¿Se podrá juzgar a Putin?

La invasión rusa provocó bloqueos económicos, boicots culturales, censura de medios, negociaciones diplomáticas y, por supuesto, apoyo financiero y militar a Ucrania. Pero también se activó el siempre burocrático derecho internacional. Hay dos vías de acción.

Primero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), creada por la Carta de las Naciones Unidas (ONU) en 1945 para resolver conflictos entre Estados. Segundo, la Corte Penal Internacional (CPI), establecida por el Estatuto de Roma de 1998 para juzgar a individuos —cuando los Estados no pueden o no quieren actuar a nivel local— por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y, a partir de la reforma de Kampala de 2010, el delito de agresión.

Los soñadores creen que alguna de estas alternativas judiciales puede servir para frenar los horrores de la guerra con medidas sobre Rusia o sobre el propio Vladimir Putin. Hay quienes ya lo imaginan bajando del oso esposado. Pero es muy difícil que esto ocurra.

A los dos días de la invasión, Ucrania demandó a Rusia ante la CIJ por violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. ¿Por qué esta norma? Porque, para intentar justificar su agresión, Rusia alegó que Ucrania estaba cometiendo actos de exterminio de la población civil en Donetsk y Luhansk. Son los mismos argumentos que usó para invadir Georgia en 2008 y Crimea en 2014: proteger a las minorías étnicas rusas en el marco de la llamada “responsabilidad de proteger” (R2P por sus siglas en inglés).

Se trata de un principio del derecho internacional adoptado por la Asamblea General de la ONU en 2005 que habilita a los países a intervenir en la soberanía de otros por razones humanitarias (genocidio, limpiezas étnicas, etc.). Su origen fue el fracaso de la comunidad internacional para frenar las masacres de Yugoslavia, Ruanda, Bosnia, Liberia y Kosovo. Se usó por primera vez para justificar la invasión a Libia en 2011 y se repitió en Siria en 2018. Un éxito, ¿verdad?

La responsabilidad de proteger es criticada por quienes defienden las intervenciones y por quienes las critican. Los primeros dicen que es una doctrina débil e inútil. Los otros consideran que es una tapadera para legitimar decisiones del poder político global, fundamentalmente de Estados Unidos. ¿Problemas de petróleo? Venga ese R2P. ¿Al Bashar no va más? ¡R2P! Además, dicen, solo se aplica a los países débiles, mientras que los poderosos tienen licencia para matar y torturar porque los protege su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Al alegar que Ucrania cometió el delito de genocidio, Putin le abrió la puerta a la intervención de la CIJ. ¿Cómo? Para que la Corte tenga jurisdicción en un conflicto, los dos Estados tienen que haberle reconocido esa potestad expresamente. Esto puede ocurrir de tres maneras: por un acuerdo específico entre los dos países para ese caso; por ser ambos partes de un tratado internacional que le da ese poder a la CIJ; o por una aceptación genérica de la jurisdicción del tribunal para actuar en todas las disputas.

Rusia y Ucrania no acordaron someter el conflicto puntual ante la CIJ y tampoco aceptaron en forma genérica su jurisdicción. Solo 73 naciones otorgaron este reconocimiento amplio. Pero lo que sí hicieron fue firmar y ratificar la Convención de Genocidio de 1948, que le da jurisdicción a la CIJ. Por eso es que, cuando Putin acusó a Ucrania de genocida, se compró la demanda ante la CIJ por interpretar y aplicar mal el tratado y así violar la soberanía e integridad territorial de su vecino.

¿Genial, entonces? Bueno, no. Aunque la CIJ le de la razón a Ucrania, incluso aunque lo haga rápido con medidas cautelares para que Rusia suspenda sus operaciones, no hay forma de hacer que Putin cumpla. Las resoluciones de la CIJ son obligatorias, pero la “policía” que puede aplicarlas en caso de incumplimiento no es otra que el viejo y querido Consejo de Seguridad, en el que los principales pistoleros del mundo (incluyendo a Rusia) tienen poder de veto. Por eso es que hace unos días Rusia se dio el lujo de faltar a la primera audiencia ante el tribunal.

Denunciar a la comisaría por narcotráfico en la misma comisaría no sirve, bien. Pero, ¿qué pasa si denunciamos al jefe, al comisario, no ya ante la policía corrupta sino en un tribunal de justicia? ¿Puede la Corte Penal Internacional juzgar y sancionar a Putin? Es posible, pero improbable. Y, aun si lo hiciera, no hace juicios en ausencia, por lo que el presidente ruso tendría que ser entregado por su propio país o arrestado en el extranjero.

