Un policía casi muere quemado frente al Congreso.
Fue atacado por manifestantes encapuchados que le arrojaron una bomba molotov durante los incidentes provocados con la excusa de oponerse al acuerdo negociado por el Gobierno con el FMI por la deuda contraída con ese organismo durante la gestión anterior.
Espectáculo deplorable que evidencia que la autoridad pública en la Argentina está al borde del coma.
En casi todos los países del mundo atacar a un agente del orden constituye un delito de la mayor gravedad. Desacatar una orden policial ya representa una contravención imperdonable.
El motivo es claro: el policía encarna el monopolio de la fuerza pública, uno de los fundamentos sobre los cuales reposa la legitimidad de un Estado.
Lo ocurrido es una consecuencia, un efecto de gestos anteriores, por eso lo que realmente importa es determinar la causa.
¿Cómo llegamos a esto?
Llevamos demasiados años de administraciones que desautorizan a la fuerza pública, no la conducen y la estigmatizan ante los previsibles fracasos en sostener el orden.
Hubo un momento fundacional en esta política, cuando en los primeros tiempos del mandato de Néstor Kirchner, luego de que manifestantes cercaran la legislatura porteña, agredieran a varios representantes y vandalizaran el edificio, en vez de repudiar el ataque, el Presidente declaró que no confiaba en la policía. Para colmo, desde su entorno aclararon que el jefe del Ejecutivo opinaba sobre estos temas como “un vecino más”.
Ese destrato a la fuerza pública que buscaba evitar la destrucción o incendio del edificio, sede de una institución de la República, selló la renuncia de una clase política a hacerse cargo de una de las principales obligaciones del Estado que es el ejercicio del monopolio de la fuerza pública.
Desde aquel momento, no cesó nunca la descalificación de la policía y la deslegitimación de la noción misma de orden y autoridad.
Desde ese entonces vivimos en un desorden permanente. Una semi anarquía. Las calles tomadas, los edificios públicos vandalizados, la policía paralizada. Un metamensaje desde la cúspide del poder que habilitó la ocupación permanente del espacio público.
Aquellas primeras descalificaciones fueron el mensaje a los piqueteros y profesionales de la protesta de que tenían pase libre para tomar las calles como ruta de sus demandas. Con la policía escoltándolos. Sin poder actuar.
La contracara de una renuncia es una habilitación. Al declinar el Estado su responsabilidad de preservar el orden, de proteger las vidas y los bienes, habilitó la insubordinación frente a las normas que garantizan el funcionamiento armónico de la sociedad.
Esa concepción se reedita ahora, cuando las autoridades comunican que no vallaron la zona aledaña al Congreso -a sabiendas de que los desbordes son la regla en estas circunstancias- porque esa medida podía ser interpretada como un acto de provocación hacia los manifestantes…
Es el reino del revés…
La permanente desautorización de la institución policial por quienes deben conducirla deja a los representantes del orden a merced de que una bomba molotov los queme vivos.
Igualan a un grupo de provocadores con las fuerzas del Estado encargadas de la seguridad pública, haciendo sobrevolar permanentemente la doctrina zaffaroniana que sostiene que ante cualquier contingencia el culpable siempre es el representante del orden lo que habilita perversamente al desorden público.
Un desorden público que es el negocio de muchos que, en nombre de demandas sociales, lejos de resolver los problemas de la gente que convocan, utilizan estas necesidades como un elemento de contraprestación económica en la extorsión a cambio de “paz social”.
Hay un estado de cosas que garantiza la impunidad para el que atenta con una bomba molotov contra un agente público.
Hay también un paralelismo entre la anarquía de la calle y el espectáculo que da la clase política en el trámite de intentar homologar financieramente a la Argentina con el mundo.
La ausencia en el recinto del ex presidente del bloque oficialista contribuyó también a dar aval político a los insurgentes callejeros. Genera escepticismo en la sociedad un gobierno que pretende ser oficialista y opositor a la vez. El problema no es el debate de ideas antagónicas en el Congreso argentino -parlamentar es justamente su función- sino que la irresponsabilidad de arriba genera la de abajo.
Cada vez que la Argentina trata de homologarse con el mundo, de dar un mensaje de normalidad, alguien lanza una provocación, con bombas o con conductas incendiarias. No se puede pretender normalizar un país si no se respetan las instituciones y no se honra el cargo ejerciendo plenamente las funciones para las cuales se ha sido elegido o designado.
Y no queda más espacio para simulacros de autoridad cuando un policía es atacado frente al Congreso.
El acuerdo que se debatía en el recinto tampoco es el argumento de los incidentes; es solo la excusa para poner en evidencia la indefensión del Estado cuya autoridad nadie encarna.
El que siembra vientos, cosecha estas tempestades. Y no deja de ser simbólico que el vandalismo haya alcanzado las ventanas del despacho de la vicepresidente Cristina Kirchner.
La anomia es tal que la autoridad pública es usurpada por la calle. Por sicarios de la provocación al servicio de la fragmentación de la institucionalidad argentina.
O se restituye la autoridad o se incendia el Estado.
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