El impacto de las medidas acordadas con el FMI en materia de impuestos

Las medidas impositivas que se pactaron en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) son una mera puesta en escena en donde ambas partes parecen conocer bien los magros objetivos a los que apuntan.

En el FMI, cuanto menos, deberían intuirlo. Son demasiados años de una relación -tormentosa- en la que cada uno conoce de memoria las mañas de la otra parte. Esto hace que ninguno de los negociadores pueda pecar de ingenuo. Pero a los técnicos del Fondo también les resulta necesario concluir algún tipo de acuerdo, aunque éste no resuelva nada. En el futuro se podrá volver a negociar con otro gobierno con el que haya -por lo menos- un interlocutor válido.

Son en general medidas intrascendentes para que, por lo menos formalmente, parezca que el Gobierno está llevando adelante acciones para equilibrar las cuentas públicas, aunque sólo sea por el lado de los ingresos. Un accionar muy típico de la esta gestión: intentar sostenerse, en un peligroso equilibrio, sin terminar de cumplir con nadie.

A continuación, esbozaré algunas consideraciones sobre las medidas que se proyectan:

- La multiplicación del valor de los inmuebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para calcular el Impuesto sobre los Bienes Personales: además de resultar cuestionable desde lo jurídico -modifica una interpretación de la propia AFIP de 2018-, hunde todavía más al mercado inmobiliario, que ya está en los infiernos desde hace tiempo, por la mal lograda “Ley de Alquileres”, por las sucesivas crisis y por las constantes amenazas de nuevos impuestos (a las viviendas ociosas, a la herencia) proferidas desde distintos sectores del gobierno.

- Respecto de las acciones para aumentar las valuaciones de los inmuebles en las provincias, el panorama tampoco parece ser bastante alentador para el Gobierno: se ha fracasado en otras oportunidades (esta iniciativa naufragó con la anterior gestión, que pretendió acoplar este incentivo a una reducción de la carga de ingresos brutos) y no debemos olvidar que en muchas provincias (suele ocurrir en las más pobres, las que más dependen de la coparticipación) el establishment político y económico es propietario, directa o indirectamente, de una buena parte de esas propiedades. Por lo que los incentivos a que los inmuebles sean sometidos a múltiples impuestazos (con motivo de las revaluaciones) no son demasiado tentadores para quienes deben aprobarlos.

- Los otros anuncios impositivos se enfocan en un aumento en las fiscalizaciones, particularmente en los sectores de altos ingresos y patrimonios. Ahora bien, sin perjuicio de que el aporte a la recaudación total por fiscalizaciones resulta ínfimo (alrededor del 1%) ¿Cuántos planes antievasión se aprobaron en el Congreso desde el retorno de la democracia? Ya vimos demasiadas veces esta película y, sin excepciones, se han terminado aprobando planes rimbombantes con excesivas facultades para la AFIP (de dudosa o nula constitucionalidad) que redundaron en mayores arbitrariedades sobre los contribuyentes, pero que no tuvieron impacto en la recaudación.

- También se proyecta aumentar los controles en el sector de las criptomonedas: no deja de ser una expresión de deseos, ya que quien posee este tipo de activos “en blanco” ya los viene declarando ante el fisco y tributando lo que corresponde. Resultará difícil que quienes se manejan en la informalidad dejen de hacerlo por el mero hecho de que la AFIP anuncie que va a comenzar a fiscalizar. De hecho, en el organismo no hay casi personal idóneo que conozca detalladamente a este sector tan dinámico y escurridizo.

- Finalmente, las propuestas del acuerdo contienen un corsé para este gobierno -y para quien lo suceda-, ya que estipulan la imposibilidad de recurrir a la sanción de amnistías fiscales mientras se esté cancelando el préstamo con el Fondo. Más allá de lo indeseable que resulta este tipo de herramientas tributarias que son las moratorias y blanqueos impositivos (desalientan horriblemente la moral fiscal de la población), lo cierto es que -para dar credibilidad al país- en algún momento deberá reformularse el sistema impositivo, barajar y dar de nuevo, Por lo que siempre, en esos casos, con nuevas reglas -que supuestamente deberían mantenerse en el tiempo- se recurre a la aprobación de este tipo de amnistías. También constituirían una ayuda para que -en caso de despertar una relativa confianza- el gobierno entrante transforme una masa de stock (que pierde valor con la inflación) en un flujo de ingresos tributarios.

Transmito estas reflexiones con gran preocupación, pues pareciera que las medidas no han transitado por un mínimo análisis previo en torno a sus consecuencias prácticas. Entiendo que algunas de ellas (los impuestazos) no sólo afectarían la seguridad jurídica, sino también la inversión, pero sin mejorar los ingresos fiscales como se ha anunciado en los medios. Es más, me animo a aventurar que ninguna de las medidas va a provocar aumento siquiera visible en la recaudación. Para peor, es probable que el daño que provoquen termine por afectarla, directa o indirectamente.

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