En febrero, según el Ministerio de Economía, vimos como la recaudación tributaria volvió a crecer, en términos reales, por décimoctavo mes consecutivo. Algo que no se observa hace una década (2011-2012). En términos interanuales, el crecimiento fue de 62,8% y llego a los $1.166.514 (en millones). Estos guarismos, básicamente, fueron impulsados por tributos al comercio exterior (+70,3%), los tributos asociados a la Seguridad Social (+66,1%), los impuestos ligados a la actividad económica (+56,5%) y el impuesto a las Ganancias (+65,6%). No obstante, con relación al año 2019 y a los tributos relacionados con la actividad económica, aún se encuentran en un nivel real menor. En febrero, también, la balanza comercial con Brasil fue deficitaria en U$S 215 millones (las importaciones se aceleraron nuevamente en su comparación interanual al 38%, alcanzando la mayor cifra para febrero desde 2018, mientras que respecto a las exportaciones evidenciaron una caída del 12%, alcanzando los U$S 792 millones).
Por su parte, el conflicto entre Rusia y Ucrania persiste con sus consecuentes subas en los precios internacionales, que ya venían con valores altos. Debido a la inflación y a la preocupación por el impacto en el comercio interno (tanto de commodities como de energía), en nuestro país, se oficializó la creación de un fideicomiso para trigo y maíz, con vigencia hasta 2024. El objetivo está puesto en desacoplar el precio interno del valor internacional y garantizar el abastecimiento. Al igual que con el fideicomiso aceitero, si bien en la letra de la medida se establece que el tributo será cobrado a los exportadores, en la práctica los exportadores trasladan el costo a los productores. Considerando el maíz y el trigo, el impacto es equivalente a una suba de las retenciones del orden del 12% al 13%.
En medio de esta inestabilidad internacional, finalmente ingresó al Congreso de la Nación el acuerdo con el FMI para refinanciar los vencimientos y el proyecto de ley fue aprobado el último jueves. Lo que se desprende del “Memorando de políticas económicas y financieras” es equiparable a lo que ya se sabía. Lo preocupante, más allá de un documento u otro, es la capacidad de cumplimiento en las metas. Tomando en consideración la política energética y tarifaria, mientras que el borrador establecía un sendero a definir, ahora todo ese párrafo fue eliminado y el detalle sobre cómo irá evolucionando esa variable clave queda sujeta a los distintos cálculos que cada uno pueda hacer con escasa información. Quizás la que sea la corrección más importante caiga en el tipo de cambio real. El borrador hablaba de una política de crawling peg destinada a mantenerlo en el nivel de enero 2022, en el documento definitivo se cambió nivel de enero 2022 por “niveles de 2021″. Más allá, si sería el nivel de inicios de 2021 o el promedio de 2021, en cualquier caso, representaría un aumento del tipo de cambio real actual. Para lo cual no alcanzaría con un crawling peg que acompañe a la inflación, sino que debería haber un salto del tipo de cambio oficial antes de empezar con el crawling peg. Es acá donde esta parte de la complejidad en el cumplimiento y la raíz del acuerdo con el FMI están en la política fiscal y el logro del sendero de reducción del déficit primario. La probabilidad de cumplir con ese sendero es muy baja. En efecto, los tenedores de deuda ven menos probabilidad de cobrar sus papeles hoy que antes de conocerse el acuerdo.
Yendo en concreto a la política fiscal, se plantea ir de un déficit primario de 3,1% del PBI y llegar a 2,5%, ¿Cómo? Esencialmente, se busca y se propone:
1. Tener un 0,2% PBI de mayores ingresos
2. Bajar en 0,6% PBI los subsidios energéticos
3. Limitar las transferencias corrientes a provincias y empresas públicas en 0,3% PBI
4. Aumentar la obra pública en 0,5% PBI
La dificultad en la dinámica fiscal se presenta por dos fuertes restricciones:
1. El déficit de partida es más que 3,1% PBI porque ese ratio contiene el 0,5% de PBI de recursos tributarios extraordinarios por el impuesto a la riqueza (que este año no estará, aparentemente)
2. Pero, además, por acción de la fórmula de movilidad previsional, si la inflación se mantuviera este año en 50% o bajara, el gasto previsional aumentaría como mínimo en 0,3% PBI, dejando un déficit inercial a corregir de 3,9% o 4%
Basándonos en el esquema propuesto, en el escenario más optimista, se conseguiría que los subsidios se mantengan estables en términos reales o creciendo muy poco. Parece bastante desafiante llegar al 2,5% sin una gran aceleración inflacionaria que licúe otros gastos y evite (temporalmente) que la fórmula jubilatoria haga crecer el déficit este año. Casualmente, no es llamativo que, en el propio texto del memorando, se comienza mencionando los riesgos acerca del cumplimiento del ahorro en subsidios energéticos como consecuencia de la guerra Rusa. Aunque el ahorro de subsidios no es factible, aún sin que entre el juego la guerra. Con que el costo de la energía tenga un aumento similar al que tuvo en 2021 (67% en pesos) tal ahorro no se consigue (y continua la distorsión de precios relativos).
Resumiendo, la famosa “letra chica” no trajo un programa más consistente, que reordene los desequilibrios estructurales de la macro. La reticencia a llevar a cabo un ordenamiento fiscal y monetario es lo que pone en jaque el cumplimiento. Se tendrá que ver si el Fondo tiene posibilidad de ponerse más rígido en las revisiones trimestrales. De lo contrario, dentro de algunos años estaremos en una instancia similar a la presente.
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