Jubilaciones: “Ganamos, perdemos, siempre perdemos”

Dentro del gasto nacional, es decir sin el que incurren las provincias, Seguridad Social es el rubro que más recursos se lleva. El Presupuesto 2022, que finalmente fue rechazado por el Congreso, estima que el 54% del gasto se destina a Seguridad Social y, de esto, la mayor parte corresponde a jubilaciones y pensiones. Por eso, cada vez que el déficit fiscal entra en la mira, el sistema de pensiones tiene todos los números para el “sorteo del ajuste”.

Las últimas dos gestiones han introducido cambios en la forma en que se mueven los haberes. Y si bien estas reformas se venden como un mecanismo para mejorar a los jubilados, no son más que otra forma de bajar el gasto disimuladamente.

Pero los ajustes del gasto previsional no han sido propios de los últimos gobiernos. Hace años -en realidad más que años, décadas- que este truco se ha venido utilizando. Para no desempolvar los hechos de casi un siglo atrás, se puede empezar lejos, pero no tan lejos.

A menos de un año de la reforma del sistema en 1994, que había establecido que los haberes se ajustaban de acuerdo con la variación del aporte promedio al sistema -algo así como ajustar por salarios-, la cláusula se reemplazó por ajustes ad-hoc. Esto dejó servido en bandeja la política establecida desde 2002 en adelante.

Sin regla fija, los ajustes fueron discrecionales y hasta 2006 los aumentos solo fueron para la jubilación mínima -que en ese entonces representaba alrededor del 22% de los beneficiarios. Así, mientras el haber en esa franja subió 94% en términos reales entre 2002 y 2009, para el resto cayó un 20% su poder adquisitivo.

Estos aumentos a dedo fueron haciendo que jubilados que estaban por encima de la mínima terminaran siendo incluidos en ese grupo a medida que el haber más bajo alcanzaba se acercaba al resto que se mantenía en términos nominales.

De 2009 en más, los haberes se ajustaron automáticamente con una fórmula que promediaba inflación con salarios, mitad y mitad, ajuste que se mantuvo hasta 2017. Durante este período, las jubilaciones crecieron del 13% en términos reales, pero aquellos con niveles de ingreso superiores a la mínima jamás recuperaron lo perdido en la etapa anterior, dando origen a juicios previsionales contra el Estado.

En 2017, se plantea un cambio en la fórmula. Bajo el argumento de mejorar a los jubilados, se propuso que comenzaran a moverse con la inflación, aunque se terminó negociando que se computara 70% por la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec y 30% por el aumento de salarios formales (Ripte). Detrás de esto estaba la idea de que la inflación se iría reduciendo y, de este modo, la movilidad tendería a ser menor, aunque este impacto recién se vería a mediano plazo.

En 2020, apenas asumió, el nuevo gobierno planteó la necesidad de un nuevo cambio, para lo cual se tomó un año para estudiar el asunto, durante el cual los aumentos fueron discrecionales y, otra vez, generaron diferencias entre la mínima y el resto.

Finalmente, después del año de estudio para encontrar una solución superadora, se volvió a la misma ecuación que regía hasta 2017. Si bien se publicitó como un cambio para mejorar las pensiones, se puso en marcha justo cuando, curiosamente, las altas tasas de inflación pasadas indicaban aumentos particularmente altos, complicando el escenario del gasto y del déficit.

Comparando diciembre de 2020 con el del año anterior, la nueva fórmula representó un ajuste menor, 35,4% (en el caso de la mínima, las más altas tuvieron incrementos más bajos) versus 40,2%. Todo esto con una inflación del 34,8%. Sin embargo, en 2021 las cosas resultaron al revés, y la nueva modalidad llevó a un mayor aumento del que hubiera correspondido: 52,7% versus 50%. Esto con una inflación de 52,2 por ciento.

Yendo para atrás, 2018 y 2019 también arrojaron incrementos mayores con el ajuste de la administración anterior, simplemente porque la expectativa de reducción de la inflación no sucedió.

¿Cuál ha sido la mejor regla de ajuste?

Ninguna en particular. Cada regla está diseñada para un contexto diferente: si se esperan altos incrementos del salario real y baja inflación, es probable que la movilidad que rige ahora -que fue la misma que rigió en el período 2009 a 2017- de aumentos mayores que la anterior y viceversa.

¿Pero, al final, cómo han quedado los jubilados desde que se establecieron reglas de movilidad? Peor. El promedio del haber mínimo de 2021 terminó siendo casi un 5% menor que el de 2009 y, además, el más bajo desde 2006. Esto aún con todas las políticas de redistribución que dieron aumentos más altos a la jubilación mínima, lo cual indica que a los beneficiarios con haberes superiores le ha ido aún peor.

Esta columna fue publicada en Revista Indicadores de Coyuntura 639, marzo 2022 Fundación FIEL

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