La inminencia de la sanción de una Ley de Humedales

El cambio climático es unos de los problemas más graves de nuestra época e indudablemente afectará la agenda de cada día. Los incendios devastadores en Corrientes hablan por sí solos. Allí el fuego ya arrasó con el 11% del territorio de la provincia, incluyendo parte del Parque Nacional Iberá.

Este Parque Nacional fue creado en el año 2018 por medio de la Ley N° 27.481, cuyo objetivo fue conservar a perpetuidad los ecosistemas naturales de la región del Iberá en su máxima diversidad e integridad ecológicas, que comprende un humedal de gran extensión con esteros, cañadas, bañados, lagunas y grandes espejos de agua.

La creación de dicha área protegida ha sido un logro inmenso en pos de proteger y reintroducir especies locales de fauna silvestre única, amenazada y en peligro de extinción, tales como el yaguareté, el ciervo de los pantanos, el oso hormiguero, el muitú, la nutria gigante, el pecarí del collar. Sin embargo, ello no ha sido suficiente.

Hoy se necesita una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental que asegure la conservación y el uso ambientalmente respetuoso de los humedales, de acuerdo lo dispone el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional. Los humedales son parte integrante de los ecosistemas naturales que hacen posible la vida en la Tierra y son refugios para la vida silvestre. Amortiguan los impactos de las lluvias, períodos de sequías y almacenan carbono, por lo que son grandes aliados en la lucha contra el cambio climático.

Su degradación es una realidad y lo que está ocurriendo en la provincia de Corrientes es un fiel ejemplo de las consecuencias de lo que puede ocurrir cuando un ecosistema se altera. Por eso la solución es prevenir este tipo de catástrofes. Y una forma es mediante el dictado de un marco regulatorio nacional que fije ciertos presupuestos mínimos de protección de los humedales que deben ser cumplidos y aplicados.

Es importante que a esta altura, como política pública efectivamente se busquen criterios de gestión, preservación, restauración y uso racional y sostenible de los humedales en todo el territorio del país; se proteja el valor y potencial estratégico de los humedales en la mitigación y adaptación al cambio climático; se promueva la creación de áreas protegidas donde haya presencia de humedales; y ante controversias, se resguarden los principios precautorio e in dubio pro natura en favor de la protección y conservación del medio ambiente, como los humedales, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales.

En la actualidad existen muchas otras normas que protegen el medio ambiente en general, como es el caso de diversos convenios internacionales, tal como la Convención Relativa a los Humedales, de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas, firmada en Ramsar el 2 de febrero de 1971. La República Argentina adhirió mediante Leyes N° 23.919 y 25.335, la propia Constitución Nacional y diversas normas nacionales, como pueden ser la Ley de Parques Nacionales N°22.351, la Ley General del Ambiente N°25.675, la Ley N°27.520 sobre presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al Cambio Climático Global, la Ley N°26.331 sobre protección ambiental de bosques nativos, y la Ley N°26.562 de presupuestos mínimos de protección ambiental relativos a las actividades de quema en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir incendios y daños ambientales.

No obstante, hace falta que todas estas normas sean efectivamente cumplidas, y tal como lo ha enfatizado expresamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Majul, Julio Jesús c/Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros s/acción de amparo ambiental”, del 11 de julio de 2019, a esta altura resulta evidente la necesidad de protección de los humedales.

Lamentablemente, el último proyecto de ley de protección humedales perdió recientemente estado parlamentario, por lo que es inminente que nuestros representantes en el Congreso Nacional tomen nota de la catástrofe que se está viviendo hoy en los Esteros del Iberá y, en el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030), sancionen una ley que proteja a este ecosistema tan valioso.

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