La CPI opera desde 2002 y tiene 123 Estados partes (que firmaron y ratificaron el Estatuto de Roma). A diferencia de la CIJ, por el solo hecho de ser parte del Estatuto esos países reconocen la jurisdicción del tribunal. Rusia y Ucrania no lo ratificaron, de modo que no son partes (tampoco Estados Unidos, China ni Israel, entre otros).

Pero esto no quiere decir que la Corte Penal no pueda actuar. Es que, para el genocidio, los crímenes de guerra y los de lesa humanidad, la CPI tiene jurisdicción no solo cuando el Estado en el que ocurre el delito (Ucrania) o del que es nacional el acusado (Rusia) es parte, sino también cuando ese país (el del lugar del hecho o el de la nacionalidad) aceptó la jurisdicción de la Corte para juzgar el caso.

O sea, si Ucrania declaró que la CPI puede juzgar los delitos de guerra y lesa humanidad ocurridos en su territorio por el conflicto con Rusia, no importa que Rusia no esté de acuerdo. Y eso fue justamente lo que ocurrió, primero en 2014 por los eventos de violencia que terminaron con la destitución del presidente pro-ruso Viktor Yanucovich y luego, en 2015, sin fecha límite para la autorización, por los hechos de Crimea, Sebastopol y la guerra del Donbas. La CPI también podría actuar sin que Rusia y Ucrania sean partes e incluso aunque ninguno aceptara su jurisdicción si el caso fuera remitido al fiscal por el Consejo de Seguridad, pero ya aprendimos que eso nunca va a ocurrir.

Con ese reconocimiento de la autoridad de la CPI que hizo Ucrania en 2015, el fiscal inglés Karim Khan actuó de oficio el 28 de febrero pasado, cuatro días luego de la invasión rusa. Poco después recibió una inédita denuncia de 39 países liderados por Lituania, lo que aceleró los tiempos, pues le permitió comenzar a recolectar evidencias sin tener que obtener una autorización preliminar de la Corte, que es lo que se exige para las investigaciones de oficio.

Bien, ¿entonces la Corte Penal va a poder juzgar a Putin? No necesariamente. El horroroso ataque de Rusia sobre poblaciones civiles en Ucrania (por ejemplo, en el hospital maternal y de niños de Mariupol) debería ser suficiente para apuntar a crímenes de guerra, pero conseguir evidencias para escalar en la cadena de responsabilidades hasta Putin y sus colaboradores cercanos no será sencillo. Nunca lo es en este tipo de casos.

¿Hay algún modo más directo de llegar hasta el presidente ruso? Sí, gracias a la reforma de 2010 que se le hizo al Estatuto de Roma en Kampala y que entró en vigor en 2018, el derecho penal internacional puede perseguir a los pistoleros del planeta que andan invadiendo países. Se llama crimen de agresión y es el delito que comete quien controla o dirige la acción política o militar de un Estado y, en ese marco, planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión (uso de la fuerza contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro país) que viola en forma evidente la Carta de la ONU.

¡Genial, vamos con el crimen de agresión! Em, no, no tan rápido.

¿Cómo que no? ¿Y ahora qué pasó?

Lo de siempre, mis amigos.

Cuando se negoció el texto en Kampala, los cinco miembros con poder de veto en el Consejo de Seguridad, en especial Estados Unidos, presionaron para limitar el poder de la CPI. Comprensible: no sea cosa que terminaran acusando a Bush y a Obama por Irak o Afganistán.

¿Qué regla se estableció? Que, a diferencia de lo que ocurre con los otros delitos, la Corte no puede juzgar actos de agresión cometidos por nacionales o en el territorio de un Estado que no es parte. Nunca. O sea, no basta con que uno de los dos reconozca la jurisdicción del tribunal (como hizo Ucrania en 2015). Para el crimen de agresión, si Rusia (o cualquier otro país) no quiere que la CPI juzgue a sus nacionales, pues no los juzga. La excepción que permite que el caso lo presente el Consejo de Seguridad sí opera (igual que para los otros delitos), pero ya sabemos lo del comisario y la comisaría.

Son los riesgos de que el derecho penal internacional lo escriban los pistoleros, ¿vio?

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