento Justicialista. Lamentablemente, el caso de la Sra. de Perón no fue una excepción en el proceso sufrido por el pueblo argentino desde 1976. Por ello, sabemos que la libertad de Isabel Perón sin duda alguna ayuda a la reconciliación de los argentinos, pero que no basta si pretendemos realizar la paz como fruto de la justicia”.

Hasta el Partido Radical tuvo más anuencia con su investidura, su valor y su relevancia histórica que el arco del autodenominado Peronismo que utilizando su propio apellido continúa al día de hoy “matándola cívicamente”. Nunca derogada ni declarada inconstitucional, debemos recordar la Ley de Reparación Histórica Isabel Perón, auspiciada por el ex presidente Raúl Alfonsín, que fuera sancionada bajo el N° 23.062/84 y publicada en el Boletín Oficial el 19 de julio se ese año como Ley N° 25.470, que establece:

“Artículo 1º- En defensa del orden Constitucional republicano basado en el principio de la soberanía popular, se establece que carecen de validez jurídica las normas y los actos administrativos, emanados de las autoridades de facto surgidas por un acto de rebelión, y los procesos judiciales y sus sentencias, que tengan por objeto el juzgamiento o la imposición de sanciones a los integrantes de los poderes constitucionales, aun cuando quieran fundarse en pretendidos poderes revolucionarios.

Mediante esta ley se ejerce en la instancia legislativa un acto de contralor constitucional respecto de normas y actos de la especie señalada en el párrafo anterior, del poder de facto, que pueden y deben ser revisados por los poderes ´de jure´ y que alcanza inclusive a la declaración de invalidez constitucional actual de las actas institucionales dictadas por el gobierno anterior.

Artículo 2º- Los jueces carecen de legitimación para juzgar a las autoridades constitucionales destituidas por actos de rebelión por ausencia del presupuesto representado por su desafuero parlamentario o juicio político previstos constitucionalmente.

Artículo 3º – Declárase comprendida en las previsiones de los artículos precedentes la situación de la ex Presidente de la Nación, Dña. María Estela Martínez de Perón en orden a lo preceptuado en los artículos 18 y 45 de la Constitución Nacional, quien como otros presidentes constitucionales, fuera objeto de este tipo de sanciones y hasta la privación ilegítima de la libertad, sirviendo la presente ley de instrumento de reparación histórica.

Artículo 4º- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de mayo del año mil novecientos ochenta y cuatro.

Signan: Juan Carlos PUGLIESE, Víctor Hipólito MARTÍNEZ, Carlos A. Bravo, Antonio J. Macris.

La única Verdad es la Realidad y por eso seguiremos insistiendo como lo hicimos el pasado 2 de febrero desde la Secretaría de Derechos Humanos, y en nombre del Consejo Directivo Nacional de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina en que la Justicia argentina debe abandonar las vergonzosas órdenes de una política innoble y mezquina, cerrando todas las causas fraguadas por el bien de la convivencia democrática y a la que le exigimos además el definitivo sobreseimiento de María Estela Martínez de Perón sobre quien pesa aún la infamante citación a indagatoria para su extradición de España.

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